El IFT cuesta 1,500 mdp al año, pero sus beneficios económicos son mucho mayores

Los expertos en telecomunicaciones y competencia económica coinciden en que esta decisión sólo revela el interés del mandatario por mantener el control de los organismos autónomos, lo que precisamente se buscó eliminar hace siete años cuando se creó el IFT.

“Al presidente no le gustan los contrapesos”, asegura Miguel Flores Bernés, presidente de la Comisión de Competencia Económica de la International Chamber of Commerce (ICC). “Es una propuesta que preocupa mucho porque es un organismo que genera contrapeso técnico de las decisiones políticas. No podemos dejar que ellos decidan la cantidad de espectro que puede tener una empresa. Un político no puede elegir si Televisa afecta o no a la competencia”.

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Esta actitud de desconfianza e incomodidad no es exclusiva contra el IFT, sino que viene contra todos los órganos autónomos, asegura Elena Estavillo, presidenta de la Red de Mujeres Conectadas. “Me parece preocupante porque no obstaculizan la labor pública, al contrario, fortalecen y equilibran el ejercicio del poder en temas importantísimos como el desarrollo económico y la democracia”.

Referente al IFT, la que fuera comisionada del órgano regulador entre septiembre de 2013 y febrero de 2019, dice que su absorción por parte de la SCT sería un retroceso de 25 años.

“Es una tristeza que no se quiera reconocer todo lo que hemos caminado como regulador, además con justificaciones superficiales que no se sostienen. Esto de los ahorros ya se volvió como una muletilla para hacer cambios de fondo con consecuencias que pueden ser muy serias y muy costosas para la sociedad”, refiere.

El IFT sufrió recorte presupuestal este año, al pasar de recibir 1,600 millones de pesos en 2020 a 1,510 millones en 2021, lo que significa una diferencia de 90 millones de pesos.

“¿1,500 millones es mucho dinero? Por supuesto que es mucho dinero”, dice Javier Juárez Mojica, comisionado del IFT. “Pero creo que la pregunta que nos debemos hacer es qué resultado nos da este dinero que se invierte. Definitivamente nuestro compromiso es hacer más con menos. Entre 2014 y 2020, el dato duro es que la reducción de presupuesto ha sido más de 38%”.

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Pero, ¿qué significan estos 1,500 millones de pesos para la sociedad mexicana? Juárez Mojica responde con un par de ejemplos: la reducción de tarifas interconexión y la reducción de larga distancia nacional ha permitido, a todos aquellos que pagaban larga distancia y tarifas telefónicas, un ahorro de 133,000 millones en dos años.

Y el programa ‘Aprende en Casa’, que ha permitido que los estudiantes tengan acceso a clases durante la pandemia, ha sido posible gracias a que en 2015 se llevó a cabo el apagón analógico, que tiene detrás un trabajo especializado y autónomo del órgano.

Para Carlos Elizondo, profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, está claro que tener organismos autónomos es más caro que no tenerlos, así como lo es tener a un grupo de comisionados en lugar de un empleado que haga lo que el ejecutivo pida. El punto es si ese precio a pagar compensa los beneficios que ha tenido el consumidor. “Claro que lo hace y con creces”, asegura.

¿Qué ha hecho el IFT?

La lista no es pequeña. Desde hace siete años, los logros del órgano regulador que fue creado tras una reforma constitucional en 2013 ha generado beneficios factibles para los consumidores, que van desde la eliminación de la larga distancia y el roaming nacional, hasta la creación de reglas asimétricas que han restado poder a las empresas dominantes.

Desde el órgano regulador destacan la caída de 27.4% de los precios de comunicaciones, entre junio de 2013 y abril de 2020. Así como una reducción de 43.9% en el precio de la telefonía móvil, de 4.8% en la telefonía fija y de 18% en la televisión de paga.

En cuanto a la reconfiguración que ha sufrido el mercado, la creación del IFT permitió la revisión de las reglas asimétricas a América Móvil como agente preponderante, lo que ha tenido como consecuencia que la empresa reduzca su participación de 73% que tenía en 2013 a 50% que tiene ahora, y en banda ancha móvil su cuota pasó de 82% a 71% en el mismo periodo.

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“Definitivamente el regulador impactó al mercado móvil, le dio certidumbre en cuanto a que se iba a terminar el dominio que tenía un solo operador, lo cual era algo descomunal que no se había visto en ninguna parte del mundo. El etiquetado de preponderante y la aparición de reglas asimétricas cambiaron el mercado permitiendo la entrada de nuevos competidores”, explica Gonzalo Rojón, director y senior partner de The CIU.

Datos de la consultora indican que la inversión privada en infraestructura de telecomunicaciones ha repuntado 41.3% entre 2013 y 2019 respecto a los seis años previos (2006-2012). Esto debido a la mayor disponibilidad de recursos espectrales y la implementación de mecanismos niveladores de las condiciones de oferta entre operadores.

En el blog de la consultora, Ernesto Piedras, director de The CIU, explica que el número de MHz asignados para las telecomunicaciones móviles en el país pasó de 222 a 700 entre 2014 y 2020, un nivel 3.2 veces superior. Esto como consecuencia de la subasta de las bandas AWS, la adjudicación de la banda de 700 MHz otorgada a la Red Compartida, la licitación de la banda de 2.5GHz y el reordenamiento de la banda de 3.5GHz para la provisión de internet fijo inalámbrico.

“Cuando el IFT entra en funciones se empieza a licitar el espectro como nunca. Antes, cuando esto no sucedía, vimos una caída en la inversión, en la penetración y en la cobertura, podemos compararlo con América Latina donde sí se licitaba. Con el órgano regulador tuvimos una eficiencia mucho mayor en este tema, lo que es muy importante”, explica Judith Mariscal, profesora titular de la División de Administración Pública del CIDE.

El comisionado Javier Juárez Mojica asegura que pese a los logros que los usuarios pueden percibir en los servicios, “no podemos echar las campanas al vuelo”. Todavía hay mucho trabajo por hacer, por ejemplo, moverse a nuevos esquemas tecnológicos que permitan el trabajo a distancia.

“En la medida en la que logremos institucionalizar el esquema de teletrabajo podría implicar entre 50 y 60 millones de pesos de ahorro al año por renta de oficinas. Hay que apostar a la modernización del servicio público que nos permita ser más eficientes y aumentar la transparencia y rendición de cuentas”, explica.

Al final, el objetivo es seguir fortaleciendo la autonomía del regulador para generar la confianza de los inversionistas, ya que la meta que el IFT tiene ahora en la mira es el transitar en México a las redes 5G, proyectos que requieren una alta inversión. Se calcula que hasta 10 veces mayor a la requerida en 4G.

“Esto se recupera a largo plazo, pero tenemos que trabajar para atraer el capital porque estamos compitiendo con el resto del mundo. Si queremos ser competitivos tenemos que mandar mensajes claros de certidumbre jurídica, de que las reglas del juego se van a mantener cuando lleguen las inversiones y que somos un regulador que resuelve con especialización y autonomía, no con un interés político”, concluye el comisionado del IFT.