Con ello, la separación legal de la CFE en seis subsidiarias –impulsada por la reforma de 2013– quedaría anulada. El cambio constitucional de 2013 ordenaba a la CFE su separación estricta para llevar cada una de sus actividades de manera independiente y así mejorar su rentabilidad y eficiencia de operación. Pero el gobierno actual ha asegurado que esto solo generó pérdidas económicas y de clientes. El documento solo contempla mantener la subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, creada al inicio del sexenio, pero cuyo plan permanece desdibujado. También mantiene las filiales CFEnergía, CFE International y CFE Capital.
La oposición no ha renegado de este punto. En la propuesta dada a conocer hace unos días incluyen un inciso –a petición del PRI– para dar a la estatal autonomía presupuestal y de gestión. Pero la iniciativa del presidente rebasa esos puntos y va más allá: coloca a la empresa como el principal rector de la política eléctrica, con atribuciones que incluso rebasarían a la Secretaría de Energía, que por ahora se sitúa por encima de la compañía –al menos en la teoría– en cuanto al diseño de la política en la materia.
La intención de que la estatal dirigida por Manuel Bartlett sea un participante más del mercado de generación eléctrica quedaría olvidada del todo.
La compañía tomaría la responsabilidad de planear y controlar completamente el sistema eléctrico nacional y se convertiría en la responsable exclusiva de abastecer de energía eléctrica a los consumidores, sin importar su tamaño. Con el modelo actual, sus atribuciones incluso podrían estar por encima que las de la Secretaría de Energía y no estaría bajo la vigilancia de ningún regulador.
“[La CFE] preservará la seguridad y autosuficiencia energética, así como el abastecimiento de energía eléctrica para toda la población y garantizar en consecuencia el derecho humano a la vida digna”. La empresa también ejercería una autonomía completa en el ejercicio de sus funciones y la administración de su presupuesto.
Un triunfo de Morena mañana en el pleno acabaría de facto con el mercado que se creó en 2013: se cancelarían todos los contratos con privados y los permisos actualmente en trámite. El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), que hasta ahora opera el mercado eléctrico y decide qué electricidad se sube al sistema –con base en criterios económicos–, perdería su autonomía y pasaría a ser parte de la estatal mexicana. En términos simples: la compañía que dirige Manuel Bartlett decidiría qué electricidad se usa y cuál no.
Y con ello se daría inició a la reconfiguración del sistema eléctrico: la estatal CFE compraría electricidad generada por los privados y decidiría el orden en que se subiría al sistema, con las centrales de su propiedad al inicio de la fila, sin importar la tecnología, el combustible o los costos. Aquí es donde tiene cabida uno de los puntos principales del documento: se haría asegurando que la compañía genere al menos el 54% de la electricidad y los privados el 46% como máximo.
La iniciativa ya incluye algunas advertencias: no todas las centrales actualmente en operación podrán continuar participando en las actividades de generación eléctrica. La CFE no compraría la electricidad generada en las centrales de autoabasto –el modelo que más ha sido criticado por el presidente y que es utilizado por los grandes clientes industriales– que considere han operado de manera ilegal, tampoco adquiriría la generación excedente de los Productores Independientes de Energía “derivada de los permisos sobrepuestos al permiso original de la central”.
El documento que mañana será votado dice que la CFE ejercerá un proceso de competencia entre los privados para decidir qué electricidad adquirir y “despachará en orden al mérito de costos de producción, conforme a los requerimientos de seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico nacional”. Pero esto aún es ambiguo y otorga a la compañía discrecionalidad en sus decisiones, dicen los analistas.
La eléctrica mexicana también quedaría a cargo de definir todas las tarifas involucradas en el sistema: definiría los costos derivados del uso de las redes de transmisión y distribución y las tarifas de los usuarios finales.
Hasta ahora y tras la reforma de 2013, la Comisión Reguladora de Energía tenía a cargo la definición de los costos y tarifas. En el documento inicial, presentado por el presidente a finales de septiembre se contemplaba la desaparición del regulador, pero en un último borrador se ha omitido este punto. Pero esto último aún no es claro. La permanencia del regulador se haría con una compañía –la CFE– que se se convertiría en juez y parte. El papel de la Comisión quedaría desdibujado.
La aprobación de la reforma llevaría al papel el papel que la compañía ya ha tomado desde hace algunos años. El futuro de la iniciativa aún es incierto, pero las apuestas se han volcado hacia una derrota del partido del presidente.
