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La compañía afirmó, a través de un comunicado, que la protección por bancarrota era la mejor forma de concluir con su reestructuración de deuda cuando los acreedores buscar incautar los activos comprometidos como garantía para préstamos impagos.
El pedido fue formulado por el Consejo de Administración de ODB (holding que controla las diferentes empresas del grupo) ante la justicia de Sao Paulo.
Además de la controladora ODB, el proceso involucra a una veintena de empresas del grupo, pero deja fuera a sus compañías operacionales, entre ellas la constructora Odebrecht Engenharia y Construçao (OEC), a la petroquímica Braskem, a la filial de azúcar y etanol Atvos Agroindustrial Participacoes, a la petrolera Ocyan, la naviera Enseada, así como a Odebrecht Transport.
Los principales acreedores del conglomerado son los prestamistas estatales Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal y BNDES, así como los privados Banco Bradesco , Itaú Unibanco Holding y Banco Santander Brasil.
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