El encuentro, el pasado martes, juntó a los actores más importantes en la toma de decisiones: el presidente Andrés Manuel López Obrador, los titulares de los reguladores del mercado, el jefe de la oficina de la presidencia Alfonso Romo, los dos directores de las dos compañías energéticas nacionales (Octavio Romero Oropeza, de Pemex, y Manuel Bartlett, de CFE) y a Rocío Nahle, la máxima responsable de la política energética. El gran ausente fue Arturo Herrera, secretario de Hacienda, de acuerdo con el relato de asistentes.
Si bien la reunión fue clave, el futuro de la reforma energética ya había sido definido. La legislación, que abrió por primera vez el sector energético a la inversión privada, ha sido declarada como el principal obstáculo de uno de los objetivos claves del actual gobierno: el fortalecimiento de Pemex y la CFE.
La conclusión de la reunión del martes fue beneficiar a las dos empresas bajo el marco jurídico actual y confirmar la posibilidad de presentar una contrarreforma el año próximo. Sin embargo, el freno de la reforma ya se ha anclado con hechos constantes que comenzaron desde la primera semana en que López Obrador se convirtió en presidente.
“No obstante que a la reforma en cuanto a lo legal, no en lo regulatorio, no se le ha modificado ni una coma, sí está suspendida en su ejecución, tenemos un regulador y a un policy maker, la Secretaría de Energía, coptados por una ideología. No hay cambios legislativos, pero es un hecho que está abrogada de facto”, dice Bernardo Cortés, abogado especializado en energía del despacho Dentons López Velarde.
La primera acción contraria a lo establecido en la reforma se llevó a cabo sólo unos días después del inicio del primer gobierno autodenominado de izquierda. El 8 de diciembre de 2018, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) oficializó la cancelación de las rondas petroleras, calificadas por miembros del sector como la columna vertebral de la reforma.
El argumento de la cancelación fue los bajos resultados, a juicio de la administración actual, que hasta ese momento habían presentado las compañías ganadoras de los contratos.
En enero de 2019 y también como parte de sus primeras acciones, el gobierno federal decidió cancelar dos megaproyectos que representaban inversiones de cerca de 3,000 millones de dólares: dos líneas de transmisión que conectarían al Istmo de Tehuantepec con el centro y a la península de Baja California con el resto del país.
En febrero, y pese a la intervención de cúpulas empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) confirmó la cancelación de la cuarta subasta eléctrica, un mecanismo por el cual compañías privadas se adjudicaban contratos para vender electricidad a la CFE.
