El grupo de electricidad de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial tiene registrados 172 amparos interpuestos por la iniciativa privada en contra de las medidas que el gobierno ha ejercido en la materia.
Las empresas de renovables ya han presentado 172 amparos en materia energética
Los certificados de energía limpia, la política de confiabilidad y las tarifas de porteo son los temas por lo que han recurrido a los tribunales.
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Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, aseguró que son tres los deferendos que se han llevado a tribunales y donde se han presentado amparos por acciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE): Certificados de Energía Limpia (CELs), la política de confiabilidad y aumento en las tarifas de porteo.
"Todos los jueces que han recibido la petición de un amparo contra el acto de la autoridad, en este caso de la CRE o de la CFE, le han dado la razón al privado. No es porque estén a su favor, sino que parece que la razón se le da a la visión de los privados", comentó en conferencia de prensa virtual.
Según datos del CCE se han interpuesto 172 solicitudes de amparo, de los cuales 33 fueron contra los CELs, 72 por la política de confiabilidad, 20 por aumento en tarifas de porteo y 47 en contra del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).
Respecto al plan de inversión en infraestructura energética, que representaba un paquete de inversión por más de 30,000 millones de dólares, aseguró que todavía sigue sin respuesta. Además de que las peticiones de la CFE ante la CRE ha provocado un stand by en inversiones en energía.
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"Se conoció el caso de Iberdrola, que detuvo su inversión en Tuxpan por 1,200 millones de dólares . Pensar que la CFE va a sustituir esa inversión es pensar que habrá suficientes recursos públicos para hacerlo, aunque hasta el día de hoy parecen no estarán disponibles", dijo.
Salazar Lomelín reiteró su llamado para evitar la modificación de leyes o reglamentos sin certeza, que afecta a las inversiones, ya que terminan generándose disputas en el sistema judicial, como sucede ahora con el tema eléctrico. "Mientras no haya certeza en nuestra forma de aplicar leyes y reglamentos no podemos creer que un inversionistas va a arriesgar su dinero cuando las reglas de juego y de cómo se implementa la inversión pueden cambiar", puntualizó.
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