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México prohíbe contratos gubernamentales con Odebrecht en los próximos 4 años

La constructora brasileña no podrá participar "en procedimientos de contratación o celebrar contrato alguno" con entidades de la administración pública federal.
Excepciones
Excepciones Los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan formalizados con la empresa no entran en la restricción. (Foto: Shutterstock/Alf Ribeiro)

El gobierno mexicano dijo el lunes que inhabilitó por cuatro años para realizar contratos con dependencias gubernamentales a la constructora brasileña Odebrecht, envuelta en una gigantesca trama internacional de corrupción que ha sacudido los círculos de poder en Latinoamérica.

Odebrecht no podrá participar "en procedimientos de contratación o celebrar contrato alguno" con entidades de la administración pública federal, empresas productivas del Estado ni sus subsidiarias, ni con gobiernos estatales cuando utilicen recursos federales, indicó una disposición de la Secretaría de la Función Pública publicada en el Diario Oficial.

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"Los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan formalizados con la mencionada infractora (Odebrecht), no quedarán comprendidos en la aplicación de la presente Circular", agrega el documento oficial.

nullHasta la fecha, el escándalo de corrupción de Odebrecht solo ha implicado en México al exdirector de la petrolera estatal Pemex, Emilio Lozoya , quien habría recibido al menos 10 millones de dólares en sobornos para favorecer a la empresa en licitaciones de obras públicas, según el testimonio de un exejecutivo de la constructora ante la justicia brasileña.

Lozoya, quien dirigió Pemex entre 2012 y 2016, también es acusado de haber recibido dinero para la campaña del actual presidente mexicano Enrique Peña Nieto, en la cual se desempeñaba como coordinador internacional.

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La Produraduría General de la República investiga actualmente a Lozoya quien se ha declarado inocente de todos los cargos .

Las confesiones de altos ejecutivos de Odebrecht han servido para enjuiciar y hasta llevar a la cárcel a expresidentes y altos funcionarios en países como Brasil, Perú y Colombia.

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