El contenido de la iniciativa no ha caído por sorpresa. Estos cambios estaban contenidos en la reforma eléctrica que ayer fue desechada en el Congreso y el presidente ya había anunciado, en una de sus tantas conferencias matutinas, la creación de una empresa estatal para la explotación del litio y había reiterado su desacuerdo con las concesiones otorgadas de manera previa. Su administración también ya ha detenido la emisión de nuevas concesiones. “Este y demás minerales que llegaran a considerarse estratégicos por razones económicas o tecnológicas no deben ser objeto de concesiones, contratos, asignaciones, permisos ni de cualquier otro acto administrativo o de derecho privado que los sustraigan del patrimonio de la nación”.
Un nuevo organismo descentralizado y no más concesiones
El documento descarta emitir cualquier licencia, permiso o asignación relacionada al mineral. Pero no toca ninguna de las concesiones otorgadas previamente. Pese a que se presume de grandes reservas, el país no ha visto resultados de ellas, todos los yacimientos aún se encuentran en fase de exploración.
Este lunes en su conferencia matutina el presidente ha comparado al nuevo organismo que se encargará de la extracción del litio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero el documento que hoy ya está en Diputados no da más detalles. El mandatario ha dicho que se tratará de una empresa estatal, que será acompañada por los centros de investigación y “con las experiencias de otros países”.
En la iniciativa se lee que se tratará de un organismo público descentralizado que tendrá el control y administración del litio y otros minerales. El Servicio Geológico Mexicano, dice el documento, auxiliará a la nueva empresa estatal a ubicar y reconocer las áreas geológicas en donde podría encontrarse el mineral.
El presidente también ha cerrado la puerta a la participación privada en la explotación del mineral. La oposición había pedido que los privados tuvieran oportunidad de ser parte de la actividad con un mecanismo parecido a las rondas petroleras, en las que compañías pudieran apostar capital, pero que el Estado mantuviera el control.
Pero el mandatario lo ha desestimado y ha sido tajante: “En México existen actividades que, por su importancia, corresponden a la nación, y ésta, a través de sus autoridades representativas, tiene la potestad de excluirlas de las reglas generales del mercado”, dice la iniciativa. “Se prohíbe que en las asignaciones mineras relativas al litio participe el capital privado”.
