Han pasado tres meses desde que en junio la Comisión Federal de Competencia (Cofece) interpuso una controversia constitucional en contra de la última política eléctrica en materia de confiabilidad publicada en mayo por la Secretaría de Energía (Sener) que, entre otras cosas, restringe el desarrollo y operación de centrales renovables y privilegia a las plantas propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Desde entonces, se han producido una serie de hechos que pueden impactar en la decisión de la Suprema Corte.
¿Cómo va la controversia de Cofece en contra de la política eléctrica de Sener?
La próxima fecha en la controversia constitucional que interpuso el ente antimonopolios será el 5 de octubre, pero el proceso aún ser´a largo.
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Al presentar la controversia constitucional, la Cofece consideró que la política de confiabilidad afecta de manera grave la estructura del mercado eléctrico y elimina la posibilidad de que opere en condiciones de competencia y eficiencia. Así, la medida del órgano antimonopolios da pie para que la Suprema Corte de Justicia (SCJN) determine la constitucionalidad de la política impulsada por la secretaría dirigida por Rocío Nahle.
El 23 de julio pasado, el gobierno, a través de la Consejería Jurídica, presentó dos recursos de reclamación para revertir la decisión del ministro Luis María Aguilar, quien a finales de julio ordenó suspender todas las medidas contenidas en la política.
Esta suspensión implica que no se pueda ejecutar ninguna de las acciones contenidas en el documento hasta que la SCJN decida si la nueva política para el mercado eléctrico es constitucional y no trasgrede derechos humanos. La decisión no incluye un análisis a fondo sobre el contenido de la política, sólo implica una valoración del ministro ponente sobre posibles daños que podrían causarse en caso de que se permita la aplicación de la política.
Los recursos fueron admitidos por la Corte y turnados, en un principio, al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, sin que hasta ahora este recurso haya sido resuelto.
“El recurso de reclamación que presentó el ejecutivo federal no es nada que nos sorprenda, es parte del proceso (...). Para mí no es escandaloso que el presidente haya respondido a la controversia, es como cuando nosotros sancionamos a una empresa y la empresa se ampara. Es como si nosotros no pudiéramos responder al amparo y decir: 'eso no es correcto por tal (razón)'”, explica Alejandra Palacios, comisionada presidenta del organismo.
El 1 de septiembre, según lo establecido en las actas de la Corte, la Cofece dio respuesta al recurso de queja presentado por el ejecutivo.
Ambos casos -el recurso del ejecutivo y la controversia de Cofece- se resolverán en paralelo, explicaron abogados consultados. Sin embargo, si la decisión sobre el fondo del asunto es emitida a favor de la Comisión dirigida por Palacios, la petición del poder ejecutivo sobre la suspensión quedaría automáticamente desechada.
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En un documento del 3 de septiembre, la Corte informó que hasta esa fecha la Secretaría de Energía no ha comparecido, ni dado contestación a la controversia constitucional presentada en su contra. Sin embargo, esta ha sido legalmente notificada.
Esto podría deberse a que Sener decidió adherirse a lo manifestado por el Poder Ejecutivo. “Decidieron no manifestarse al respecto, lo cual no significa que se estén allanando a la demanda (es decir, que acepte), simplemente prefirieron que se resuelva con base en lo que ya está en el expediente”, dijo un abogado cercano al caso.
El próximo lunes 5 de octubre las partes involucradas tendrán su primera audiencia para ofrecer y desahogar pruebas. Debido a la pandemia, se llevará a cabo mediante videoconferencias.
En total, el proceso de resolución de la corte tardará entre 8 meses y año medio, de acuerdo con abogados consultados.
Dentro de este proceso, figuras políticas como Armando Guadiana, senador por Coahuila, han defendido la política de Sener. En agosto pasado, el legislador presentó un análisis técnico sobre la política -bajo la figura jurídica de amicus curiae- para aportar elementos sobre la resolución del recurso de Cofece.
A la acción jurídica del órgano antimonopolios se han sumado otras promovidas por los municipios de Aquiles Serdán, Chihuahua, y Campeche, Campeche, así como los poderes ejecutivos de Colima, Tamaulipas y Jalisco.
El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) también ha sido incluido en algunas de las controversias presentadas, debido a que en abril pasado publicó un acuerdo en el cual suspendía las pruebas preoperatorias para la entrada en funcionamiento de nuevas plantas solares y eólicas.
El Cenace, que administra y vigila la operación del mercado eléctrico, también ya presentó un recurso de reclamación en contra de una controversia presentada por Tamaulipas.
Participantes del sector, ambientalistas y compañías que participan en dicho mercado han calificado la política como un intento por frenar la generación eléctrica por parte de privados y la puesta en marcha de nuevas centrales eólicas y solares.
Por su parte, la Secretaría de Energía y el Cenace han defendido la política argumentando que su finalidad es salvaguardar la operación del sistema eléctrico ante la contingencia sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus.
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