El plan también contempla crear Aldeas Inteligentes para brindar conectividad satelital gratuita a sitios públicos en localidades rurales para que puedan aprovechar las posibilidades y los recursos de internet. Sin embargo, para participar en el proyecto, las zonas deberán tener una vocación económica agrícola o pesquera, con potencial de turismo sostenible, que se ubiquen en áreas protegidas, o que el 50% de la población productiva sea femenina o indígena, y que tenga una matrícula escolar mayor al 20%.
Los expertos consultados antes por Expansión han señalado que estos requisitos discriminan a zonas que aún no cuentan con los criterios que exige la SICT, y concuerdan en que la secretaría no debería condicionar la conectividad con un potencial económico.
Adicional al plan de conectividad de la SICT, la actual administración creó a la empresa CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, con el objetivo de cerrar la brecha digital en el país, sin embargo, la compañía ha carecido de transparencia en su operación, al no dar a conocer los sitios y a cuántas personas ha logrado conectar durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador.
Detectan caos en la Estrategia Digital Nacional
El reporte de la Auditoría Superior de la Federación señala que en 2020 observó que el marco jurídico que norma la definición, operación y seguimiento de la Estrategia Digital Nacional (EDN) se encuentra disperso en distintos ordenamientos jurídicos, así como en documentos operativos, por lo cual sugiere que se ordene y especifique el rol de cada una de las dependencias que tienen injerencia en el proyecto.
La Estrategia Digital Nacional es la hoja de ruta para que los mexicanos puedan adoptar y desarrollar el potencial de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). Por la naturaleza del proyecto, los auditores recomiendan fortalecer los mecanismos de coordinación y seguimiento para asegurar que sesionen con regularidad la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico (CIDGE) y sus grupos de participación, como CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, la SICT, la Oficina de la Presidencia de la República (OPR), entre otras.
“La coordinación permitirá que se logren las metas de conectividad y acceso de la población a las TIC establecidas en el programa de Red Compartida, Cobertura Social y los nuevos proyectos de Red de Fibra Óptica e Internet para Todos”, recomienda el reporte de la ASF.
En el ámbito presupuestario, la ASF recomendó establecer mecanismos para que se identifique con precisión el total los recursos que el Gobierno Federal destinó a la implementación de la Estrategia Digital Nacional. Esto porque detectó una desvinculación de los objetivos nacionales y sectoriales con los recursos disponibles para lograr los alcances y metas del proyecto, debido a una falta de estructura programática presupuestaria en la Estrategia Digital Nacional.
La ASF urgió a que la Estrategia Digital Nacional cuente con un plan de acción sustentado en un diagnóstico de las necesidades TIC y la población, así como establecer los elementos y políticas que conforman le proyecto y los actores institucionales encargados de darle cumplimiento a las líneas de acción del plan.
Expertos en el tema han advertido que la emisión de la Estrategia Digital Nacional, tres años después de iniciar la gestión de Andrés Manuel López Obrador, carece de un diagnóstico preciso sobre los servicios de digitalización disponibles y cuántos están siendo usados, así como de metas concretas que impiden medir el alcance de los objetivos que buscaría la administración.
Por ello, el Observatorio de las Telecomunicaciones (Observatel) promovió un amparo para que el gobierno cumpla con la emisión de una Política de Inclusión Digital Universal. El recurso busca que se cumpla con el mandato de elaborar una estrategia digital "que garantice a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento".
Por otra parte, los auditores detectaron mejoras en el ámbito de digitalización de trámites electrónicos, pues registraron una diferencia de 3.7 puntos, mostrando una tendencia positiva, al pasar de 1.1% en 2013 a 4.8% en 2019.
En relación con la accesibilidad de la población a las TIC, “se logró con los programas Red Compartida y Cobertura Social, así como con acuerdos con empresas de servicios en telecomunicaciones satelitales, que 61.2% (61.8 millones de personas) del 92.2% (103.6 millones ) de la población agregada tuviera posibilidades de acceso a internet”, señala el documento.
