La voluntad no ha faltado. El Estado ha volcado una gran parte de sus recursos económicos y capital político para levantar a la empresa, pero el plan de Pemex se diseñó para ser viable solo en un muy corto plazo, con metas demasiado optimistas y perdiendo de vista la rentabilidad y viabilidad de la compañía en un futuro cercano ya marcado por la transición energética, dicen los analistas consultados.
“Esto es una bomba de tiempo. La visión que tiene el gobierno actual es una visión de muy corto plazo, que podría terminar en 2024, y la persona que llegue va a tener un gran problema en sus manos, financieramente hablando”, dice Luis Gonzali, codirector de inversiones en Franklin Templeton, una firma con sede en San Mateo, California.
Desde el día uno del sexenio, la petrolera –quizá en mayor medida que la Comisión Federal de Electricidad– se situó en la agenda presidencial como la gran prioridad en materia económica. En el plan presidencial, Pemex se convertiría de nueva cuenta en la palanca de desarrollo que permitiría, mediante el aumento en la producción de petróleo, proveer a la hacienda pública de los recursos suficientes para financiar programas sociales y nuevos proyectos. Pero el plan ha fracasado y las metas se van haciendo cada vez más cortas y lejanas.
El objetivo principal para Pemex era llevarla a producir hasta 2.6 millones de barriles diarios de crudo para el final del sexenio, una cifra que no se ve desde 2008. Pero los pocos recursos financieros dedicados a la exploración y producción, además de la pandemia, trajeron un golpe de realidad. En lo que va de este año, la petrolera ha promediado una producción diaria de 1.665 millones de barriles diarios. La administración del presidente López Obrador recibió la empresa con una producción de 1.802 barriles diarios durante 2018. Es decir, en este sexenio se ha producido menos petróleo que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El nuevo objetivo es apenas llegar a los 2 millones de barriles al terminar el sexenio, pero las consultoras y calificadoras dudan incluso que esta nueva meta pueda conseguirse. El discurso del presidente cambió hace unos meses, y aseguró que la producción sólo iría alineada a satisfacer la demanda actual, para dejar petróleo a las próximas generaciones. La idea de la bonanza petrolera se ha ido dejando de lado.
No todo ha sido la falta de recursos para proyectos relacionados con la producción. Las grandes expectativas presidenciales se toparon con la emergencia sanitaria por coronavirus, que ha obligado a las grandes petroleras a modificar sus planes. Muchas bajaron su producción de refinados o cerraron sus operaciones, otras aceleraron su proceso de transición hacia negocios enfocados en energías limpias. Pero Pemex se ha mantenido sin cambios e, incluso, ha acelerado su apuesta por los refinados, pese a las pérdidas financieras que reporta mes a mes Pemex Transformación Industrial.
La petrolera también ha atravesado una gran crisis con sus empleados. Se ha convertido en la compañía con más fallecimientos provocados por coronavirus, de acuerdo con Bloomberg. Hasta su último reporte, del 23 de noviembre pasado, la compañía sumaba 639 decesos entre sus empleados en activo. Los empleados entrevistados por Expansión han acusado omisiones en la gestión de los planes para frenar los contagios, como falta de artículos de higiene o pruebas de detección del virus.
El gobierno de López Obrador ha destinado más recursos financieros al rescate de Pemex que a reactivar la economía durante la pandemia. Un estudio del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad de Rice, en Texas, concluyó que durante el primer año de la emergencia sanitaria, la administración federal destinó el 1.1% del Producto Interno Bruto (PIB) al rescate económico, mientras que el apoyo financiero a la estatal rebasó el 1.4% del PIB.
“Hay una relación que se ha hecho más estrecha, pero con niveles de riesgo más preocupantes desde el punto de vista de sostenibilidad de largo plazo“, explica Víctor Goméz Ayala, un académico del ITAM. El último anuncio que reforzó esta relación fue que el Estado asumirá las amortizaciones de la deuda de Pemex. Los analistas esperan un nuevo cambio a nivel de ley, que permita al gobierno federal respaldar al 100% los pasivos de Pemex.
Gómez Ayala dice que esto no ha sido del todo malo, respaldar a Pemex en medio de la crisis económica por coronavirus pudo haber evitado una debacle para la compañía, pero por dar prioridad a ello, el gobierno descuidó el apoyo a empresarios para que estos pudieran sortear la crisis.
El presidente y su equipo han destinado una gran cantidad de recursos económicos a proyectos relacionados con la compañía –la construcción de la refinería de Dos Bocas, la rehabilitación de sus otros seis complejos y la compra de Deer Park– y han intentado impulsar una serie de cambios regulatorios para favorecerla.
Pero cuando la pandemia cambió los planes de muchos gobiernos y compañías alrededor del mundo, los objetivos de la administración morenista quedaron intactos. Para muestra, recuerdan los analistas, la negativa de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, a reducir en 400,000 barriles la producción de crudo de la compañía durante una de las primeras reuniones que mantuvo la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y aliados, durante los primeros meses de la pandemia, y que tenía como finalidad aminorar los efectos derivados de la emergencia sanitaria y la caída histórica en la demanda de hidrocarburos.
La pandemia obligó a algunos de los empleados de Pemex a retirarse de campo –a aquellos con comorbilidades–, pero no pausó los planes presidenciales para la compañía. Pemex inclusó efectuó la compra del total de las acciones de la refinería Deer Park, que comparte desde hace casi 30 años con la estadounidense Shell y cuyo p roceso de compra se ha retrasado por tramites relacionados con los reguladores del país del norte. La transacción se efectuará con recursos del Estado y no provenientes de la petrolera.
Pemex se ha movido de extremo en este sexenio. Mientras que en los gobiernos pasados, la compañía era la mayor fuente de recursos económicos, financió grandes obras de infraestructura y trajo industrialización al país, durante la administración del presidente López Obrador –que está totalmente convencido que “el petróleo es el mejor negocio del mundo”, aún en tiempos de la transición energética– la empresa ha sido cobijada por el gobierno, quien ha decidido absorber las amortizaciones de su deuda y reducir la Tasa de Utilidad Compartida (DUC) hasta el 40% para el año próximo. Esta última es la carga fiscal más significativa de Pemex: en 2019 fue del 65% e implicaba cerca del 80% de los impuestos totales que pagaba la petrolera al Estado.
En medio de la pandemia, Pemex también anunció otros nuevos proyectos. El más emblemático ha sido Gas Bienestar, una filial que buscaba frenar el aumento en los precios de gas LP y llevar más competencia al mercado. Pero su alcance aún es limitado, con apenas presencia en algunas alcaldías de la Ciudad de México y con precios que también han incrementado semana a semana, debido a factores internacionales, en los que el gobierno no puede interceder.
La cercanía entre Pemex y el Estado ya ha traído consecuencias y no han sido positivas. En abril del 2020, la estatal perdió el grado de inversión, después de que Moody's y Fitch rebajaran la nota de Pemex y eso llevará a los bonos de la estatal a ser calificados como basura. Todo esto ocurrió antes de la tormenta que desató la pandemia, de la baja histórica en los precios y en la demanda del crudo y sus derivados.
“En el camino perdieron el grado de inversión, en el camino la producción se cayó más, las pérdidas de Transformación Industrial se multiplicaron. En el camino, a pesar de que los precios del petróleo están más altos, han tenido que reducir la carga fiscal de Pemex y esto acaba en un equilibrio muy diferente, un equilibrio en el que el gobierno federal cada vez ha cedido más terreno frente a Pemex. Y, al ceder, ha cancelado la posibilidad de que esos recursos, si es que se materializaran, pudieran regresar a las cuentas fiscales para que se transforme en gasto”, dice Gómez Ayala.
El camino va a la mitad, pero el rescate a la petrolera aún parece lejano y muchos apuntan a que no se alcanzará.
