Casi 30 celulares esperaban fuera de uno de los salones de Palacio Nacional. La regla rigurosa era atravesar la puerta sin ellos. Dentro, entre 25 y 30 personas, los funcionarios a cargo de la política energética del país, mantuvieron una de las reuniones clave que marcará el rumbo de uno de los sectores más importantes dentro de la economía nacional.
Crónica de un fin anunciado: así ha detenido el gobierno la reforma energética
Andrés Manuel López Obrador ha marcado los pasos para que Pemex y CFE vuelvan a tener el control monopólico del sector energético en el país.
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El encuentro, el pasado martes, juntó a los actores más importantes en la toma de decisiones: el presidente Andrés Manuel López Obrador, los titulares de los reguladores del mercado, el jefe de la oficina de la presidencia Alfonso Romo, los dos directores de las dos compañías energéticas nacionales (Octavio Romero Oropeza, de Pemex, y Manuel Bartlett, de CFE) y a Rocío Nahle, la máxima responsable de la política energética. El gran ausente fue Arturo Herrera, secretario de Hacienda, de acuerdo con el relato de asistentes.
Si bien la reunión fue clave, el futuro de la reforma energética ya había sido definido. La legislación, que abrió por primera vez el sector energético a la inversión privada, ha sido declarada como el principal obstáculo de uno de los objetivos claves del actual gobierno: el fortalecimiento de Pemex y la CFE.
La conclusión de la reunión del martes fue beneficiar a las dos empresas bajo el marco jurídico actual y confirmar la posibilidad de presentar una contrarreforma el año próximo. Sin embargo, el freno de la reforma ya se ha anclado con hechos constantes que comenzaron desde la primera semana en que López Obrador se convirtió en presidente.
“No obstante que a la reforma en cuanto a lo legal, no en lo regulatorio, no se le ha modificado ni una coma, sí está suspendida en su ejecución, tenemos un regulador y a un policy maker, la Secretaría de Energía, coptados por una ideología. No hay cambios legislativos, pero es un hecho que está abrogada de facto”, dice Bernardo Cortés, abogado especializado en energía del despacho Dentons López Velarde.
La primera acción contraria a lo establecido en la reforma se llevó a cabo sólo unos días después del inicio del primer gobierno autodenominado de izquierda. El 8 de diciembre de 2018, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) oficializó la cancelación de las rondas petroleras, calificadas por miembros del sector como la columna vertebral de la reforma.
El argumento de la cancelación fue los bajos resultados, a juicio de la administración actual, que hasta ese momento habían presentado las compañías ganadoras de los contratos.
En enero de 2019 y también como parte de sus primeras acciones, el gobierno federal decidió cancelar dos megaproyectos que representaban inversiones de cerca de 3,000 millones de dólares: dos líneas de transmisión que conectarían al Istmo de Tehuantepec con el centro y a la península de Baja California con el resto del país.
En febrero, y pese a la intervención de cúpulas empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) confirmó la cancelación de la cuarta subasta eléctrica, un mecanismo por el cual compañías privadas se adjudicaban contratos para vender electricidad a la CFE.
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“El trayecto que llevamos, ya de un tercio del sexenio, nos refleja mucho de las promesas de campaña; desde un principio (el presidente) prometió revertir la reforma”, dice Ana Lilia Moreno, investigadora de México Evalúa.
En junio la CNH anunció la cancelación de otra de las medidas principales de la reforma: los farm outs o asociaciones estratégicas que permitían a Pemex colaborar con otras compañías sin perder la titularidad de los campos.
También en junio del año pasado Manuel Bartlett, director de la CFE, anunció el inicio de un proceso que marcaría la relación entre compañías privadas y el gobierno federal: la renegociación de contratos y el inicio de procesos de arbitraje internacional relacionados con la adjudicación de seis gasoductos a compañías como IEnova, TC Energía –antes TransCanada–, Fermaca y Grupo Carso.
La renegociación, que llegó a su final sólo dos meses después , en agosto, sentó un precedente en la confianza de los inversionistas, ya mermada por la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.
Hasta ese momento la industria petrolera era la más afectada. Pero a partir de octubre pasado, el gobierno federal comenzó una serie de cambios en el sector eléctrico que han desembocado en una ola de amparos y de controversias ante juzgados y la Suprema Corte de Justicia y que incluso ha ameritado la incursión de la Comisión Federal de Competencia .
En ese mes, la Secretaría de Energía publicó un acuerdo para modificar los lineamientos para la emisión de Certificados de Energías Limpias (CEL) para que la CFE obtenga estos instrumentos a través de sus centrales construidas antes de 2014. Hasta ese momento, estos certificados eran exclusivos para nuevas plantas renovables construidas después de la reforma y pretendían ser una herramienta para incentivar la construcción de infraestructura para la generación de energía limpia.
Hasta ahora, este acuerdo no ha podido entrar en vigor debido a una serie de amparos interpuestos por compañías privadas y que están en espera de ser resueltos.
“Las acciones del gobierno no le han puesto marcha atrás a la reforma de manera legal, lo que han hecho es que la han detenido; detuvieron la intención de muchas empresas de comenzar y seguir con proyectos”, explica Daniel Salomón, abogado del despacho jurídico González Calvillo.
Pero el golpe más fuerte hacia los participantes privados del mercado eléctrico vino después, una vez declarada la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.
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En abril, el Cenace publicó un acuerdo que, entre otras cosas, suspendía las pruebas críticas para la entrada en operación de nuevas centrales eólicas y solares propiedad de compañías privadas. También en mayo, la Sener emitió una nueva política eléctrica para salvaguardar la seguridad del sistema eléctrico nacional, que contiene acciones como un cambio en el orden de despacho de la electricidad, extiende las facultades tanto de la CFE como del Cenace y marca un cerco a las energías renovables.
En julio, la Sener publicó el Programa Sectorial de Energía, que marcaba principalmente dos intenciones dentro del sector: la alineación de los órganos reguladores y delinear una serie de acciones para aumentar el uso de combustibles fósiles, como combustóleo.
Ninguna de estas acciones ha podido ejecutarse. Compañías privadas y organizaciones han logrado detener mediante acciones legales la puesta en marcha de las medidas, bajo argumentos como la violación al derecho a un medio ambiente sano y a la competencia, ambos marcados en la Constitución.
“Bajo esta administración estamos en un fenómeno muy curioso, a partir (de la modificación) a los CELs las decisiones que ha querido tomar la autoridad se han ido a amparos y no han podido ejecutarse”, dice Salomón.
En junio, la CRE también aprobó un aumento en las tarifas de transmisión que las centrales de autoabasto, construidas antes de la reforma energética, pagan a la CFE como parte de un pliego petitorio entregado por Bartlett a los reguladores para fortalecer a la compañía nacional.
“Están diciendo: en tanto no tengamos diseñado lo que queremos reformar o que echar para atrás, vamos a bloquear lo más posible. Lo hacen en afán de ayudar a las empresas del estado, que puede tener una justificación, pero no lo puedes hacer a costa de los privados y de quienes ya hicieron inversiones en el sector y que estén en el mismo juego”, dice Daniel Sánchez, socio de la firma Baker McKenzie.
Hasta ahora, dicen los entrevistados, los cambios en la política energética no han necesitado de cambios constitucionales, pero advierten que la contrarreforma será necesaria si el gobierno federal desea no encontrar más obstáculos legales en el camino a cumplir uno de sus principales propósitos.
“La contrarreforma pudiera ser más en el discurso que en la constitución y que se limite a modificar leyes secundarias. Podríamos ver reformas en las leyes de Pemex y de CFE y posiblemente en la Ley de la Industria Eléctrica y la de hidrocarburos”, dice la investigadora de México Evalúa.
La posibilidad de una contrarreforma se definirá en noviembre próximo, cuando los reguladores y los responsables de la política energética nacional se reúnan de nuevo en Palacio Nacional.
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