Además, dice, se corre el riesgo de que el gobierno federal utilice el despliegue de la Red Compartida para ayudar a que CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos cumpla su objetivo de llevar servicios de conectividad a zonas remotas. La empresa subsidiaria de CFE se ha caracterizado desde su constitución en 2019 en ser poco transparente sobre los avances y proyectos que realiza.
“El gobierno va a tener la mayoría de las acciones de Altán y además Promtel tiene que supervisar (el despliegue de) Altán, es decir, (el gobierno) se va a supervisar a sí mismo y en esta situación claramente sí hay un conflicto de interés”, asevera Labardini.
El concurso mercantil por el que todavía atraviesa Altán Redes ha mermado la capacidad de la compañía para desplegar más infraestructura para aumentar su cobertura en el país. Durante enero y febrero de este año, el despliegue ha estado prácticamente frenado, debido a la suspensión de los servicios por parte de las compañías de torres y empresas de transporte de datos. Recientemente, también los socios tecnológicos, como Huawei, frenaron sus servicios por “la falta de pago de compromisos posteriores a la declaración de concurso mercantil”, de acuerdo con un documento del cual Expansión tiene copia.
Incluso antes de que Altán solicitara su entrada a concurso mercantil, Promtel ya había advertido el retraso de despliegue de la Red Compartida, al detectar que la empresa no cubría los avances establecidos en el contrato de convenio, aunque solo marzo fue el mes de todo 2020 en el que Altán cumplió con la meta establecida, de acuerdo con un informe de la Auditoria Superior de la Federación (ASF). Sin embargo, Promtel no hizo nada.
Este año, la Red Compartida obtuvo la aprobación del IFT para prorrogar el plazo de su meta de cobertura de 2024 a 2028.
Labardini apunta que el rumbo de Altán y los 90 MHz de la banda de 700 MHz que le arrienda Promtel a esta empresa están en juego, por ello considera necesario cambiar el título de concesión para evitar que el espectro quede otra vez detenido. Una opción, señala, es que el IFT ordene una compartición a título secundario para que las redes comunitarias o bien los operadores pequeños de zonas rurales también puedan usar ese espectro para llevar cobertura a sitios que ya lo requieren.
“Altán solo está obligado a cubrir 92.2% de la población mexicana y esto deja fuera a casi a 8% que representan 12 millones de habitantes. En estos casos Promtel, quien es el que tiene la concesión del espectro debería de regresar al Estado el espectro que no va a usar”, dice la también coordinadora de políticas públicas y regulación en América Latina y el Caribe, Rhizomatica.
Una fuente interna de Promtel que pidió no ser citada comentó a Expansión que no cambiará el título de concesión con el que opera con Altán Redes, ya que funciona bien como está estipulada. Tampoco se modificará el modelo de negocio de la compañía de la Red Compartida. “(Promtel) va seguir haciendo la supervisión que tenemos mandatada, que es una supervisión técnica de todo el despliegue y cuidando todas las aristas”, asegura la fuente.
Respecto al despliegue de infraestructura, señala que con la entrada del nuevo crédito, la Red Compartida reiniciará la operación de cobertura en el país. También se renovarán los servicios de las empresas de torres, de datos y socios tecnológicos que tenían detenida su operación por los impagos de Altán.
Al cuestionarlo si tanto Promtel como Altán pueden hacer públicos los avances del proyecto de conectividad, explica que el Organismo Promotor tiene prohibido hacerlo; sin embargo, la empresa de la Red Compartida sí está facultada para hacer pública la información que se vaya generando de su operación.
