El Poder Judicial, un dique de contención frente a la ola de cambios en energía

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La administración de Andrés Manuel López Obrador ha prometido defender sus decisiones al considerar que son por el interés público, a pesar que algunas de las resoluciones hasta el momento por parte de jueces y magistrados muestran que estas acciones pueden generar daño.

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El Poder Judicial ha mostrado así una primera deferencia hacia los argumentos no solo de las empresas afectadas, sino de grupos de la sociedad civil que han visto en estas modificaciones una violación a derechos fundamentales, coincidieron expertos legales en el sector.

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Las empresas y otros actores han presentado al menos 175 amparos en contra de cuatro decisiones que involucran a la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), según un recuento realizado por la Consejo Coordinador Empresarial (CCE). De ellos, 150 siguen en proceso, con 35 relacionados a las modificaciones a las reglas para el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias (CEL), 41 contra el acuerdo del CENACE para frenar la entrada de nuevas centrales renovables del 29 de abril de este año, 58 contra la política de confiabilidad del sistema eléctrico , y 16 respecto a las tarifas de porteo modificadas por la CRE y aplicadas por la CFE.

Los jueces y tribunales especializados en materia económica y de telecomunicaciones han aceptado el trámite de la mayoría de estos amparos, además de suspender las acciones que puede realizar el gobierno en los primeros tres casos.

“En un principio el papel ha jugado el Poder Judicial es bueno, porque sirven un como contrapeso (…) esto no ha sido fácil al no haber muchos precedentes, lo que implica una tarea titánica para meterse en este tipo de materias”, dice Bernardo Cortés, asociado senior de la firma de abogados Dentons, López Velarde.

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Los juzgados han considerado que los casos le competen, derivado a que se vulneran principios como la libertad de competencia y derechos económicos, tomando así su experiencia en la rama del Derecho de Competencia Económica. Pero han ido más allá y, en los casos de los acuerdos de Sener y Cenace, han apoyado su revisión de manera urgente, porque ambos instrumentos se anunciaron durante el periodo de contingencia sanitaria, lo que no ha sucedido con los casos relacionados a las tarifas de proteo, o una serie de amparos que no se han admitido respecto a la política de almacenamiento de petrolíferos.

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“En el caso de los amparos contra la tarifa de porteo vieron que era más por un tema patrimonial, y creo que ahí es válido su argumentación”, dice Cortés. En cuanto a no considerar urgente el tema del almacenamiento, considera que sí existe la posibilidad de que los afectados pidan a los tribunales especializados, que son los superiores de los juzgados, revisar el tema a través de un recurso de queja, pues esta disposición entra en vigor a partir de este miércoles.

El Poder Judicial también ha frenado la aplicación de las modificaciones en cuanto a los Certificados de Energías Limpias, una resolución de 2019, y contra los acuerdos de Cenace y Sener de este año.

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“Se ha planteado ante los jueces que las actuaciones han afectado tanto los derechos de los participantes del mercado eléctrico, como de la colectividad”, dice Daniel Salomón, asociado de la firma de abogados González Calvillo.

Los juzgados han otorgado suspensiones definitivas contra los acuerdos de Sener y Cenace a las organizaciones Derecho Colectivo y Greenpeace, aceptando sus primeros argumentos de que ambos acuerdos, de aplicarse, podían causar daños irreparables a la sociedad en derechos fundamentales como un medioambiente sano y la libre concurrencia y competencia económica.

“También existen indicios suficientes para suponer que los acuerdos reclamados afectan la libre concurrencia y competencia económica del sector eléctrico, en perjuicio de los usuarios finales. Al limitar la participación de nuevas empresas en el mercado eléctrico mayorista, así como la operación de centrales eólicas y fotovoltaicas ya existentes, evitan que se den las condiciones necesarias para que se mejore la calidad del servicio de suministro básico y se reduzcan las tarifas que deben pagar por dicho servicio”, dijo el juez primero de distrito al otorgar la primera suspensión contra estos acuerdos, promovida por Derecho Colectivo, en una decisión del 10 de junio.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha otorgado una suspensión en contra de la política de confiabilidad de Sener, a través de la entrada a trámite de una controversia constitucional interpuesta por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Los tribunales ya han respaldado algunas de las decisiones de los juzgados, como en el caso de los CEL, donde han coincidido en otorgar la suspensión definitiva en contra de este acuerdo.

“De la lectura del artículo 68 de la Ley de Transición Energética, se advierte que además de contar con el objetivo de fomentar el crecimiento de energías limpias, los certificados de energías limpias tienen como propósito mantener la igualdad de competencia, ya que se busca cumplir con el objetivo de la reforma energética de que la venta de energía eléctrica no se vea monopolizada por la Federación a través de la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, fomentar el crecimiento de proyectos alternos que pudiesen otorgar opciones en el consumo de electricidad”, dijo el segundo tribunal especializado en una resolución publicada esta semana, donde ratificó la suspensión en uno de estos amparos, bajo el expediente 51/2020 de un incidente de revisión.

Las empresas, asociaciones y embajadas de varios países han criticado los cambios emprendidos por esta administración , y además de acudir a tribunales nacionales, han dejado ver que pudieran interponer arbitrajes internacionales contra el Estado mexicano; además de advertir que esto ha creado incertidumbre para seguir invirtiendo en el país.