El cambio en las reglas al sector eléctrico propuesto por el gobierno está en los tribunales. Tanto el órgano antimonopolio (la Comisión Federal de Competencia, la Cofece) como el estado de Tamaulipas han interpuesto controversias constitucionales, además de que varias empresas han presentado amparos. Pero, mientras tanto, varios proyectos están detenidos, en el mejor de los casos, y prácticamente cancelados, en otros.
La nueva política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) impulsada por la Secretaría de Energía (Sener) , y el acuerdo para frenar la instalación de capacidad renovable del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) han creado, sobre todo, incertidumbre y falta de confianza por parte de los inversionistas en el país.
“México está perdiendo el auge en la inversión que se tuvo porque (las empresas) no ven certidumbre de que sus proyectos vayan a salir adelante. Retrasó el inicio de operaciones de algunas plantas que estaban en la fase preoperativa y estos retrasos incrementan el costo para la industria. Perdemos empleos que se pudieran generar en el futuro, así como inversiones”, señaló Jorge Gorozpe Velázquez, director de Fomento Energético de Nuevo León, durante el Encuentro Expansión enfocado en las agencias estatales de energía y su papel en el desarrollo nacional.
Por eso, señaló Rodrigo Osorio Díaz, director de la Agencia Estatal de Energía de Puebla, que comenzó a operar a finales de año pasado, la expectativa es que estos cambios no lleguen a convertirse en ley. El estado tiene siete proyectos fotolvoltaicos y eólicos, además de líneas de transmisión. “Hemos intentado ver que estos proyectos tengan servicios conexos, que tengan sistemas para reducir la intermitencia, y que se puedan complementar proyectos, por ejemplo, con ciclos combinados, para encontrar un modelo que atraiga inversión y que cause un beneficio real al sistema eléctrico”, afirmó. La nueva política trajo inestabilidad a estos planes.
Sonora, uno de los pocos estados que cuentan con una ley de fomento a las energías renovables y la eficiencia energética, también ha registrado retrasos en los proyectos, pero derivados del cierre de instituciones e industrias para evitar contagios por la pandemia de coronavirus. El estado tiene 13 proyectos, a raíz de las subastas que creó la reforma energética, que no han sido afectados por los cambios pero, ante la incertidumbre, el gobierno estatal empieza a ver nuevos planes, dijo Jesús Iván Arredondo Perera, director general de la Comisión de Energía de Sonora.
“Por ejemplo, trabajar más con la generación distribuida, con los microempresarios. Hemos creado ya el clúster de energía en Sonora y eso ayudará a las pymes para que puedan crecer y también se han sumado las empresas grandes. El clúster hace la triple hélice: une a gobierno, empresas y la academia. Hacemos innovación y tecnología y tratamos de ver dónde podemos enfocar a los microempresarios para que empiecen a desarrollar o vender su energía”, señaló.
Donde sí ya se han cancelado proyectos es en Tamaulipas, que tiene 11 parques eólicos en operación y cuatro en construcción y donde en los últimos cuatro años han iniciado operaciones 10 de ellos. “Tenemos una capacidad ahora de 1,477 MW, que son 2,359 millones de dólares (mdd) en operación, y capacidad autoridad de 548 MW en construcción, que supone una inversión de 709 mdd. Algunos, ya teniendo los permisos y habiendo ejercido inversión, han tenido que detener sus proyectos. Uno ha cancelado una inversión de 500 mdd”, afirmó María Antonieta Gómez López, comisionada de Energía del estado.
Otro proyecto más está detenido en espera del rumbo que tome la política energética y tres han presentado amparos para poder continuar. “De estos tres, la inversión es de 523 mdd. Y un parque eólico en construcción genera entre 400 y 700 empleos en ese periodo”, explicó la funcionaria.
Pero la afectación no se queda solo en la inversión, aseguró Adrián Fernández Bremauntz, director ejecutivo de Iniciativa Climática de México, una organización civil sin fines de lucro, que participó en la elaboración de la Ley General de Cambio Climático, legislación que contribuyó a establecer las metas de energías limpias a las que se comprometía el país. “El cambio de política de Sener y del Cenace va a afectar a las leyes vigentes en México y, además, estas metas de transición energética no se van a cumplir. Hay violación de leyes nacionales y México puede convertirse en el primer país del G20 que pudiera demostrar ya que no va a cumplir sus compromisos del Acuerdo de París”, advirtió.
Actualmente, esta meta está establecida en una reducción de 22% de las emisiones para 2030. Fernández Bremauntz apuntó que mientras otros países están revisando sus objetivos para ser más estrictos, México ni siquiera cumplirá el inicial.
Por lo pronto, y ante la apuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de incluso impulsar una nueva reforma energética , la controversia constitucional contra la política energética sigue adelante. Gómez López explicó que fue admitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se encuentra en trámite. La previsión es que pueda resolverse a finales de este año. El gobierno del estado argumenta que implica afectación al derecho humano de medio ambiente sano, que desconoce los tratados internacionales e impacta en las acciones y programas de la administración estatal bajo la reforma constitucional de 2013.
“Lo mas grave, en opinión de muchos de nosotros, es que es un suicidio económico”, advirtió Fernández Bremauntz. “Un problema de fondo es que la política enérgica actual desconoce que hay una transición energética en el mundo. Estamos viendo una proceso de electromovilidad y electrificación de lo que hacemos y esto no para los próximos 25 años, es para los próximos cinco. Las inversiones en combustibles fósiles se nos van a quedar varadas”.
