Datos de la consultora indican que la inversión privada en infraestructura de telecomunicaciones ha repuntado 41.3% entre 2013 y 2019 respecto a los seis años previos (2006-2012). Esto debido a la mayor disponibilidad de recursos espectrales y la implementación de mecanismos niveladores de las condiciones de oferta entre operadores.
En el blog de la consultora, Ernesto Piedras, director de The CIU, explica que el número de MHz asignados para las telecomunicaciones móviles en el país pasó de 222 a 700 entre 2014 y 2020, un nivel 3.2 veces superior. Esto como consecuencia de la subasta de las bandas AWS, la adjudicación de la banda de 700 MHz otorgada a la Red Compartida, la licitación de la banda de 2.5GHz y el reordenamiento de la banda de 3.5GHz para la provisión de internet fijo inalámbrico.
“Cuando el IFT entra en funciones se empieza a licitar el espectro como nunca. Antes, cuando esto no sucedía, vimos una caída en la inversión, en la penetración y en la cobertura, podemos compararlo con América Latina donde sí se licitaba. Con el órgano regulador tuvimos una eficiencia mucho mayor en este tema, lo que es muy importante”, explica Judith Mariscal, profesora titular de la División de Administración Pública del CIDE.
El comisionado Javier Juárez Mojica asegura que pese a los logros que los usuarios pueden percibir en los servicios, “no podemos echar las campanas al vuelo”. Todavía hay mucho trabajo por hacer, por ejemplo, moverse a nuevos esquemas tecnológicos que permitan el trabajo a distancia.
“En la medida en la que logremos institucionalizar el esquema de teletrabajo podría implicar entre 50 y 60 millones de pesos de ahorro al año por renta de oficinas. Hay que apostar a la modernización del servicio público que nos permita ser más eficientes y aumentar la transparencia y rendición de cuentas”, explica.
Al final, el objetivo es seguir fortaleciendo la autonomía del regulador para generar la confianza de los inversionistas, ya que la meta que el IFT tiene ahora en la mira es el transitar en México a las redes 5G, proyectos que requieren una alta inversión. Se calcula que hasta 10 veces mayor a la requerida en 4G.
“Esto se recupera a largo plazo, pero tenemos que trabajar para atraer el capital porque estamos compitiendo con el resto del mundo. Si queremos ser competitivos tenemos que mandar mensajes claros de certidumbre jurídica, de que las reglas del juego se van a mantener cuando lleguen las inversiones y que somos un regulador que resuelve con especialización y autonomía, no con un interés político”, concluye el comisionado del IFT.
