Sin embargo, advirtió que de no obtener el presupuesto solicitado, el regulador podría enfrentar riesgos operativos. “La política de gasto del Instituto que se basa en la generación de resultados tangibles para la sociedad mexicana busca recuperar la brecha ocasionada en 2019 al verse disminuido considerablemente el presupuesto asignado; ajustándose al entorno en materia de austeridad y remuneraciones de los servidores públicos”, dice el IFT en el documento de anteproyecto de presupuesto.
Un sexenio marcado por las reducciones presupuestarias
Desde el comienzo del sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mostrado su desacuerdo con la tarea de los organismos autónomos como es el caso del IFT, a quien incluso ha amagado con su desaparición. En 2020, Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena en el Senado, propuso fusionar a la Cofece con el IFT para disminuir el gasto de ambos reguladores. Aunque la iniciativa no avanzó, sí se convirtió en un factor de inestabilidad para el regulador de las telecomunicaciones.
En lo que va del sexenio, el IFT ha enfrentado reducciones presupuestarias: de 2018 a 2021, pasó de 1.9 millones de pesos a 1.6 millones de pesos, una reducción que llevó al órgano regulador a plantear la cancelación o aplazamiento de proyectos en 2020 para ajustarse a lo que le fue asignado.
En 2022, el regulador recibió 1,560 millones de pesos y para 2023 se le asignaron recursos por 1,700 millones de pesos, según datos de Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 y 2023 (PPEF).
Además de la crisis presupuestaria, el IFT se enfrentó a una reducción en el número de comisionados, operando con solo cuatro de los siete requeridos para su Pleno. Esto llevó al regulador a modificar su estatuto orgánico para evitar limitaciones en decisiones sobre competencia y regulaciones.
El año pasado, el IFT emitió una controversia constitucional para forzar al Ejecutivo a designar a las tres comisionadas que faltan, a pesar de que sus perfiles han sido rechazados en varias ocasiones. Aunque los nombramientos en el IFT son principalmente técnicos en lugar de políticos, la falta de asignación de perfiles por parte del Ejecutivo sigue siendo un asunto preocupante para el regulador.
