En lo que respecta a la pandemia, cinco de cada diez empresas temen que ésta continúe siendo un freno en la rentabilidad de los negocios. Y aunque reconocen los beneficios del home office, el 36% de las compañías mantiene una actitud tradicional y espera convencer al menos a una parte de sus empleados para que regresen a las oficinas.
Carlos Marina, director de operaciones de Worky, refiere que el 40% de los trabajadores prefiere renunciar a regresar al trabajo 100% presencial. Incluso un 46% aseguró que es probable que se mude, pues el trabajo híbrido y remoto llegó para quedarse.
Esto no significa que las empresas no quieran apostar por el teletrabajo, aún después de la pandemia. El 52% se asume como progresista y, por ende, uno de sus objetivos en lo que resta del 2021 es aumentar la motivación y el compromiso de los equipos, en la modalidad en la que se encuentren.
Al respecto, el 14% está dispuesto a asumir los costos derivados del home office y un 65% quiere mejorar la experiencia digital de sus colaboradores. Esto incluye darles las herramientas necesarias para su labor, así como la parte proporcional en el pago de los servicios de luz e internet.
Los marcos normativos
Solo el 12% de las organizaciones está enfocada en llevar un registro sobre los riesgos psicosociales que pueden darse en la organización, y para el 25% de las compañías la implementación de la NOM-035 seguirá representando un reto importante porque cada empresa debe trazar el camino para evitar el estrés laboral y crear ambientes laborales más sanos.
En cuanto a la nueva Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación, al 44% le preocupa la prohibición del outsourcing, por los costos y procesos de internalización y la gestión de trámites correspondientes.
Marina puntualiza que justo los costos inquieta a las empresas, ya que, para cumplir con la ley, no solo se requieren hacer cambios internos, sino externos, que en conjunto se traducen en mayores gastos. Y tener flujo de caja representa una amenaza para el 44% de las compañías.
Un dato relevante es que una de cada cinco reconoce el riesgo regulatorio. El 16% está consciente de que pueden darse posibles auditorías por parte de la autoridad laboral, mientras que el 19% sabe que podría ponerse en el foco de la Secretaría de la Trabajo, a través de quejas o denuncias de terceros.
