¿Quién va a pagar el costo del ‘nearshoring’?

Las empresas implementaron dos estrategias para tratar de mitigar el riesgo de las decisiones del gobierno de Xi Jinping. Una fue el nearshoring, que consiste en mudar parte o toda la producción ubicada en China a otro país más cercano a sus centros de demanda. Otra fue China +1 (China plus one), que consiste en abrir otra planta de producción en otro país sin cerrar la que se tiene en el país asiático.

Esto ha generado una fuerte expectativa para la iniciativa privada y para el gobierno federal. Las entidades financieras, por ejemplo, estiman que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá de 1.6% a 2.5% este año, mientras el Banco de México ha sido más optimista y estima un alza de más de 3% en la economía. En prácticamente todos los casos se hace referencia al nearshoring como un impulsor de este crecimiento.

Hablar de los desafíos del nearshoring es poner el dedo en algunas de las problemáticas que el país ha arrastrado por años, en rubros que van de las políticas públicas y el Estado de derecho al cuidado y la disponibilidad de servicios básicos para la población.

Las primeras señales

El fenómeno, sin embargo, no ha tenido el mismo impacto en todos los sectores. Para un grupo muy pequeño de empresas, por ejemplo, este fenómeno comenzó antes de la pandemia, pero la mayoría estima que se dé con mayor fuerza entre 2024 y 2025. Algunos sectores incluso ven el boom de la tendencia aún más lejos, después de 2026. Pese a que las estimaciones varían, coinciden en algo: más empresas llegarán, y no hay certeza de qué México esté listo para recibirlas.

Uno de los primeros sectores donde la llegada del nearshoring ya es notoria es en el mercado inmobiliario industrial.

Pese a su tendencia mundial, en México la entrada de capital se espera en regiones y actividades muy específicas. La firma de servicios inmobiliarios Colliers ha identificado más de 70 nuevos proyectos en México durante la primera mitad de 2023, principalmente en la región norte y del Bajío, que apuntan principalmente a sectores como el automotriz, aeroespacial, eléctrico y electrónico, así como de dispositivos médicos, acero y logística.

Algo que tienen en común estas industrias es que todas requieren de naves industriales y demás infraestructura inmobiliaria. Y si de algo carecen las regiones propensas a recibir inversiones en este momento son metros cuadrados para albergar producción, sobre todo en la franja fronteriza, donde buscan instalarse los almacenes para disminuir al máximo la distancia con Estados Unidos.

La escasez ha escalado a tal nivel que las tasas de disponibilidad del lado mexicano de la frontera oscilan entre 0% y 1.7%, mientras que del lado estadounidense van de 1.3% a 5.5% debido al costo de renta por metro cuadrado, que llega a ser tres veces superior al mexicano, dependiendo de la región.

La saturación del mercado fronterizo se ha acentuado en ciudades como Tijuana y Ciudad Juárez, que prácticamente no tienen inventario industrial. El peso del nearshoring es tal, que la firma CBRE estima que la demanda originada desde este segmento creció en más del doble en 2022 respecto al año previo, lo que no sólo ha presionado los precios –que han subido alrededor de 20% en los últimos nueve meses, según datos de la consultora–, sino que también ha llevado a las empresas a replantear su estrategia.

“Para las empresas viene este tema de: ‘si están saturado estos mercados, ¿qué hacemos? Nos esperamos a que haya nuevo producto en el mercado y encontramos soluciones, esperamos nuestra bodega, nave industrial, o buscamos otros mercados’”, explica Francisco Muñoz, vicepresidente ejecutivo de CBRE México Industrial y Logística.

A falta de naves industriales, la solución parece obvia para el mercado: construir más. Pero el levantamiento de más infraestructura podría traer un consumo de recursos naturales a regiones que ya se encuentran altamente presionadas por ello.

Uno de los focos rojos es en la disponibilidad de agua. Actualmente 11 estados tienen una alta exposición al estrés hídrico, entre los que se encuentra gran parte de las regiones candidatas a albergar a más empresas en los siguientes años, como Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Aguascalientes, entre otros. Además, para entidades como Nuevo León y San Luis Potosí, la exposición es moderada, según un análisis de S&P Global Sustainable1.

En un reporte, la firma ve que el crecimiento demográfico y las actividades económicas amplifican la vulnerabilidad al estrés hídrico, que podría extenderse a 20 entidades para 2050. Aunque la actividad de mayor consumo de agua es la agricultura –que no es uno de los sectores con mayor expectativa de crecimiento–, hay otras que forman parte del nearshoring y son intensivas en su uso, como la fabricación de automóviles, los productos químicos y la industria textil, e incluso la generación de energía industrial en algunos casos.

“Considerando que todavía hay lugares donde no se tiene acceso al agua, antes de hablar de usar los recursos para el nearshoring deberíamos asegurar el acceso a servicios públicos de calidad para la población”, advierte Vanessa Perez-Cirera, directora del Centro de Economía del World Resources Institute (WRI). Se calcula que entre 5.7 y hasta 12 millones de personas no tienen acceso al agua en México, según datos del INEGI e instituciones académicas.

La falta de naves industriales ha llevado a las empresas a mirar a otras regiones, como Guadalajara, que en el primer trimestre del año concentró 47% de la demanda, equivalente a alrededor de 77,000 metros cuadrados. “Lo anterior nos indica que empieza la llegada del nearshoring a las zonas centrales del país derivado de la falta de espacios en el norte”, explica Muñoz.

El sueño de un nearshoring verde

El gobierno federal ha tenido posturas ambivalentes en cuando al uso de energías renovables y sostenibilidad.

Por un lado, a finales del año pasado se anunció una meta más ambiciosa para la reducción de gases de efecto invernadero hacia 2030, que pasó de un objetivo de 22% a 35% como parte de un proyecto conjunto de inversión con Estados Unidos.

Sin embargo, el poder Ejecutivo ha librado una constante pelea contra compañías energéticas como Iberdrola , a la que impuso una multa por 467 millones de dólares por vender excedentes de energía eléctrica a terceros y no a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La sanción se dio unos meses antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara la compra de 13 plantas de energía eléctrica a Iberdrola, que serán operadas por la CFE.

Cuando hablamos del nearshoring, el rubro energético es un problema. De hecho, para los parques industriales es el principal, pues, según una encuesta de BBVA Research realizada entre miembros de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, un 91% ha reportado afectaciones con la oferta de energía.

Luis Manuel Hernández, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), ve en el entorno energético una de las mayores barreras para atraer inversiones, sobre todo ante la falta de permisos para la generación de energía, que se han dado a cuentagotas y que limitan la oferta de energías limpias.

“Como no tenemos la infraestructura energética disponible, las empresas no se van a esperar a 2024 o cuando el gobierno decida abrir las puertas de CFE y de la CRE para venir”, señala. “Tenemos un desafío de energía y riesgos al medioambiente, que choca con los objetivos ESG [ambientales, sociales y de gobernanza, por su sigla en inglés] de las empresas”.

Los datos más recientes de la organización Climate Transparency indican que 74% de la electricidad en el país proviene de combustibles fósiles, principalmente de gas natural, mientras sólo un 23% es de fuentes renovables. De éstas, la energía hidroeléctrica es la que más aporta, pero puede tener efectos ambientales y sociales negativos dependiendo de la instalación.

De ahí que el norte del país presenta oportunidades y riesgos. Por un lado, el proyecto del Plan Sonora contempla la extracción de litio en la región, así como una planta fotovoltaica en Puerto Peñasco con una capacidad de 1,000 megawatts en alrededor de 2,000 hectáreas.

Sin embargo, para los especialistas una actividad industrial no sólo se requiere de una mayor oferta de energías renovables, sino de acciones para procurar que la infraestructura existente funcione correctamente, que en el norte puede verse comprometida ante un riesgo de mayores olas de calor. De no redoblar el paso en la materia, se ve un riesgo de continuar mandando señales de incertidumbre al mercado.

“Las decisiones de política energética afectan a varios sectores de la economía al reflejar la manera como este gobierno toma decisiones”, advierte Jorge Molina Larrondo, consultor en políticas públicas. “El riesgo de invertir en México ha aumentado en el último año por algunas decisiones de políticas públicas que han llevado a cambios inesperados en las leyes, que afectan directamente a los inversionistas extranjeros”.

En búsqueda de una política industrial

El valor que el nearshoring aportará al país aún es incierto, pero hay algunas estimaciones. El Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, estima el potencial de incremento en las exportaciones de bienes en 35,278 millones de dólares, más de la mitad de lo esperado en todo Latinoamérica y el Caribe.

Ésta oportunidad requerirá de trabajadores. Manopower estima que se generarán entre 2 y 4 millones de empleos, y detrás de cada uno hay una persona que necesitará de servicios básicos que no todas las regiones están preparadas para otorgar.

Una de las mayores preocupaciones es la disponibilidad de vivienda, sobre todo la económica y social, que ha salido del radar de los desarrolladores inmobiliarios. En los últimos cinco años la producción de esta categoría –de unos 700,000 pesos o menos– pasó de representar 45% de lo nacional a sólo un 26%. Mientras, el precio de las casas de este segmento ha subido un 80% desde 2015.

El incremento en el precio de la vivienda, aunado al alza en las tasas de interés –que ha encarecido los créditos– ha dificultado el acceso de los trabajadores a la vivienda. Y cuando hablamos de las regiones susceptibles al nearshoring, esto se puede traducir en una escasez que puede elevar los alquileres de la vivienda disponible, a la par de que encarece el costo de vida de los residentes y también de los inmuebles de otros segmentos, como la vivienda usada.

“Se estima a nivel nacional que hay un déficit de cerca de 800,000 viviendas, pero si damos foco a la parte de los mercados industriales en México, de nueva industria en la frontera norte y el Bajío, se estima que hará falta una producción de 120,000 viviendas para satisfacer las necesidades del nearshoring”, advierte Gregorio Sánchez, director corporativo de negocio de Banco Inmobiliario Mexicano.

Aunque este tipo de problemáticas resultan complejas, tampoco son imprevisibles desde una adecuada política pública.

“Una nueva actividad económica siempre va a desplazar a otra. Lo que tiene que hacer un Estado responsable es crear una red de protección social”, explica Carlos Hurtado, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. “Si es más productivo tener robots en una fábrica y se va a desplazar gente por ello, es el papel del Estado ver cómo dar un beneficio para que no se queden en la pobreza extrema”.

La creación de una política industrial que busque cómo potenciar las oportunidades y mitigar los riesgos socioeconómicos y medioambientales particulares de las regiones donde el nearshoring se abrirá paso, y que no pueden simplemente ser calcadas de las que han hecho otros países, pues debería tratarse de un traje a la medida.

“Las políticas industriales precisamente buscan generar los equilibrios que el mercado no puede por sí solo”, señala Molina Larrondo. “Su elaboración requiere tomar en consideración a todos los sectores involucrados, así como la participación del Congreso, que, se supone, conoce las necesidades de cada estado mejor que el poder Ejecutivo”.

El tren del nearshoring avanza, pero aún no hay una certeza de que todos puedan subirse a él. Para algunos, la preocupación es el costo de oportunidad de no contar con lo necesario para detonar todo el potencial de este fenómeno, mientras para otros el temor es que se logre, pero a costa de los recursos naturales y las comunidades vulnerables.

“El mayor riesgo es que, en muchos casos, hacemos esta planeación en el escritorio y no hacemos una planeación participativa, y eso es esencial. Se tiene que respetar la directiva de la OIT del consenso previo informado, de las comunidades indígenas que, en muchos casos, se obtiene sólo para cumplir un trámite y no como un verdadero proceso de escucha”, concluye Perez-Cirera.