Para acceder al 5G, los usuarios no solo necesitan un plan de pospago, también un teléfono que sea idóneo para esta tecnología. Y si bien los precios de los smartphones para 5G de manera paulatina bajarán sus costos, la crisis de los semiconductores sigue presionando las tarifas de estos dispositivos debido a que aún no existe el suficiente abastecimiento de chips para fabricarlos y esto está retrasando su entrada al país. Actualmente, Telcel cuenta para sus planes de prepago con equipos de fabricantes como Samsung, Huawei, Honor, Nokia, Xiaomi u Oppo, entre otros.
Jesús Romo, director de la consultora Telconomia, apunta que ante la inflación, los consumidores han empezado a moderar su gasto, privilegiando los productos de primera necesidad, por lo que el cambio de celular o la adquisición de uno para 5G será complicado por ahora. Además, la pandemia modificó los hábitos de consumo: ahora, los usuarios tardan más de dos años en cambiar su teléfono.
“La pandemia nos mostró algo bien importante sobre el gasto, porque en cuanto comenzó el impacto económico en el segundo trimestre de 2020 hubo un descenso de líneas de pospago y una baja seria en ventas de smartphones.
Con la perspectiva económica, es muy probable que los usuarios prefieran mantener el equipo que ya tienen o adecuar su plan, pero no irse a un prepago de 5G, sino tratar de mantener una tarifa que ya tienen ellos integrada en su gasto”, señala Romo.
Ante este contexto, ambos analistas aseguran que, por ahora, 5G no podrá darle más mercado móvil a la empresa controlada por Carlos Slim, pero sí mantenerlo.
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¿América Móvil con ventaja?
Para que América Móvil llegara a 5G, tuvo que tejer su red durante 10 años, desde que inició 4G. Daniel Hajj aseguró que en los últimos años la empresa se dedicó a ampliar su red de transmisión, renovar su sistema y automatizar la operación de sus redes, trasladando sus aplicaciones a la nube. Además, cuenta con más de 20,000 radiobases de las que el 95% ya tiene fibra óptica, necesaria para que la comunicación viaje más rápido
También tiene la banda de espectro 3.5 GHz, que puede explotar para dar servicios 5G por la autorización que recibió por parte del IFT en febrero de este año. Esto, a diferencia de AT&T, que cuenta con esa banda, pero no con la autorización del órgano regulador para usarla para ofertar redes de quinta generación.
Y pese a que cuenta con la mayor infraestructura en el país, los analistas consultados consideran que esto no representa un problema en términos de concentración de mercado, pues la red que tiene desplegada puede usarla AT&T, debido a que América Móvil está obligada a compartir su infraestructura como parte de las medidas asimétricas que se le impusieron por ser un agente económico preponderante (AEP).
“No creo que tenga una ventaja en sí misma solo porque tenga mayor infraestructura, si empieza a utilizar la tecnología 5G, no restringe la tecnología para los demás. Al contrario, los favorece porque esa puede ser utilizada por otros operadores”, señala Luis Fernando Borjón.
Los analistas aseguran que aunque América Móvil cuente con la mayor infraestructura, no la eximirá de enfrentar el reto del costo del espectro, pues requerirá más bandas para seguir construyendo su red 5G de manera más madura.
Los operadores de telecomunicaciones en México, como Telcel y AT&T, pagan hasta 89% más del costo total de las bandas y el derecho del espectro radioeléctrico, mientras que otros países, como Alemania, Italia, Grecia, Países Bajos y otros europeos solo solventan el 5% del costo total para acceder a las bandas, según The CIU.
La consultora señala que en México las compañías de telecomunicaciones destinan entre 22 y 30% de sus ingresos anuales por el uso y el derecho del espectro, un insumo que es la espina dorsal para que puedan dar servicios de conectividad y aumentar su presencia en el país. El año pasado, América Móvil destinó 8,606 millones de pesos por este concepto.
Este año, el IFT planea lanzar la licitación de bandas de espectro que son idóneas para 5G, como la 600 MHz, banda L y 3.5 MHz; sin embargo, corre el riesgo de que la convocatoria quede desierta, como la del IFT-10 del año pasado por el alto costo que representan.