La mayoría de las centrales a retirarse son termoeléctricas, que funcionan con combustibles fósiles, e incluso algunas de las plantas carboeléctricas, a las que el gobierno actual ha decidido dar un nuevo impulso, al menos en el discurso.
La razón: estas viejas centrales ya resultaban viejas, poco rentables y contaminantes para los entonces planes de la estatal.
Pero en el último plan la administración federal ha omitido adherir el cierre de plantas como parte del Programa Indicativo para la Instalación y retiro de centrales (PIIRCE).
Tras la apertura del mercado de generación, el plan en el sector era reemplazar de manera escalonada las viejas centrales de generación por nuevas plantas, principalmente a base de tecnologías renovables y de ciclo combinado, resultantes de las subastas eléctricas, la entrada de nuevos generadores privados al mercado y de nuevas inversiones de la estatal a cargo de Manuel Bartlett.
Pero una de las primeras acciones del gobierno federal fue cancelar la cuarta subasta eléctrica y dar un incondicional impulso a la CFE cerrando el mercado a nuevos participantes privados.
La finalidad del cierre de centrales también era transicionar hacia energías más baratas y menos contaminantes, como el gas natural, la eólica y la solar, como parte de la transición energética global. Las fuentes de generación a vencer era el carbón, el combustóleo y los turbo gas, dice Paul Sánchez, un analista del sector.
Pero la estatal ha cambiado el plan y ha decidido dar un nuevo impulso a sus viejas centrales con la finalidad de no ceder participación en la generación eléctrica, un mercado en el que perdió exclusividad en 2013 y en el que no quiere que los participantes privados extiendan su presencia.
Para esto ha echado mano del regulador del mercado. En noviembre pasado la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó un par de proyectos para permitir a la empresa estatal adquirir energía de centrales que aún no han sido construidas o que estarían próximas a salir de despacho debido a su ineficiencia o a que funcionan con base en combustibles contaminantes.
La Secretaría de Energía y el ejecutivo también quieren echar una mano a la estatal CFE cambiando el orden de despacho, hasta ahora las primeras centrales que suben su energía al sistema son las que tienen el costo de generación más bajo, las renovables o las que funcionan a base de gas.
Pero la administración ha buscado cambiar ese orden, para que ahora las primeras plantas en subir la electricidad a la red sean las de la empresa estatal, sin importar que su costo de generación sea más alto o que funcionen a base de fuentes como carbón o combustóleo. El último intento lo hizo el lunes en la propuesta de modificación a la Ley de la Industria Eléctrica, en la que solicita que se cambie el orden de despacho económico por uno denominado de entrega física.
De no lograr este cambio, muchas de las centrales de la estatal no podrán ser rentables pues, debido a su costo de generación, no lograrían subir electricidad al sistema o sólo de manera intermitente.
Los analistas han advertido que el plan de la CFE por recuperar sus viejas centrales y reforzar su papel como el principal generador podría toparse con los bajos niveles de presupuesto a los que tiene acceso la estatal y una demanda social por consumir energía que provenga de energías más limpias.
Y es que el parque de generación de la estatal tiene una antigüedad promedio de 33 años y casi la mitad funciona con base en combustibles dañinos para el medio ambiente.
Las plantas con mayor antigüedad son las hidroeléctricas –con un promedio de 50 años–, en las que la administración federal ha basado su plan para aumentar la generación limpia.
