Además, dijo que la iniciativa "obliga a todos los mexicanos a adquirir energía de la CFE, sin importar lo sucia, cara e ineficiente que sea".
Asimismo, expuso que "la imposición de esta reforma implicaría que las plantas más modernas, limpias y eficientes del sector privado dejen de operar", violando los tratados internacionales de los que México forma parte, contradiciendo los mandatos del poder judicial mexicano y violando el principio fundamental de la Constitución de la no retroactividad de las leyes.
"Estos efectos retroactivos, que desconocen al Estado de Derecho, consumarían una expropiación de facto de decenas de miles de millones de dólares de inversión privada competitiva en el país", señaló.
Además de que pondrían en "grave riesgo la credibilidad" del país como socio comercial y lo dejarían expuesto al reclamo de indemnizaciones bajo diversos mecanismos legales, incluyendo arbitrajes internacionales.
Los empresarios acusaron que la CFE "no ha desarrollado centrales de generación usando energías renovables de bajo costo. Por lo tanto, no ha contribuido ni contribuirá a reducir los costos de generación ni las emisiones contaminantes".
"De aprobarse la reforma planteada por el Gobierno federal, México no podrá cumplir con sus metas de reducción de emisiones frente al cambio climático, ante lo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha declarado como una crisis climática", finalizó.
En tanto, el presidente del conservador Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, dijo que su partido "se opondrá rotundamente a la reforma a la CFE "porque afectará directamente el bolsillo de la clase media y tendrá consecuencias sin precedentes en el medioambiente, debido a que representa un retroceso en el uso de energías limpias y renovables".
Por su parte, la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI) exhortó al Congreso a que "se analicen a fondo los impactos de la iniciativa constitucional presentada por el Ejecutivo Federal en relación con el sistema eléctrico nacional".
