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CFE, el camino sin la reforma

El rechazo a los cambios constitucionales en materia eléctrica no marca el fin del enfrentamiento entre el gobierno y las empresas privadas.
jue 09 junio 2022 05:00 AM
CFE, el camino sin la reforma
La CFE tiene varios arbitrajes internacionales con empresas privadas.

Los cálculos le salieron mal al presidente Andrés Manuel López Obrador. Los votos de Morena no fueron suficientes para que se aprobara lo que se califica hasta ahora como su reforma más ambiciosa: la eléctrica. La iniciativa dibujaba una Comisión Federal de Electricidad (CFE) que era al mismo tiempo juez y parte: se convertiría en la rectora de la política en la materia y en el único ente encargado de la generación, una actividad cuya exclusividad le arrebató la reforma de 2013.

Con el rechazo en la Cámara de Diputados en abril, el sector privado recibió una bocanada de aire. Que se aprobara la reforma implicaba que los cambios no podrían tener revés. Los amparos y los recursos ante la Suprema Corte –lo que ha frenado el resto de los cambios– ya no funcionarían ante esta modificación porque se haría a nivel constitucional. Los inversionistas extranjeros podrían acudir a paneles internacionales amparados por algún acuerdo comercial, los nacionales poco podrían hacer. Para el presidente y la CFE, el rechazo significó un golpe de realidad: los ambiciosos cambios no podrán implementarse en el corto plazo y quizá ni siquiera en el sexenio.

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Pero aún quedan poco más de dos años de su administración y nadie sabe qué esperar. La posibilidad de reformas secundarias, reglamentos o acuerdos sigue abierta. Aún no hay alguna señal que delate un próximo movimiento, pero la actual administración federal por eso se distingue: por sorpresas de último momento y cambios en fast track que modifican en horas las prospectivas del sector.

En algo coinciden los analistas: en los años que quedan del gobierno de López Obrador, la única constante será la parálisis del mercado. Ni las compañías privadas aumentarán sus operaciones o sus inversiones ni la CFE alcanzará la grandeza que dibuja el presidente casi cada mañana en sus conferencias desde Palacio Nacional.

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Para lo primero, la explicación es sencilla: la inversión y las centrales que se han desplegado en los últimos años son compromisos previos a 2018. Una vez iniciados los primeros cambios, el movimiento industrial se detuvo y los directivos con los que ha hablado Expansión y que pidieron no ser citados coinciden en que, por ahora, lo mejor será esperar al cambio de sexenio para retomar sus planes. “Cancelaste la inversión privada y la CFE tampoco invirtió. El estado de las cosas está prácticamente como en 2018”, dice Óscar Ocampo, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Para lo segundo, la explicación es más compleja. El presidente ha dicho que una decisión de la Suprema Corte, relacionada con no declarar como inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) de marzo de 2021, contiene el futuro de la política eléctrica. En abril pasado, en una sesión atropellada y con una metodología poco clara, la máxima autoridad judicial revivió el cambio aprobado por el Congreso, pero su ejecución aún está en veremos.

Se trata de una versión más light de la iniciativa constitucional desechada, pero que mantiene los puntos más relevantes del plan: garantizar el uso de la mayoría de las centrales propiedad de la CFE y negociar o cancelar algunos contratos con privados que fueron otorgados en sexenios anteriores: los permisos de autoabasto y de los productores independientes de energía (PIEs) que no sean considerados como un buen negocio para el Estado, sin que se sepa cuáles serán las variables para determinar esto.

Pero para que la LIE se implemente, aún falta un buen trecho: se tienen que echar abajo todas las suspensiones de los jueces –que la mantienen ahora detenida–, poner en vigor e implementar los cambios. Y luego vendrán los amparos.

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El presidente ha hecho una invitación a los privados para renegociar los contratos y evitar algunos procesos judiciales. Ninguna negociación se ha hecho pública, pero la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ya ha iniciado algunos procesos de revocación, que mantiene en discreción. En los próximos meses podrían verse algunas negativas para renovación de permisos de autoabasto o, en un caso más extremo, cancelación de autorizaciones, según han explicado abogados consultados.

La reforma estaba lejos de ser una solución para la situación de la compañía, comentan los analistas. “La empresa tiene algunos riesgos que se van a materializar en los próximos meses, pero eso no es consecuencia de no haber aprobado la iniciativa”, dice Víctor Gómez Ayala, académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Los riesgos de los que habla Gómez Ayala pueden segmentarse en tres: la falta de recursos para aumentar la inversión estatal, una mala posición financiera que incrementará derivada del aumento en el precio internacional del gas natural y un fuerte costo laboral que le resta competitividad.

Para el gobierno, los cambios resolverían los problemas financieros de una compañía que desde hace años lidia con malos resultados en su división de generación y batalla con un enorme pasivo laboral que disminuyó con la reforma de 2013, pero al que la administración obradorista ha traído de vuelta, explica Rosanety Barrios, analista del sector y crítica de las acciones de la actual administración. “¿Qué quiere CFE? Cobrar más dinero a través de generar más con sus plantas, porque sus costos son tan altos que lo que cobra no le alcanza. Lo que dice es: ‘Ese dinero que cobran las privadas por generar energía debería cobrarlo yo’”.

Los pasivos laborales de la estatal han aumentado durante el sexenio. Los costos por beneficio a empleados han crecido en 13.4% y cerraron el trimestre en 371,535 millones de pesos, ya que la dirección de la empresa determinó en 2020 dar marcha atrás a un acuerdo de 2016 que aumentaba la edad de jubilación.

Pero este no es el único argumento de los analistas para prever que la CFE no avanzará en sus planes de subir su participación en el mercado o, al menos, no con pasos firmes.

La empresa tiene algunos proyectos en puerta: seis centrales de ciclo combinado y un parque solar en Puerto Peñasco, Sonora. Pero recién serán construidos y hay pocas probabilidades de que entren en operación antes de 2024. De su avance poco se sabe, son administrados por un fideicomiso a cargo de CFEnergía, subsidiaria de la estatal que se maneja como empresa privada y que no tiene obligaciones de transparencia.

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Ahí es donde los especialistas hallan el principal fallo: la ausencia de nuevos proyectos, sobre todo, renovables con bajos costos, deja a la compañía sin armas para competir con los privados que pueden vender energía más barata en el mercado.

Posibles respuestas

El gobierno podría recurrir a la táctica que ha seguido hasta el momento: la paralización de nuevos permisos de construcción u operación, señalan los analistas consultados.

El sector privado cuenta ocho plantas pendientes de entrar al mercado porque el gobierno no ha autorizado su interconexión. El asunto no es nuevo: la CRE ha detenido los permisos desde hace un par de años y se ha alejado de su naturaleza técnica. Los especialistas dicen que esa constante seguirá.

Y ahora que la Secretaría de Hacienda dejará a Pemex dar sus primeros pasos en solitario tras un apoyo continuo, podría voltear hacia la eléctrica nacional como destino de sus apoyos.

Para este año, hay 73,000 mdp aprobados para ser entregados a la CFE por este concepto. Pero la cifra podría quedarse corta: los precios del gas natural, el principal combustible que usa la estatal, están subiendo y haber incluido las tarifas en el plan para contener la inflación aumentará la presión sobre las finanzas públicas y de la compañía, que tendría naturalmente dos opciones para compensar sus mayores gastos: incrementar su necesidad de subsidios públicos o subir sus tarifas. La segunda queda descartada.

Moody’s dijo en un reporte publicado un par de días después del rechazo a la reforma que la estatal podría recibir transferencias extraordinarias desde el gobierno, aunque estas aún son inciertas. El desempeño financiero de la CFE, dice la agencia, “seguirá siendo débil en los próximos 12 a 18 meses en medio de un entorno de precios altos de gas natural y desafíos relacionados con su programa de gasto de capital que requerirá financiamiento de deuda”.

La dinámica del mercado y el papel de la CFE penden ahora prácticamente de dos partes: las siguientes decisiones del gobierno y del poder judicial, especialmente, de los jueces especializados en competencia y de la Suprema Corte, adonde podrían llegar algunos amparos si la LIE se echa andar.

Y aquí entra una segunda constante: el sector seguirá plagado de procesos judiciales y los privados podrían presentar arbitrajes internacionales. La CFE ya suma algunos: un arbitraje con Iberdrola por la puesta en marcha de Topolobampo III y 21 juicios de arbitraje causados por problemas de pago de combustibles, según los estados financieros de la empresa.

No existe ninguna certeza, solo la premisa de que en un documento por ahora suspendido está el futuro de la relación entre el gobierno, la CFE y los privados. Pasó un año desde la aprobación de la reforma a la LIE, un año en el que se presentó, se discutió y se desechó. “Ha sido como regresar con la ficha en un juego de serpientes y escaleras, cuando caes y regresas a un punto. Estamos en el mismo punto en que estábamos en marzo de 2021”, dice Barrios.

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