La venta de autos a nivel nacional atraviesa por una crisis que va por su tercer año consecutivo en caídas, pero en la frontera norte la historia es otra. Ciudades como Reynosa y Nuevo Laredo, en Tamaulipas, muestran crecimientos en sus ventas a doble dígito, de 27.4% y 11.7%, respectivamente, mientras que la industria nacional espera una caída de hasta 9%. ¿Qué explica esto? La respuesta radica en los estímulos fiscales.
El 31 de diciembre de 2018, el programa de estímulos fiscales para la región fronteriza norte entró en vigor para 43 municipios colindantes con Estados Unidos, ofreciendo beneficios como la reducción en una tercera parte del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y de 50% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), con lo cual este cobro pasa de una tasa de 16% a 8%.
Estas modificaciones han impulsado las ventas en la franja fronteriza, refiere Alicia Cabrera, presidenta de la Unión de Concesionarios de Automóviles Nuevos (UCAN), aun en una industria y una región que afronta la creciente importación ilegal de vehículos provenientes de Estados Unidos, también conocidos como autos ‘chocolate’.
Según datos de la UCAN, varias de las ciudades que forman parte del programa implementado por el Servicio de Administración Tributaria muestran dinamismos que resultan envidiables para la industria a nivel nacional, con variaciones positivas en la mayoría de los casos.
Juan Manuel Franco Gallardo, integrante de la comisión fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, explica que los concesionarios pueden colocar unidades con tasas de IVA de 8% siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos, como que los establecimientos tengan su domicilio fiscal en la región con una antigedad no menor a 18 meses a la entrada en vigor del decreto, aplicable a personas físicas y morales.
Manuel Valencia, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), señala que este estímulo puede beneficiar principalmente a las personas físicas, debido a que las figuras morales ya cuentan con un esquema para deducir el impuesto en la adquisición de vehículos.
La presidenta de la UCAN refiere que esta medida también ha servido para contrarrestar en cierta medida la importación de vehículos provenientes del otro lado de la frontera, considerada por la industria como una amenaza, tanto de manera legal como ilegal. Según la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), en 2018 la importación legal aumentó 12.6% respecto al año previo, y aunque no hay una cifra a nivel nacional respecto a los autos ‘chocolate’, casos como el de Baja California preocupan al sector.
“En Baja California sigue creciendo el número de unidades que andan circulando ilegalmente, porque no hay un control. Hubo un censo que hizo el gobierno del estado que, cerrando números, se registraron como 140,000 unidades en Baja California. El año anterior era un poco menos”, dice Cabrera.
¿Será sostenible?
Aunque el decreto de estímulos fiscales tiene una vigencia de dos años (es decir, para los ejercicios de 2019 y 2020), Hacienda ha expresado su intención de que pueda extenderse a todo el sexenio, pero ante un escenario donde el SAT está recaudando cada vez menos, la pregunta es si será sostenible.
El especialista del Colegio de Contadores considera que esta medida puede persistir más allá del tiempo decretado ya que es difícil que los contribuyentes en la frontera norte puedan cumplir con todos los requisitos,
Con ello coincide Valencia, quien apunta a que los requisitos de las autoridades recaudadoras podrían mitigar el efecto de los estímulos, aunque reconoce que es una medida necesaria. “También el contribuyente es abusivo; imagino a alguien que le pide a su compadre que le compre el auto porque también son laxas las leyes en el cambio de propietario. El problema es el sistema tan chueco y corrupto que tenemos, todo el mundo sabe que se pueden sacar placas de otros estados”, agrega.
Para la presidenta de la Unión de Concesionarios también existe una amenaza de que se emita una actualización del decreto de importación de vehículos usados, donde se establecen los valores de referencia para importar unidades según su año y origen, y que indican el impuesto que se debe pagar en función de ello.
El decreto –para el que se decretó una prórroga en marzo de este año– debería venir acompañado de una iniciativa para tener un mayor control en las aduanas de la franja fronteriza, opina Cabrera. “Ahorita lo que todas las dependencias argumentan es que es por falta de personal, pero nunca han hecho nada al respecto. Eso sería un tope a que ya no entren tantos vehículos que no tengan papeles en regla”, sostiene.