El proceso de parlamento abierto, que empezará el próximo día 17 y tomará cuatro semanas entre enero y febrero, es uno de los últimos pasos para que las comisiones liberen el dictamen del proyecto, que después se subirá al pleno para ser votado. Este ejercicio de discusión entre analistas, académicos y empresarios podría considerarse como la única oportunidad pública que tienen los miembros del mercado para lograr alguna modificación dentro del documento, el resto se lleva a cabo en lo privado, en bambalinas.
Las negociaciones al interior ya han comenzado. Desde hace unos meses López Obrador se ha reunido con los principales representantes empresariales. En diciembre lo hizo con Antonio Del Valle, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, y hace una semana con Carlos Salazar, del Consejo Coordinador Empresarial, aunque no se ha hecho público el contenido de las conversaciones.
Pero los intereses entre el gobierno y los empresarios nunca van a coincidir, y los contratos de autoabasto –mediante los cuales los grandes clientes industriales se abastecen de energía–, dicen los participantes del mercado entrevistados, apuntan a convertirse en la palanca de las negociaciones.
El gobierno federal plantea en la iniciativa de reforma la extinción de este modelo, por considerar que provee energía a las grandes compañías a precios por debajo del mercado, con lo que la estatal CFE no se ve beneficiada. Algunos empresarios del sector con contratos de este tipo han asegurado que podrían migrar sus plantas a una esquema dentro del mercado eléctrico mayorista.
Las fuentes entrevistadas dicen que el sector empresarial estaría dispuesto a aceptar la eliminación o una restricción de la figura de autoabasto, a cambio de mantener vigentes algunas de las reglas del mercado que se creó tras la reforma energética de 2013 y no tocar la independencia de los órganos reguladores.
El sector ya da por hecho que la reforma no será votada tal y como la mandó el presidente, pero las modificaciones que se le harán al documento aún no se conocen.
A la par del inicio del parlamento abierto, otra conversación se llevará a cabo entre representantes del Partido Acción Nacional –el de oposición con más escaños en las cámaras del legislativo– y los principales representantes de la estrategia económica, los secretarios de Hacienda, Economía y Energía.
Los tiempos aún no están definidos. Mientras el partido del presidente ya prepara el escenario para una votación, los de la oposición buscan que esta parte del proceso se lleve a cabo después de septiembre, en el segundo periodo del legislativo, una vez pasadas las elecciones a gobernador a mediados de este año y después del proceso de revocación de mandato, que ha estado en las cuerda floja en las últimas semanas.
Los legisladores del PRI, el principal partido impulsor de la apertura del sector, será la pieza clave dentro de las votaciones. Morena necesita los votos favorables de dos terceras partes de los legisladores presentes para que avance el documento. En Diputados necesita de 57 votos extras y en el Senado solo ocho más.
Los congresos locales, en los que también se debe aprobar la iniciativa no serán mayor problema para el presidente. El documento debe ser aprobado en 17 de estos, Morena y sus aliados tienen la mayoría en 20 de los congresos locales.
Y de pasar por este último punto y solo regresar al ejecutivo para su promulgación, los participantes del mercado se quedarían prácticamente sin opciones para frenar los cambios. La legislación mexicana solo permite, en este caso, comenzar acciones de inconstitucionalidad por fallas u omisiones en el proceso de aprobación. Y un arbitraje internacional, lo que ya analizan al interior del sector privado, solo podría lograr que algunas compañías reciban una compensación del Estado.
