Uno de los mayores retos del IFT al inicio de la pandemia fue legitimar la presidencia interina. "Al principio se cuestionó el poder de Cuevas dentro del IFT, pero él tiene todas las facultades y poder de un presidente comisionado del Instituto aun cuando sea sólo interino", comenta Lucía Ojeda, socia en la firma mexicana SAI Derecho & Economía y experta en competencia económica.
En junio de ese mismo año, el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa para fusionar a los órganos autónomos: IFT, Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), con el argumento de que son una carga para el erario público.
Este hecho desencadenó una nueva crisis dentro del IFT, no sólo por la naturaleza de la iniciativa, sino porque Vladimir Rosas Pablo, director adscrito a la oficina del comisionado Cuevas, aparecía como autor del proyecto para desaparecer al órgano regulador de las telecomunicaciones, a través de la creación del Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (INMECOB).
Los comisionados del IFT expresaron su rechazo y la pérdida de confianza en el presidente interino de instituto, Adolfo Cuevas, por su presunta participación en la iniciativa del senador, Ricardo Monreal. Por ello, pidieron aclarar el supuesto involucramiento de funcionarios del mismo organismo en la elaboración de la iniciativa.
El presidente interino explicó que el documento encontrado era información que el mismo senador Monreal había solicitado al Instituto. Sin embargo, la hostilidad al interior crecía por lo que los comisionados decidieron modificar el Estatuto Orgánico para retirar a Cuevas facultades para nombrar o cambiar funcionarios del IFT. Pero un año después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación regresó este poder al presidente interino del organismo.
El vigilante de la ciudadanía
Si bien la presente administración quiere eliminar al IFT también busca que el Instituto se convierta en un vigilante de la ciudadanía. En 2020, la Cámara de Diputados aprobó la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), que obligaría a los 129.8 millones de usuarios que tienen actualmente una línea telefónica a proporcionar sus datos personales y biométricos.
El IFT será el encargado de crear y actualizar el padrón de telefonía móvil, el cual estima requerirá un presupuesto de más de 109 millones de pesos durante el primer año de su creación. Mientras que para los años subsecuentes, restando las inversiones iniciales necesitará 88 millones. Además se requiere crear 150 plazas que implicarán una inversión de 55 millones de pesos.
Ante esta situación el IFT decidió emprender una controversia constitucional debido a que el Panaut representará un gran desembolso para el Instituto, el cual ya enfrenta un ajuste monetario por la política de ‘austeridad’ y porque va en contra de su mandato constitucional de lograr el acceso a los servicios de telecomunicaciones.
Esta controversia volvió a poner en crisis al IFT, ya que expertos y sociedad civil criticaron al Instituto por anteponer en la controversia lo económico que los derechos a la privacidad y protección de datos.
El IFT fue obligado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) a presentar la controversia constitucional a los ciudadanos para que verificaran qué priorizó como argumento para revertir la creación del Panaut.
Un comisionado menos y una nueva presidencia
En medio de una crisis de imagen pública, de confianza interna y de presupuesto, el IFT se enfrentó en 2021 a la salida de otro comisionado: Mario Fromow Rangel, quien al término de su gestión dejó al Pleno del Instituto con solo cinco comisionados de siete que deben ser. Cinco es el mínimo necesarios para que el Instituto pueda operar de manera correcta.
Ahora, casi un año después de la salida de Fromow, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró un total desinterés en enviar propuestas de comisionados para que el Pleno del IFT pueda operar de manera correcta. Pero la semana pasada López Obrador comentó que ya contempla algunos perfiles para dichas vacantes.
Para Elena Estavillo, excomisonada del IFT, es una buena noticia que el presidente contemple enviar nombramientos de comisionados al Senado para que el IFT tenga un pleno completo y no vea limitada su capacidad de ejercer facultades. Sin embargo, advierte que López Obrador ha dejado muy claro que la asignación de perfiles es en contra de su voluntad y por la imposibilidad que advierte para desaparecer a los órganos autónomos que requieren reforma constitucional.
Es necesario que el primer mandatario envíe sus propuestas para comisionada, pues el IFT está a 6 días de quedar con sólo cuatro comisionados dentro de su Pleno. Adolfo Cuevas, actual presidente comisionado interino del IFT, terminará su gestión el próximo 28 de febrero de este año.
Si el Senado de la República no determinaba quién estará al frente del Instituto habrá un segundo interinato, a cargo de Javier Juárez Mojica, quien es el funcionario con mayor antigüedad –seis años– dentro del Pleno del Instituto.
Sin embargo, aún con Juárez Mojica, el Pleno del Instituto tendría sólo cuatro comisionados de siete, lo que pondría en riesgo temas de resoluciones de barreras a la competencia, no podrían emitir disposiciones regulatorias, se quedaría frenado su reglamento interior que establecen sus reglas internas, tampoco pueden establecer directrices ni lineamientos técnicos.
