Pero, para Lourdes Melgar, investigadora afiliada del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), se podría estar cayendo en un error al defender a capa y espada a las inversiones privadas, sin entender quiénes serán los verdaderos favorecidos o afectados con los cambios: las y los ciudadanos, dice.
“En la discusión nos centramos en el discurso de privados versus Estado, y yo creo que eso es una falsa dicotomía. Yo creo que a mí un poco me da igual quién genera la electricidad, por ejemplo, si quien produce la electricidad me da la más barata y más limpia a la que puedo tener acceso”, explica.
Melgar Palacios fue subsecretaria de Electricidad e Hidrocarburos en los primeros años del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, cuando se implementó el nuevo modelo energético al que el gobierno actual le quiere dar revés.
“Hay que ubicarnos en que realmente estamos hablando de una concentración de poder por parte del poder ejecutivo versus los ciudadanos y la sociedad. Yo creo que estamos cayendo en el juego de la retórica del presidente, al caer en la defensa de las empresas privadas”, dice la investigadora.
Y es que el presidente López Obrador ha amagado con desaparecer a los reguladores del sector energético o sumarlos a la dependencia dirigida por Rocío Nahle bajo el argumento de no salvaguardar el interés público.
Pero, dice Melgar, esta administración se ha olvidado que estos reguladores no sólo fueron ejecutores de la apertura del mercado, sino que continúan siendo los responsables de vigilar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los privados con el gobierno mexicano y debilitarlos implicaría también una menor autoridad para exigir a los participantes del mercado.
Hasta ahora, la administración federal se ha empeñado en repetir un discurso constante en contra de los reguladores y centrando a la estatal CFE en sus esfuerzos para cambiar las reglas del mercado.
El gobierno morenista ha lanzado una serie de instrumentos para modificar en lo legal la operación de los organismos y la participación de los privados, pero la ejecución comenzó hace mucho.
El último intento referente a lo legal se ha hecho a través de una iniciativa preferente enviada por el presidente al poder legislativo para modificar a la Ley de la Industria Eléctrica y que deberá ser discutida y aprobada en un tiempo menor a dos meses.
La iniciativa de ley ha vuelto a sacudir al sector, quien ve cada vez más agresivos los instrumentos jurídicos del presidente, que ha amagado con presentar una contrarreforma energética si es que, a través del marco jurídico actual, no puede lograr su cometido de reforzar el papel de Pemex y CFE.
“La iniciativa de ley muestra que fue escrita con unos lentes claramente ideológicos o bien con un desconocimiento total de cómo se encuentra actualmente el sector eléctrico y porqué se dieron ciertas decisiones”, dice Melgar.
La investigadora, quien fue una de las principales responsables de estructurar la reforma en el sector eléctrico, asegura que el instrumento jurídico lo único que hizo fue formalizar algo que ya sucedía en la práctica: la existencia de generadores privados de energía eléctrica.
