“Se requerirá licencia únicamente para el despliegue, instalación, construcción, modificación o ampliación de infraestructura activa y/o infraestructura pasiva de telecomunicaciones y/o radiodifusión, así como de suministro de electricidad”.
El reglamento contempla infracciones por la suspensión de los trabajos de reordenamiento, desde infracciones de 2,000 a 10,000 unidades de medición y actualización (UMA), hasta la clausura parcial o total de obra, o la revocación de la licencia otorgada.
La industria ha asegurado que quitar toda la red que actualmente está tejida en los postes, para reinstalarla en el subsuelo, requiere abrir ductos, taparlos y pavimentar, entre otros procesos. Esto puede llevar meses e incluso años. Y en ese tiempo puede haber desconexiones o intermitencias por la migración de la red.
¿Qué dice el IFT?
Debido a la complejidad de las obras que implicará el soterramiento del cableado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha decidido presentar una demanda de Controversia Constitucional, en contra de diversas disposiciones del Reglamento para el mejoramiento del entorno urbano de Nuevo León.
El órgano regulador de las telecomunicaciones asegura que el reglamento de Nuevo León invade facultades regulatorias del Instituto, como restringir la instalación de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión para la prestación de los servicios públicos. El único facultado para hacerlo es el IFT.
“Esto puede constituir posibles barreras a la competencia que impiden o distorsionan el proceso de competencia y libre concurrencia en la provisión de servicios de telecomunicaciones a la luz de la Ley Federal de Competencia Económica”, señala el documento del IFT.
Nuevo León no es el único estado que busca obligar a los operadores de telecomunicaciones a reordenar su red. El gobierno municipal de Guadalajara también ha emitido disposiciones para soterrar la infraestructura de telecomunicaciones.
La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) promovió en diciembre un juicio de amparo en contra del gobierno municipal de Guadalajara, ya que para el organismo se debe buscar la participación de todos los actores involucrados, tanto de gobierno como industria, para establecer acuerdos que no perjudiquen la conectividad, ni el acceso de los usuarios.
Soterrar la infraestructura costaría casi 60% de las inversiones totales destinadas a las telecomunicaciones de 2021, señaló en noviembre la consultora The Ciu.
La Ciudad de México es otra de las entidades en donde se han promovido iniciativas para el reordenamiento del cableado, sin embargo, la Canieti ha logrado acuerdos con alcaldías como Álvaro Obregón para empezar el proceso.
