En un documento del 3 de septiembre, la Corte informó que hasta esa fecha la Secretaría de Energía no ha comparecido, ni dado contestación a la controversia constitucional presentada en su contra. Sin embargo, esta ha sido legalmente notificada.
Esto podría deberse a que Sener decidió adherirse a lo manifestado por el Poder Ejecutivo. “Decidieron no manifestarse al respecto, lo cual no significa que se estén allanando a la demanda (es decir, que acepte), simplemente prefirieron que se resuelva con base en lo que ya está en el expediente”, dijo un abogado cercano al caso.
El próximo lunes 5 de octubre las partes involucradas tendrán su primera audiencia para ofrecer y desahogar pruebas. Debido a la pandemia, se llevará a cabo mediante videoconferencias.
En total, el proceso de resolución de la corte tardará entre 8 meses y año medio, de acuerdo con abogados consultados.
Dentro de este proceso, figuras políticas como Armando Guadiana, senador por Coahuila, han defendido la política de Sener. En agosto pasado, el legislador presentó un análisis técnico sobre la política -bajo la figura jurídica de amicus curiae- para aportar elementos sobre la resolución del recurso de Cofece.
A la acción jurídica del órgano antimonopolios se han sumado otras promovidas por los municipios de Aquiles Serdán, Chihuahua, y Campeche, Campeche, así como los poderes ejecutivos de Colima, Tamaulipas y Jalisco.
El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) también ha sido incluido en algunas de las controversias presentadas, debido a que en abril pasado publicó un acuerdo en el cual suspendía las pruebas preoperatorias para la entrada en funcionamiento de nuevas plantas solares y eólicas.
El Cenace, que administra y vigila la operación del mercado eléctrico, también ya presentó un recurso de reclamación en contra de una controversia presentada por Tamaulipas.
Participantes del sector, ambientalistas y compañías que participan en dicho mercado han calificado la política como un intento por frenar la generación eléctrica por parte de privados y la puesta en marcha de nuevas centrales eólicas y solares.
Por su parte, la Secretaría de Energía y el Cenace han defendido la política argumentando que su finalidad es salvaguardar la operación del sistema eléctrico ante la contingencia sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus.
