La otra historia de los gasoductos de la CFE

Estas sanciones, sumado a la conformación de la tarifa que debe pagar la CFE por los contratos, han causado escozor dentro de la actual administración de la estatal, que considera inequitativo y también injusto pagar por una infraestructura que, al final, no terminará en su poder.

Sin embargo, la empresa estatal no ha desvelado cómo pretende combatir estas cláusulas o los cambios que busca dentro de esta negociación, que inició como una crítica directa y pública a principios del año.

La historia detrás del despliegue de esta infraestructura, que en su momento se valuó en una inversión de 12,000 millones de dólares (mdd), deja ver que había una lógica para incrementar las importaciones del gas natural barato desde Estados Unidos, disminuir el poder monopólico de CFE y ampliar las fuentes de suministro de energéticos, defienden ex funcionarios de anteriores administraciones.

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Los siete ductos sobre los que la eléctrica nacional interpuso recursos de arbitraje internacional forman parte de un plan diseñado desde 2012 por la administración de Felipe Calderón, pero que se desplegó en su gran mayoría en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

¿Por qué se construyeron los ductos?

Los problemas de saturación del sistema en esos años, aunado a la caída en la producción de gas natural por parte de Pemex, impulsaron la creación de este plan para aumentar de 12,000 km a 18,000 km la red de gasoductos en el país.

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“El sector de gas natural antes de la reforma estaba caracterizado por un sistema de gasoductos operado por el principal productor y cuyos precios estaban controlados por la Comisión Regulatoria de Energía (CRE), lo cual inhibió el crecimiento de la infraestructura y causó serios problemas de abasto en 2012 y 2013”, explica el libro blanco Implementación de la Reforma Energética en Materia de Gas Natural, redactado por funcionarios de la Secretaría de Energía de la pasada administración.

La falta de gas natural entre 2011 y 2012 había costado 1,500 millones de dólares (mdd), según estimaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) o cerca del 0.3% del Producto Interno Bruto, según el Banco de México (Banxico).

Los proyectos, que incluían gasoductos como el de Los Ramones que ya opera, buscaban incrementar la capacidad de importación de gas natural proveniente de las cuencas más prolíficas de gas shale de Estados Unidos y aprovechar así la baja en los precios de este energético, que pasaron de casi 12 dólares por cada mil pies cúbicos a sólo 2.3 dólares entre de 2008 y 2012.

¿Por qué los licitó la CFE y no Pemex?

El 80% de los casi 12,000 km de ductos que existían en 2012 pertenecían a Pemex, y el Gobierno pretendía quitarle peso a su poder en este mercado al permitirle a la CFE incursionar en este tipo de infraestructura, explica Eduardo Prud’homme, especialista en temas energéticos y ex funcionario de la Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas).

“Además, para Pemex era más rentable invertir cada peso que le daba Hacienda en sacar petróleo que en gas natural; mientras que para CFE sí era más rentable usar el gas natural para generar electricidad que quemar el combustóleo. Por eso se decidió que lo hicieran ellos”, explica.

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Mientras Pemex podía vender un barril de crudo entre los 100 a 80 dólares en esos años, la molécula del gas natural se podía conseguir en 3 dólares desde Estados Unidos. La CFE llegó a ahorrar hasta 1,560 millones de dólares tan sólo en el primer trimestre de 2018 gracias a su uso en lugar de utilizar diésel, combustóleo o gas natural licuado, según cifras del libro blanco de Sener.

¿Por qué licitarlos sin la opción de propiedad?

El concurso abría la puerta a que varias empresas importantes en la construcción de esta infraestructura compitieran por ofrecer el mejor precio para la CFE.

Además, había un atractivo a favor de las compañías que ganaban los concursos, porque podían quedarse con la propiedad de los ductos, un factor que hacía más barato para la Comisión la tarifa durante el tiempo del contrato, coinciden los especialistas.

“Es la misma lógica que cuando se renta o se compra una casa o un coche. Al final, si adquieres el activo, tienes que hacerte cargo de la infraestructura en cuanto a sus servicios y mantenimiento. Pero aquí se licitó por un servicio, el de transporte de gas natural, y se evitaban esos costos adicionales”, explica Prud’homme.

La CFE no tenía además la capacidad técnica ni económica para enfrentar el costo de pagar a quien construyera la infraestructura, ni de cómo operarla después, agrega David Rosales, socio de la consultora Talanza Energy, y ex funcionario de SENER.

¿Dónde están las 14 centrales de donde parten los ductos?

El proyecto original de este plan para la CFE tenía en mente la construcción de nuevas plantas para generar electricidad. Algo que, finalmente, no ocurrió. En el transcurso del despliegue de la infraestructura, se priorizó la continuación de los proyectos, incluso sin estas centrales que habrían ocasionado que la Comisión invirtiera más dinero en generar energía, justo cuando la reforma energética había permitido la entrada de más competencia por parte de las energías renovables.

“Qué bueno que no hay plantas, porque tienes capacidad libre de transporte de gas para que otros inversionistas pongan el riesgo para construir las plantas o usar el gas en esas localidades”, dice Prud’homme.

¿Qué solución hay para la CFE?

La actual administración ahora tiene contratos heredados con cláusulas que considera injustas para sus intereses, en parte porque los gasoductos obligan a la compañía a pagar no por el gas que use, sino por la capacidad del ducto que contrataron, tengan o no cómo usar esa molécula.

Pero la alternativa y parte de la intención original era que la eléctrica nacional, a través de una filial como CFE Energía –que se creó a partir de la reforma energética- pudiera comercializar o colocar esta capacidad excedente al mercado nacional, generando ingresos extras para la estatal.

“Ahora CFE debería crear un grupo técnico que identifique el potencial de desarrollo para publicar la capacidad y ver grupos de inversión para vender esa capacidad”, opina Rosales.

Los privados podrían comprar parte de esta capacidad –según el gasoducto y la zona del país- para revenderla al sector industrial, crear grupos que quieran comprar gas natural o construir ductos alternos para tomar parte de la capacidad, dice Prud’homme.

¿Ayudarán al abasto de gas en el sur?

Si bien ninguno de los ductos detenidos por las acciones legales emprendidas por la CFE llegan al sur del país, como a Yucatán, al permitir aumentar el abasto en el país sí permitiría que tanto la CFE como Pemex puedan llevar más gas natural a esta zona del país, que tiene problemas de abastecimiento porque sólo cuenta con un gasoducto.

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La puesta en marcha del ducto marino entre Texas y Tuxpan, junto al que conecta a Tuxpan con Tula –ambos proyectos frenados por el conflicto con CFE-, sumado a la habilitación de la compresora ubicada en Cempoala, Veracruz –a cargo del Cenagas- va a permitir llevar gas importado del norte pueda viajar hacia las instalaciones de Pemex en el Golfo de México.

“Esto va a liberar a Pemex, que debe ahora llevar gas natural a la zona de Veracruz para sus complejos petroquímicos, por lo que puede mandar ese excedente hacia el sur a través del ducto Mayakán”, señala Rosales.

La CFE ha dicho que va a recurrir a la compra de gas natural licuado para suplir la falta de combustibles en la península para este verano, una opción que, si bien ha bajado de precio, cuesta más que el gas natural.

Una discusión ideológica

El conflicto de la actual administración de la CFE con las firmas transportistas puede verse más como un choque entre dos visiones sobre la Comisión. La anterior administración había apostado por quitarle poder a los monopolios de la CFE y Pemex, mientras que ahora se busca concentrar de nuevo las decisiones al interior de la eléctrica nacional.

“Ellos estaban acostumbrados a los contratos de obra pública con CFE como monopolio verticalmente integrado para operar y darle mantenimiento una vez que se pagaba su construcción”, refiere Prud’homme.

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Las clausulas como las de pago por fuerza mayor también resultan de una aversión al riesgo por parte de los inversionistas, que requerían esas garantías para apuntarse a los proyectos , dicen los analistas.

Pero la vía elegida por Bartlett para afrontar esta diferencia en las visiones va a generar un ambiente de desconfianza en cuanto al uso que se pueda dar a esta infraestructura en el futuro, sea cual sea el resultado de las negociaciones, complicado su pago al futuro, considera Rosales.