Grupo PRISA recibió una notificación de Luis Cervantes, abogado contratado por el Corporativo Coral, en la que manifiesta que un juez le ha concedido a la empresa de la familia Alemán ciertas medidas cautelares, de las que el conglomerado de medios de comunicación en España e Hispanoamérica afirma desconocer.
¿Un conflicto de accionistas o político?
Para Raúl Trejo Delabre, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), esta situación va más allá de los negocios por dos situaciones.
La primera tiene que ver con Carlos Cabal, socio de Miguel Magnani, que en 1994 tuvo una acusación de fraude en su banco Cremi-Unión, pero que fue exonerado de todos los cargos.
“El banquero ahora que regresa a la vida pública ha estado interesado en hacer negocios con el gobierno. Hace unos meses se le había adjudicado la venta de los cajeros del Banco de Bienestar, un proyecto del presidente López Obrador. Pero un par de semanas atrás se dijo que no sería su empresa quien los administraría”, detalla el investigador.
La otra situación es que en W Radio está el noticiero que conduce el periodista Carlos Loret de Mola, quien hace una semana dio a conocer un video en el que Pío López Obrador, hermano del presidente de México, recibió dinero para reforzar la operación de Morena en Chiapas.
“Por muchas razones, y ésta es la más reciente, el periodista se ha ganado la enemistad del presidente (…) Suena como una coincidencia muy significativa el hecho de que el inversionista que hace posible la compra de Radiópolis, un aparente aliado del gobierno, y de que toman posesión de las instalaciones, lo que podría poner en riesgo los noticieros de la empresa”, agrega.