La cuenta pendiente de llevar internet a todo el país

López Obrador planteó esta idea en caso de que se declare desierta la licitación de los 50,000 kilómetros de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), conocida como Red Troncal.

Y es que esta licitación tendría como principal competidor el proyecto gratuito ‘Internet para Todos’, que sustituye al programa ‘México Conectado’ del sexenio pasado, y que consiste en llevar conexión vía wifi a lugares públicos, como hospitales, escuelas y edificios de gobierno, de forma gratuita.

“La llamada Red Troncal es una red mayorista de gran capacidad, no atiende a usuarios finales. En paralelo, hay otra propuesta de la CFE para dar internet gratis en 380,000 puntos. Si alguien se interesa en participar, tiene el riesgo de competir con la CFE por los derechos de vía. Desde el punto de vista de los inversionistas, si se hace ese proyecto, no habría interés de participar en la Red Troncal”, explica José Luis Peralta, representante legal de Plan A, un consorcio interesado en la licitación.

La licitación de ese proyecto se ha aplazado cuatro veces. “Si no les importa la concesión (a las empresas), si se declara desierta la convocatoria, no descartamos la creación de un organismo del Estado mexicano para garantizar la comunicación”, indicó López Obrador. ¿Sería viable?

Los recursos por explotar

Los especialistas tienen dudas sobre ese plan porque, según aseguran, hay otras alternativas más baratas y fáciles, por ser proyectos en marcha. Una de ellas es Telecomunicaciones de México (Telecomm), un organismo público descentralizado que inició dando servicios telegráficos en 1851, y que hoy también ofrece conectividad vía satélite en zonas geográficas donde los servicios del mercado fallan.

Pero los especialistas en telecomunicaciones recuerdan que desplegar la infraestructura en sitios remotos es muy caro: conlleva el costo del equipo y su instalación, que varía entre 25,000 y 115,000 pesos, dependiendo del tipo de torre y lugar, más el traslado de los técnicos, conseguir los permisos, realizar los trabajos y superar los retos de inseguridad y corrupción de cada localidad.

La creación de un organismo estatal significaría que el gobierno tendría que aportar todo el dinero, sin ver ganancias, ya que su fin es subsidiar el servicio, no cobrarlo. Una estimación de la consultora The Competitive Intelligence Unit (CIU) calcula la tarea de llevar conectividad a zonas que no la tienen en 187,500 millones de pesos.

“El Estado nunca ha tenido la capacidad de operar de manera óptima las empresas, lo hemos visto con Telmex y con Satmex, que terminaron ‘tronando’. (...) Es regresar a las prácticas de gobierno de los 70 que han sido fallidas”, dice Gonzalo Rojon, socio director de The CIU.

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Si Telecomm no es suficiente, está en curso el proyecto de la Red Compartida mayorista, herencia del sexenio de Enrique Peña Nieto. A más de un año de su puesta en operación, acelera su avance de cobertura, aunque aún está concentrada en áreas urbanas. La licitación de este proyecto la ganó en 2016 el consorcio Altán Redes, en una asociación público privada en la que el gobierno aportó la banda de espectro para operar los servicios y el consorcio destinó un presupuesto de 7,000 millones de dólares. Su contrato de despliegue y operación es por 20 años.

El objetivo de la Red Compartida es llevar la conectividad a los servicios móviles de telecomunicaciones a lugares donde empresas como Telcel, Movistar o AT&T no han llegado, con la meta de cubrir con su red móvil en la banda de 700 megahercios (MHz) a 92.2% de la población en el año 2024.

En octubre llegará a una cobertura de 50%, un objetivo que estaba planeado para enero de 2020. “Vamos a cubrir a 56 millones de habitantes. Llegaremos a la cobertura de 56 pueblos mágicos, y 11 millones de personas (del área de cobertura) se encuentran en poblaciones de menos de 10,000 habitantes”, afirma Isabel Prieto, directora corporativa de Altán Redes.

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La ejecutiva destaca que ya hay 39 contratos firmados con empresas del sector, y negociaciones con otros 25 clientes. “Hay negocio donde no hay conectividad. La gente está ávida de tener conectividad, porque cuando llegas con una solución de movilidad o internet fijo, hay mucha demanda”.

Alternativas a la paraestatal

Los especialistas consultados por Expansión consideran que la creación de una nueva paraestatal para llevar conectividad a sitios apartados sería un error. “La reforma de telecomunicaciones buscó generar competencia, pero la ley invita a invertir solamente en áreas de alta competitividad, no genera ningún estímulo para invertir en zonas rurales. Lo primero por hacer es liberar esa capacidad de inversión”, señala Jorge Negrete, presidente de la consultora Digital Policy & Law.

Por ello, varios especialistas piden eliminar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que aplica un costo de 3% adicional al servicio telefónico que se tenga contratado y que, según ellos, frena las inversiones. El 10 de marzo, la senadora Minerva Hernández, del PAN, presentó una iniciativa para suprimirlo, pero no se resolvió durante el periodo ordinario de sesiones y es muy probable que el tema ya no se discuta en el siguiente periodo.

“El cobro del IEPS es contradictorio, porque las telecomunicaciones ya son un derecho que está en la Constitución. Si se quita, veríamos un movimiento en la demanda entre los sectores socioeconómicos más bajos”, estima Rojon.

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Otra opción para incentivar las inversiones es reducir el cobro anual que el gobierno les hace a las empresas por el uso del espectro radioeléctrico, la porción atmosférica por donde viajan las señales de telecomunicaciones móviles. La OCDE y la asociación GSMA –que agrupa a 750 operadores móviles de todo el mundo– señalan que el costo anual por este recurso es muy elevado en México y reducirlo puede ayudar a que los operadores lleven cobertura donde no la hay.

Y es que en México el espectro se cobra de forma ‘híbrida’: los interesados pujan por él en una subasta, y además pagan un monto anual. El precio anual lo determinan la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda, y se calcula en megahercio (MHz) por habitante (pop).

“En México, el espectro tiende a ser más caro que en otros países, porque el Congreso establece tasas que dan un precio MHz-pop muy elevado. El costo de la banda 2.5 GHz es de los más altos en Latinoamérica para procesos comparables”, explica Jesús Romo, analista de Telconomia. Según sus datos, el precio que se pagó en México en la subasta de la banda 2.5 GHz “es casi el doble de lo que salió en Argentina en 2017, y casi el triple para los casos de Colombia y El Salvador”.

Dos alternativas para compensar la reducción del precio anual del espectro provienen de Telefónica. La Asociación Nacional de Telecomunicaciones, de la que la empresa española forma parte, propone que las empresas realicen inversiones en los lugares que el gobierno especifique –incluyendo zonas apartadas– y que este monto se tome en cuenta como descuento al pago por espectro. Otra idea es adelantar el pago del espectro con un descuento, como ocurre con el predial, dice Miguel Calderón, vicepresidente de Asuntos Regulatorios y Públicos de Telefónica México.

Los pequeños operadores, al rescate

La unión de los pequeños también puede hacer la fuerza: es el caso de los operadores privados que trabajan, precisamente, en áreas rurales donde los grandes no llegan porque no les interesa la escala del negocio.

Se trata, por ejemplo, de los 50 empresarios agremiados en la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México (ATIM), que llevan servicios de telefonía, televisión de paga e internet a zonas rurales o pequeñas poblaciones, como Calchihuites, Zacatecas, un municipio con sólo 11,400 habitantes.

Estas compañías ya llegan a 520,000 hogares, que representan 1.5% del total en el país. “El presidente desconoce el universo de empresas locales de telecomunicaciones en México, y el esfuerzo que hacen para llevar productos y servicios a las zonas apartadas, que son pobres, peligrosas, y donde los gobiernos locales –estatales y municipales– son extorsionadores. El presidente debe saber que lo que se necesita para llevar servicios a esas zonas es certidumbre de parte del gobierno y promoción”, destaca Salomón Padilla, vicepresidente de la ATIM.

Padilla agrega que otro problema que enfrentan los pequeños operadores es la falta de acceso a las torres y postes de la CFE, pues si fuera más ágil, los pequeños operadores podrían llevar sus servicios a más lugares donde la conectividad de las telecomunicaciones es escasa o nula, pero donde el servicio eléctrico sí llega.

En un esquema anterior, acceder a las torres y postes de la CFE podía durar un año. Para solucionarlo, se aprobó un nuevo sistema electrónico para solicitar el acceso, pero aún no está habilitado.

Además, existen otros pequeños operadores que trabajan con el espectro de uso libre, es decir, que no requieren una concesión ganada en una licitación. Se conocen como proveedores de servicios de internet inalámbrico (WISP, por sus siglas en inglés), y también llegan a sitios apartados donde instalan sus propias torres y equipo, y brindan internet a través de módems que se conectan a la corriente eléctrica.

“Los WISP han sido una opción viable para la conectividad. Muchos operadores WISP son pymes y mipymes que operan con recursos propios, como concesionarios comerciales para prestar el servicio de internet en localidades que están alejadas de las zonas urbanas del país”, dice Rolando Guevara, presidente del comité legal y de relaciones con gobierno de la Asociación de Proveedores de Internet Inalámbrico.

Hasta el final

Si, finalmente, el ejecutivo federal descarta estas opciones y crea la empresa estatal, los analistas advierten un riesgo. “Tendrá un costo importante, no va a ser rentable, pero, al final de cuentas, conectar al país también es una política pública importante”, dice Miguel Flores Bernés, especialista en competencia económica en telecomunicaciones.

Gabriel Contreras, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el regulador del sector, apoya la idea de la paraestatal si el ejecutivo federal no ve otra opción. “Esa figura ya está prevista en la ley, que las redes mayoristas del Estado puedan prestar servicios minoristas en aquellos lugares adonde no lleguen otros proveedores”, comentó en un evento.

La intención es buena, pero la ejecución no sería sencilla. “Antes de hacer la empresa, hay que saber para dónde vamos, cuál es el proyecto rector en materia de cobertura universal”, advierte Negrete.