El líder de la Concamin, cuyos agremiados representan el 60% del consumo eléctrico del país, advierte que obligar a las empresas a comprar energía a la CFE a precios más altos inevitablemente generará presiones inflacionarias.
"El alza no será inmediata, sería paulatina y dependería de cada sector… Ciertas industrias han sacado cuentas, la minera, por ejemplo, calcula que con esta propuesta de reforma sus costos de electricidad podrían incrementar en 20%, los cementeros también dan una cifra similar", detalla Abugaber.
44,000 mdd en riesgo y una ola de amparos a la vista
Para el líder de la Concamin, una energía más cara será sinónimo de pérdida de competitividad y un freno a la inversión privada. "Hemos sabido que empresas que estaban analizando invertir en México han puesto pausa a sus proyectos debido a la incertidumbre en materia energética", dice Abugaber, sin precisar qué empresas ni los montos que han quedado frenados.
Además, según un análisis realizado por la Concamin, la reforma Constitucional del Sector Eléctrico viola al menos dos capítulos del T-MEC: el 14 referente a Inversión y el 21 que habla de Política de Competencia.
También contraviene el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs), todas las cláusulas de protección de inversiones de tratados comerciales firmados por México, y el Acuerdo de París, en el que México se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Incumplir los acuerdos manda "una señal negativa para atraer y retener capitales", dice el análisis realizado por el organismo.
La Concamin calcula que hay 44,000 millones de dólares invertidos en capacidad instalada de generación privada y advierte que “la reforma tendría efectos confiscatorios sobre las inversiones operativas y comprometidas en los mercados de generación, suministro y comercialización”.
El organismo prevé que el cambio en las reglas dentro del mercado eléctrico detonará una oleada de controversias por el incumplimiento de los acuerdos internacionales. “Los inversionistas se verían obligados a acudir directamente a arbitrajes internacionales".
El T-MEC considera un Mecanismo de Solución de Controversias, que permite a cualquiera de los tres países firmantes –México, Estados Unidos y Canadá– emprender un proceso en el que se forma un panel de expertos para dar solución a una eventual disputa. "(Acatar) la decisión del panel es obligatorio y podría traer represalias comerciales (para México) por un monto equivalente al valor perdido por los demandantes”, dice la Concamin en su análisis.
“Vemos muy difícil que pase”
El proceso para votar la reforma eléctrica de AMLO ha comenzado en la Cámara de Diputados. El dictamen fue aprobado ayer en lo general en comisiones. Morena espera votar la iniciativa antes de que termine esta legislatura, el 30 de abril; pero los partidos de oposición presentaron una iniciativa propia y han cerrado filas para votar en contra del documento.
“Vemos muy difícil que pase (la reforma constitucional) porque se requieren 57 votos de la oposición. Vemos muy improbable que se logre”, afirma Abugaber. “Por eso decimos: vamos a sentarnos a buscar un punto de equilibrio para que podamos llegar a un acuerdo sin tener que hacer una reforma constitucional”, concluye.
