El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Greenpeace obtuvieron la suspensión definitiva contra el Acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y la Política de Confiabilidad de la Secretaría de Energía (Sener), en materia de generación de energía eléctrica, que modificaban las reglas de juego para el sector de las renovables.
Greenpeace y CEMDA obtienen la suspensión definitiva contra el acuerdo de Sener
El fallo a favor de las entidades se da porque las modificaciones realizadas por la Secretaría de Energía carecen de justificación técnica y tienen implicaciones en la salud y el medio ambiente.
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El fallo a favor de las entidades ambientalistas, otorgado por Rodrigo de la Peza López Figueroa, juez primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, se da porque las modificaciones realizadas por el Cenace y la Sener carecen de justificación técnica, además tienen implicaciones muy severas en cuestiones de salud y emisiones de gases de efecto invernadero.
De acuerdo con el CEMDA, las modificaciones realizadas por la Sener y el Cenace abren la oportunidad de poner en marcha plantas de generación eléctricas a base de combustóleo (combustible residual de los procesos de refinación de petróleo), las cuales estaban en desuso y programarlas para ser retiradas del sistema eléctrico debido a su ineficiencia, altos costos económicos, de salud, ambientales y por sus emisiones de gases efecto invernadero.
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“Constituyen un retroceso en los pasos que México ha dado para avanzar hacia la promoción de las energías renovables en el país y, con ello, contribuir a tener un medio ambiente sano”, mencionó Anaid Velasco, coordinadora de Investigación del CEMDA.
“Sabemos que las emisiones provenientes de la quema de combustibles fósiles contribuyen al cambio climático y tienen consecuencias negativas sobre la calidad del aire y por lo tanto en la salud de las personas”, agregó la especialista.
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Con este fallo a favor de las entidades ambientalistas será posible avanzar en los proyectos de energía renovable que ya habían sido autorizados.
“Esta batalla judicial pretende impulsar la democratización de la energía eléctrica en nuestro país, garantizar el derecho humano a energías renovables asequibles y accesibles para toda la población”, dijo María Colín, especialista en derecho ambiental de Greenpeace México.
Esto permitirá la realización de proyectos comunitarios de generación distribuida que ayuden a abatir la pobreza energética que se vive en los hogares del país, agregó la especialista.
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