Publicidad
Suscríbete

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad

Nuestras Historias

De la inversión al desencuentro: así ha sido la relación entre AMLO e Iberdrola

La compañía española, que el año pasado anunció una inversión de 5,000 millones de pesos para el mercado mexicano, ha cambiado sus planes tras varios desencuentros con el gobierno mexicano.
vie 23 octubre 2020 05:00 AM
Iberdrola
Desde octubre del año pasado la administración federal emprendió una serie cambios con una sola finalidad: fortalecer a la CFE.

En mayo del año pasado, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador presumía la primera gran inversión en el sector energético durante su sexenio: la empresa española Iberdrola destinaría 5,000 millones de dólares para nuevos proyectos en el país entre 2019 y 2024.

Pero el miércoles pasado, lo que en su momento fue considerada como una gran muestra de confianza del sector empresarial dio un giro de 180 grados: Ignacio Sánchez Galán, el presidente de la compañía, dijo a analistas que, debido a la incertidumbre del sector, Iberdrola no tenía consideradas nuevas inversiones en México.

La razón: los recurrentes cambios en el sector eléctrico habían mermado la confianza de la compañía.

Publicidad

La inversión de Iberdrola en México se anunció como parte de los primeros trabajos del Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, presidido por el ex empresario Alfonso Romo. En mayo del año pasado, la empresa y la administración federal dieron el anuncio bajo un comunicado de prensa titulado “México genera confianza: Iberdrola invertirá hasta 5,000 de dólares durante la presente administración federal”.

La inversión incluía compras a la industria mexicana por 3,000 millones de dólares y la construcción de tres nuevas centrales en Veracruz, Querétaro y Puebla. La española no ha dado a conocer cuál es el monto que hasta ahora ha destinado a su plan en México, pero especialistas del sector estiman que debido al poco tiempo transcurrido éste estaría muy lejos de ser completado.

“Este país siempre ha tenido con nosotros una absoluta seguridad jurídica, siempre ha respetado todas las reglas, a todos los niveles (...). Y lo quiero decir alto y claro, porque creo que también es importante que no solo lo sepan los mexicanos, sino el mundo que una empresa que lleva 20 años en este país siempre ha recibido un respeto absoluto de las reglas del juego”, dijo en julio pasado José Ignacio Sánchez Galán, presidente de la compañía, en una reunión con los presidentes de las comisiones de Energía de la Cámara de Senadores y Diputados, en la que refrendó su compromiso de inversión.

La relación de la compañía y la administración federal comenzó a cambiar en octubre del año pasado, cuando la Secretaría de Energía publicó un acuerdo para cambiar la forma en que se otorgan los Certificados de Energías Limpias (CEL), un instrumento creado para incentivar la inversión en nuevas centrales renovables y que la Secretaría de Energía pretendía instrumentar para la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Iberdrola se sumó a otras empresas como IEnova, Zuma Energy y Enel que pidieron abrir la discusión del acuerdo que se publicó sin una manifestación de impacto regulatorio y sin tomar en cuenta la opinión de los regulados.

Las modificaciones a los Certificados de Energías Limpias fue el inicio de una serie de cambios en el sector eléctrico: el 1 de mayo, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) publicó un acuerdo que buscaba asegurar la confiabilidad del sistema eléctrico durante la pandemia y que suspendía las pruebas críticas para la entrada en marcha de nuevas centrales solares y eólicas.

El acuerdo afectó a dos parques eólicos de Iberdrola que se encontraban en pruebas preoperativas: la central Pier, en Puebla, que suministrará energía a Grupo Modelo, y Santiago, un parque ubicado en Guanajuato y el más grande de la española a nivel mundial. La empresa, al igual que otras compañías privadas, se amparó contra la medida, obtuvo una suspensión definitiva y está en espera de que el juez conceda un amparo.

Publicidad

La española con sede Bilbao también ha comenzado un juicio de amparo en contra de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional –que incluye una serie de medidas que frenan la entrada y la operación de centrales renovables y privilegia a la eléctrica nacional– y el aumento a las tarifas de porteo que pagan algunos privados a la CFE.

Pero, pese al inicio de procesos legales, el periodo más tenso aún no había llegado: en junio el presidente López Obrador acusó a la compañía de dominar casi la mitad del mercado de generación privada en el país y de promover los ataques hacia la política energética emprendida por su administración.

“Hay inconformidad porque las empresas eléctricas particulares extranjeras, sobre todo las españolas, tenían el gran negocio de cobrar a precios elevadísimos la energía eléctrica, se les tenía que pagar hasta subsidios, estaban en un plan en contubernio con las autoridades para destruir a la CFE”, dijo el mandatario durante una gira en Tlaxcala.

La tensión creció aún más una semana después. Iberdrola anunció la cancelación de una planta de ciclo combinado en Tuxpan, Veracruz, que formaba parte de la inversión por 5,000 millones de dólares anunciada en mayo de 2019. La razón: la compañía no pudo asegurar el suministro de gas natural y enfrentó una serie de desacuerdos con la CFE.

Su supuesta cercanía con el gobierno del presidente Felipe Calderón también ha sido un blanco de ataques en contra de la empresa: el político se sumó en 2016 como miembro independiente del consejo de administración de la estadounidense Avangrid, una filial de la compañía, y Georgina Kessel, quien fuera secretaria de Energía durante el último sexenio panista, también se sumó en 2013 como consejera de Iberdrola.

En septiembre, la administración de López Obrador y representantes de la compañía tuvieron un intento para limar asperezas: mantuvieron una reunión en la que el presidente se comprometió a mantener el Estado de Derecho, pero la paciencia de la compañía parece haber terminado y el miércoles pasado se convirtió en la primera gran empresa en admitir que no invertirá más en México si el gobierno federal no da certidumbre a la inversión.

“Si el Gobierno no está dando la bienvenida a la inversión, no vamos a invertir”, sentenció el presidente del que hasta ahora es el grupo privado con mayor participación de mercado en México.

Publicidad
¿Tienes poco tiempo?
Infórmate en menos de cinco minutos de lo más importante del día.

¡Falta un paso! Ve a tu email y confirma tu suscripción (recuerda revisar también en spam)

Hubo un error. Por favor intenta más tarde.

Publicidad
Publicidad