Las inversiones energéticas de EU en México ven en el T-MEC su última defensa

Las tensiones en el sector energético por la disputa entre el gobierno y las empresas privadas ha escalado desde el año pasado tras una serie de cambios y decisiones que han afectado tanto firmas en el sector de hidrocarburos como el eléctrico.

Lee: El embajador de EU en México ve efectos “negativos” por los cambios en energía

Las empresas extranjeras han acudido a sus embajadas para pedir el apoyo de sus gobiernos para entablar un diálogo con la administración, en específico con Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener), ante una serie de medidas que a su juicio suponen una afectación a las inversiones realizadas en el país.

Pero la brecha entre el sector privado y el gobierno se ha ampliado con los meses, y dos asociaciones de firmas energéticas estadounidenses han pedido al gobierno de Donald Trump su intervención ante estos giros en la política pública del sector.

Lee: El ocaso de los reguladores energéticos da vía libre a Pemex y CFE

“La industria energética no es el único sector que está considerando al T-MEC como posible salvador (…), diario tengo conversaciones para decir cómo se pueden proteger”, afirma Duncan Wood, director del Instituto México en el Centro Woodrow Wilson, con sede en Washington.

El Instituto Americano del Petróleo (API) y la asociación Americana de Manufactura de Combustibles y Petroquímicos (AFPM) enviaron cartas a la administración de Trump este mes, acusando de cambios en las reglas en el sector energético mexicano que los ponen en desventaja y que buscan favorecer a la petrolera estatal Pemex.

“Estas acciones son discriminatorias contra miembros de API que, además, pueden contravenir los compromisos de México en el Tratado Nacional de protección de inversiones, dentro de los capítulos de Inversiones tanto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLACN) y el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”, dijo Michael Sommers, director general del Instituto, en una carta dirigida a funcionarios del gobierno de Donald Trump fechada el 11 de junio.

AFPM también se refirió a la entrada en vigor del tratado, y que las acciones del gobierno pudieran violar algunos de sus capítulos.

“Con la entrada del T-MEC obviamente habrá que sujetarse a él (…) y lo que dicen las empresas es que tienen bases para afrontar y ganar un arbitraje contra México”, afirma Lucía Ojeda, socia de la firma legal SAI Derecho y Economía.

Las empresas de Estados Unidos pueden ver a las acciones tomadas por el gobierno de López Obrador como una serie de medidas que al final pueden equipararse a una expropiación, y así iniciar un arbitraje para buscar resarcir esos daños, agrega la especialista. “Es un proceso largo y costoso, pero si al final ven un daño significativo en sus inversiones, las empresas van a acudir al arbitraje”, considera.

Las empresas estadounidenses también apuestan a que, si bien no pueda darse una intervención directa del presidente Trump, sí puede haberla del representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dice Duncan Wood.

“Es un abogado especializado en comercio internacional, ha sido procurador de varios casos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y ha tenido mucho éxito. A él le gusta este tipo de pelea”, afirma el especialista.

API y AFPM señalaron temas como los cambios a la política de almacenamiento de petrolíferos, el retraso de permisos en la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la eliminación de regulaciones para sujetar el poder de mercado de Pemex.

Lee: Las ventas de crudo y derivados de Pemex se desploman más de 60% en mayo

Las denuncias se unen a otras realizadas por Canadá en mayo donde acusaba de cambios en la política en materia eléctrica, con modificaciones al otorgamiento de Certificados de Energías Limpias, y el frenos para el inicio de operaciones de centrales renovables, aunque en esa ocasión, la embajada no se pronunció acerca del T-MEC.

La administración de López Obrador ha apostado por reforzar la posición de los exmonopolios estatales de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y algunas de estas acciones han derivado de disputas que han llegado a los tribunales mexicanos.