Las renovables dicen: “Estudiamos las leyes en lugar de desarrollar proyectos”
Julio Valle, vocero de la Asociación Mexicana De Energía Eólica, comenta que los amparos y los despachos de abogados se han convertido en su mejor arma para frenar la nueva política eléctrica.
Las compañías participantes del mercado eléctrico, principalmente las dedicadas a la generación de energía renovable, acumulan lo que va del actual sexenio con cambios continuos en las reglas del sector y con un discurso en contra de la inversión privada.
El resultado: las empresas del sector han comenzado a especializarse cada vez más en los instrumentos legales, que hasta ahora han detenido el avance regulatorio de los cambios impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en lugar de centrarse en el desarrollo de nuevas inversiones, o al menos eso asegura Julio Valle, vocero de la Asociación Mexicana De Energía Eólica (AMDEE).
“Nos hemos especializado en las leyes mexicanas y en la constitución, en lugar de estar pensando en dónde vamos a desarrollar el próximo proyecto. Hemos estado buscando abogados para defender los activos e inversiones que se han realizado”, dice el vocero de uno de los principales organismos representantes del sector.
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Las previsiones de la AMDEE indican que la inversión en el sector, que vio un crecimiento importante como parte de las subastas resultantes de la reforma –con montos cercanos a 3,000 millones de dólares anuales–, podría reducirse prácticamente a cero durante este año como parte de la incertidumbre regulatoria, la ausencia de nuevos permisos y la suspensión de algunos proyectos.
Sin revelar nombres, Valle relata que algunas compañías han crecido sus áreas legales o aumentado su colaboración con despachos de juristas especializados como una estrategia de respuesta a los constantes cambios en la industria.
Julio Valle, representante de la AMDEE.
Las modificaciones a las reglas del sector comenzaron en octubre de 2019, con una iniciativa de la Secretaría de Energía para modificar la forma en que se otorgan los Certificados de Energías Limpias (CELs). Desde entonces, y hasta la fecha, han continuado de manera casi ininterrumpida.
Pero cada uno de los cambios propuestos desde la dependencia dirigida por Rocío Nahle, o cualquier otro de los reguladores del sector, se ha topado con una serie de amparos por parte de compañías y organismos ambientalistas. Hasta ahora, en su mayoría, los jueces en competencia han fallado a favor de los privados, lo que ha impedido al gobierno federal continuar con los cambios legales en el mercado, aunque algunos de estos ya son implementados en la práctica.
Incluso, la semana pasada, la Suprema Corte declaró como parcialmente inconstitucional la política eléctrica publicada por la Sener en mayo pasado que buscaba aumentar las facultades de la estatal CFE y disminuir la participación de nuevas compañías en el sector.
Pero unos días antes del fallo de la Corte, el poder ejecutivo dio a conocer una estrategia más agresiva para conseguir cambios en la industria, con el envío de una iniciativa para modificar la Ley de la Industria Eléctrica que deberá ser discutida y aprobada antes de finalizar marzo.
Los participantes privados del mercado aseguran que, en caso de ser aprobada, la iniciativa promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador podrá ser impugnada por las mismas razones por las cuales han logrado detener en los juzgados las anteriores medidas. Algunas compañías ya preparan estrategias legales al respecto.
“Se ha explorado muy profundamente el tema de los amparos en las múltiples iniciativas en los más de 12 meses en que el gobierno (ha buscado) cambiar las reglas del juego, el poder judicial se ha mantenido objetivo y ha dado la razón sobre la inconstitucionalidad de cada una de estas medidas”, dice Valle. "Creemos que la conclusión, si esta iniciativa se aprobara, tendría que ser la misma que se ha venido aplicando desde hace un año y que en el fallo de la Suprema Corte de la semana pasada se reiteró".
El discurso de la administración federal y de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, se ha centrado en que la empresa estatal ha subsidiado a los empresarios privados, lo que le ha traído problemas financieros.
Pero el vocero de los generadores eólicas asegura que los participantes del mercado que representa han cumplido con los pagos acordados en la celebración de los contratos.
“No hay subsidios. Los proyectos renovables pagan todo lo que el gobierno les exige y en particular, el peaje que pagan los proyectos eólicos y solares que operan en México y que definió el propio Estado tomando en cuenta todos los costos de transmisión de la CFE en su momento”, explica Valle vía telefónica.
El futuro de la iniciativa eléctrica deberá decidirse en los próximos 60 días y abogados del sector aseguran que los privados podrán recurrir a las mismas armas de defensa que han utilizado en los últimos cambios, aunque los argumento deberán subir de nivel.
