En lo que va del sexenio, el IFT ha enfrentado reducciones presupuestarias: de 2018 a 2021, pasó de 1.9 millones de pesos a 1.6 millones de pesos, una reducción llevó al órgano regulador a plantear la cancelación o aplazamiento de proyectos en 2020 para ajustarse a lo que le fue asignado.
Además el IFT actualmente enfrenta una crisis de recursos humanos. Desde 2020, el Instituto ha trabajado con dos presidencias interinas, la primera con Adolfo Cuevas, con la que se gestó un ambiente de desconfianza al verse implicado en la propuesta de Ricardo Monreal de desaparición del regulador. Vladimir Rosas Pablo, director adscrito a la oficina del comisionado Cuevas, aparecía como autor del proyecto para eliminarlo, y en su lugar dar paso a la creación del Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (INMECOB).
En febrero de este año, y en medio de un ambiente tenso al interior del Instituto, Cuevas terminó su presidencia interina. La batuta entonces pasó al comisionado Javier Juárez Mojica, quien ha logrado recuperar la confianza dentro del Instituto. Pero la falta de designación de comisionadas aún impide que su Pleno pueda operar de manera efectiva.
Ahora sólo son cuatro de los siete que requiere el Pleno para operar, lo que impulsó un cambio en el estatuto orgánico para seguir. Pero aún está el riesgo de un paro o de barreras a resoluciones a la competencia, disposiciones regulatorias, entre otras.
Recientemente, el IFT ha jugado una nueva carta: emitir una controversia constitucional para obligar al Ejecutivo a designar a las tres comisionadas que faltan y cuyos perfiles ha desestimado varias veces. Los nombramientos en el IFT tienen una naturaleza técnica, más que política, pero la falta de asignación de perfiles por parte del Ejecutivo aún mantiene al regulador en vilo.
