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La administración de Andrés Manuel López Obrador ha prometido defender sus decisiones al considerar que son por el interés público, a pesar que algunas de las resoluciones hasta el momento por parte de jueces y magistrados muestran que estas acciones pueden generar daño.
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El Poder Judicial ha mostrado así una primera deferencia hacia los argumentos no solo de las empresas afectadas, sino de grupos de la sociedad civil que han visto en estas modificaciones una violación a derechos fundamentales, coincidieron expertos legales en el sector.
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Las empresas y otros actores han presentado al menos 175 amparos en contra de cuatro decisiones que involucran a la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), según un recuento realizado por la Consejo Coordinador Empresarial (CCE). De ellos, 150 siguen en proceso, con 35 relacionados a las modificaciones a las reglas para el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias (CEL), 41 contra el acuerdo del CENACE para frenar la entrada de nuevas centrales renovables del 29 de abril de este año, 58 contra la política de confiabilidad del sistema eléctrico , y 16 respecto a las tarifas de porteo modificadas por la CRE y aplicadas por la CFE.
Los jueces y tribunales especializados en materia económica y de telecomunicaciones han aceptado el trámite de la mayoría de estos amparos, además de suspender las acciones que puede realizar el gobierno en los primeros tres casos.
“En un principio el papel ha jugado el Poder Judicial es bueno, porque sirven un como contrapeso (…) esto no ha sido fácil al no haber muchos precedentes, lo que implica una tarea titánica para meterse en este tipo de materias”, dice Bernardo Cortés, asociado senior de la firma de abogados Dentons, López Velarde.
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Los juzgados han considerado que los casos le competen, derivado a que se vulneran principios como la libertad de competencia y derechos económicos, tomando así su experiencia en la rama del Derecho de Competencia Económica. Pero han ido más allá y, en los casos de los acuerdos de Sener y Cenace, han apoyado su revisión de manera urgente, porque ambos instrumentos se anunciaron durante el periodo de contingencia sanitaria, lo que no ha sucedido con los casos relacionados a las tarifas de proteo, o una serie de amparos que no se han admitido respecto a la política de almacenamiento de petrolíferos.