La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma a la Ley de Hidrocarburos que busca, entre otras cosas, limitar la participación de las compañías privadas en el mercado de combustibles, uno de suma importancia para la estatal Pemex y en el que perdió exclusividad con la reforma de 2013.
La iniciativa presidencial fue aprobada con 292 votos a favor, la mayoría de Morena y sus aliados, 153 votos en contra y 11 abstenciones, tras una discusión polarizada entre los legisladores.
El nuevo instrumento legal es el primero a nivel de ley para el mercado de hidrocarburos y se une a la serie de cambios hechos desde que inicio el actual sexenio y que van encaminados a remover muchas de las reglas interpuestas bajo la reforma energética de 2013.
Las últimas modificaciones a la Ley de Hidrocarburos, que marca las reglas de la apertura del sector petrolero y de combustibles a la inversión privada, están encaminadas a limitar la participación privada en el mercado de combustibles, al añadir nuevos requerimientos para la emisión de permisos y aumentar las razones por las cuales una autorización previamente otorgada puede ser cancelada.
Participantes del sector aseguran que el fin último de esta reforma es la de reforzar el papel de la estatal Pemex en el mercado de combustibles, en donde ha perdido una participación importante desde que compañías privadas comenzaron a vender e importar combustible en el país.
Los legisladores de oposición acusaron que esta iniciativa abre la puerta a la expropiación de activos de compañías privadas, toda vez que incluye la posibilidad de que la estatal Pemex opere las instalaciones de privados que hayan visto la rescisión de sus autorizaciones.
En tanto la bancada morenista y sus aliados defendieron la iniciativa presidencial, al asegurar que ésta sólo busca poner orden al mercado, con lo que podrá fortalecer a la estatal Pemex, uno de los principales objetivos de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La iniciativa no recibió grandes cambios por parte de los legisladores, pero le fue adherida un apéndice para asegurar que los permisos que sean suspendidos, como parte de esta reforma, estén sujetos al debido proceso y las compañías puedan contar con un plazo para manifestarse.
El cambio propuesto por el ejecutivo, como parte de los movimientos en busca de la soberanía energética y de fortalecer a la estatal Pemex, han abierto un nuevo boquete entre la relación de la administración morenista con la iniciativa privada.
Los participantes del sector y analistas acusan que estos nuevos cambios traen más incertidumbre a un mercado ya afectado por otras acciones gubernamentales. El punto que más causa preocupación entre la iniciativa privada es la cancelación de permisos si es que estos atentan en contra de la seguridad energética, seguridad nacional o la economía nacional, tres conceptos muy amplios y de los que aún no se da detalle.
La Comisión Federal de Competencia recomendó el lunes pasado la no aprobación, en los términos actuales , de la reforma, al considerar que ésta cierra el mercado de combustibles y atrae incertidumbre al sector.
