Los datos más recientes de la organización Climate Transparency indican que 74% de la electricidad en el país proviene de combustibles fósiles, principalmente de gas natural, mientras sólo un 23% es de fuentes renovables. De éstas, la energía hidroeléctrica es la que más aporta, pero puede tener efectos ambientales y sociales negativos dependiendo de la instalación.
De ahí que el norte del país presenta oportunidades y riesgos. Por un lado, el proyecto del Plan Sonora contempla la extracción de litio en la región, así como una planta fotovoltaica en Puerto Peñasco con una capacidad de 1,000 megawatts en alrededor de 2,000 hectáreas.
Sin embargo, para los especialistas una actividad industrial no sólo se requiere de una mayor oferta de energías renovables, sino de acciones para procurar que la infraestructura existente funcione correctamente, que en el norte puede verse comprometida ante un riesgo de mayores olas de calor. De no redoblar el paso en la materia, se ve un riesgo de continuar mandando señales de incertidumbre al mercado.
“Las decisiones de política energética afectan a varios sectores de la economía al reflejar la manera como este gobierno toma decisiones”, advierte Jorge Molina Larrondo, consultor en políticas públicas. “El riesgo de invertir en México ha aumentado en el último año por algunas decisiones de políticas públicas que han llevado a cambios inesperados en las leyes, que afectan directamente a los inversionistas extranjeros”.
En búsqueda de una política industrial
El valor que el nearshoring aportará al país aún es incierto, pero hay algunas estimaciones. El Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, estima el potencial de incremento en las exportaciones de bienes en 35,278 millones de dólares, más de la mitad de lo esperado en todo Latinoamérica y el Caribe.
Ésta oportunidad requerirá de trabajadores. Manopower estima que se generarán entre 2 y 4 millones de empleos, y detrás de cada uno hay una persona que necesitará de servicios básicos que no todas las regiones están preparadas para otorgar.
Una de las mayores preocupaciones es la disponibilidad de vivienda, sobre todo la económica y social, que ha salido del radar de los desarrolladores inmobiliarios. En los últimos cinco años la producción de esta categoría –de unos 700,000 pesos o menos– pasó de representar 45% de lo nacional a sólo un 26%. Mientras, el precio de las casas de este segmento ha subido un 80% desde 2015.
El incremento en el precio de la vivienda, aunado al alza en las tasas de interés –que ha encarecido los créditos– ha dificultado el acceso de los trabajadores a la vivienda. Y cuando hablamos de las regiones susceptibles al nearshoring, esto se puede traducir en una escasez que puede elevar los alquileres de la vivienda disponible, a la par de que encarece el costo de vida de los residentes y también de los inmuebles de otros segmentos, como la vivienda usada.
“Se estima a nivel nacional que hay un déficit de cerca de 800,000 viviendas, pero si damos foco a la parte de los mercados industriales en México, de nueva industria en la frontera norte y el Bajío, se estima que hará falta una producción de 120,000 viviendas para satisfacer las necesidades del nearshoring”, advierte Gregorio Sánchez, director corporativo de negocio de Banco Inmobiliario Mexicano.
Aunque este tipo de problemáticas resultan complejas, tampoco son imprevisibles desde una adecuada política pública.
“Una nueva actividad económica siempre va a desplazar a otra. Lo que tiene que hacer un Estado responsable es crear una red de protección social”, explica Carlos Hurtado, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. “Si es más productivo tener robots en una fábrica y se va a desplazar gente por ello, es el papel del Estado ver cómo dar un beneficio para que no se queden en la pobreza extrema”.
La creación de una política industrial que busque cómo potenciar las oportunidades y mitigar los riesgos socioeconómicos y medioambientales particulares de las regiones donde el nearshoring se abrirá paso, y que no pueden simplemente ser calcadas de las que han hecho otros países, pues debería tratarse de un traje a la medida.
“Las políticas industriales precisamente buscan generar los equilibrios que el mercado no puede por sí solo”, señala Molina Larrondo. “Su elaboración requiere tomar en consideración a todos los sectores involucrados, así como la participación del Congreso, que, se supone, conoce las necesidades de cada estado mejor que el poder Ejecutivo”.
El tren del nearshoring avanza, pero aún no hay una certeza de que todos puedan subirse a él. Para algunos, la preocupación es el costo de oportunidad de no contar con lo necesario para detonar todo el potencial de este fenómeno, mientras para otros el temor es que se logre, pero a costa de los recursos naturales y las comunidades vulnerables.
“El mayor riesgo es que, en muchos casos, hacemos esta planeación en el escritorio y no hacemos una planeación participativa, y eso es esencial. Se tiene que respetar la directiva de la OIT del consenso previo informado, de las comunidades indígenas que, en muchos casos, se obtiene sólo para cumplir un trámite y no como un verdadero proceso de escucha”, concluye Perez-Cirera.