Las tensiones en el sector energético por la disputa entre el gobierno y las empresas privadas ha escalado desde el año pasado tras una serie de cambios y decisiones que han afectado tanto firmas en el sector de hidrocarburos como el eléctrico.
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Las empresas extranjeras han acudido a sus embajadas para pedir el apoyo de sus gobiernos para entablar un diálogo con la administración, en específico con Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener), ante una serie de medidas que a su juicio suponen una afectación a las inversiones realizadas en el país.
Pero la brecha entre el sector privado y el gobierno se ha ampliado con los meses, y dos asociaciones de firmas energéticas estadounidenses han pedido al gobierno de Donald Trump su intervención ante estos giros en la política pública del sector.
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“La industria energética no es el único sector que está considerando al T-MEC como posible salvador (…), diario tengo conversaciones para decir cómo se pueden proteger”, afirma Duncan Wood, director del Instituto México en el Centro Woodrow Wilson, con sede en Washington.
El Instituto Americano del Petróleo (API) y la asociación Americana de Manufactura de Combustibles y Petroquímicos (AFPM) enviaron cartas a la administración de Trump este mes, acusando de cambios en las reglas en el sector energético mexicano que los ponen en desventaja y que buscan favorecer a la petrolera estatal Pemex.
“Estas acciones son discriminatorias contra miembros de API que, además, pueden contravenir los compromisos de México en el Tratado Nacional de protección de inversiones, dentro de los capítulos de Inversiones tanto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLACN) y el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”, dijo Michael Sommers, director general del Instituto, en una carta dirigida a funcionarios del gobierno de Donald Trump fechada el 11 de junio.
AFPM también se refirió a la entrada en vigor del tratado, y que las acciones del gobierno pudieran violar algunos de sus capítulos.
“Con la entrada del T-MEC obviamente habrá que sujetarse a él (…) y lo que dicen las empresas es que tienen bases para afrontar y ganar un arbitraje contra México”, afirma Lucía Ojeda, socia de la firma legal SAI Derecho y Economía.