A principios de este año, los funcionarios presentaron una denuncia penal ante fiscales federales sobre la estrategia que la unidad mexicana de Walmart usó para minimizar sus ganancias por la venta en 2013 de una cadena de restaurantes, según tres personas familiarizadas con el asunto que solicitaron el anonimato, ya que los asuntos fiscales están protegidos por las leyes de privacidad.
El acuerdo, anunciado el mes pasado, fue el más grande en la historia reciente, según media docena de expertos en impuestos, y marcó un momento decisivo en la batalla del presidente Andrés Manuel López Obrador para poner fin a la evasión fiscal generalizada en México desde que asumió el cargo a fines de 2018. También reduce la probabilidad de que el minorista más grande del mundo se enfrente a un mayor enjuiciamiento por cuestiones fiscales.
El acuerdo ha suscitado preocupación de directores financieros y auditores, que temen que el gobierno pueda usar las amenazas de enjuiciamiento y vergüenza pública contra ellos, y muchos se apresuran a resolver disputas fiscales, dijeron las personas.
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Solo unos días después de que se anunciara el acuerdo de Walmart, la embotelladora de Coca-Cola y operadora de tiendas Fomento Económico Mexicano (Femsa), dijo que pagaría un acuerdo aún mayor de 8,800 millones de pesos (mdp) para evitar ir a la corte. Durante el fin de semana, López Obrador dijo que International Business Machines (IBM) acordó pagar 669 mdp.
El pago de Walmart equivale a poco más de 1% de los ingresos anuales de la compañía a 2019. El acuerdo de Femsa representa menos de 2% de sus ingresos de 2019.