El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha celebrado su décimo aniversario en el país, enfrentando diversos desafíos. En los últimos cinco años, este órgano regulador de las telecomunicaciones ha buscado preservar su autonomía en medio de una serie de críticas por parte del Ejecutivo en cuanto a su desempeño como regulador del sector. Sin embargo, uno de los desafíos más apremiantes que enfrenta es completar su Pleno, ya que solo cuenta con cuatro de los siete comisionados requeridos para llevar a cabo sesiones y tomar decisiones clave para la industria.
El proceso de selección de comisionados del IFT, establecido en el artículo 28 de la Constitución, señala que el Ejecutivo Federal debe elegir a los candidatos a partir de una lista proporcionada por el Comité de Evaluación, compuesto por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Banco de México. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador ha rechazado las tres ternas de comisionadas del IFT, argumentando que el listado proporcionado por el Comité de Evaluación carece de validez, ya que sólo fue emitido por dos de los tres miembros que deben formar parte del comité.
Los nombramientos de los comisionados del IFT deben tener un carácter técnico más que político, y sus funciones tienen una duración de nueve años. Javier Juárez Mojica, presidente interino del Instituto, es el funcionario del Pleno que se acerca al final de su mandato, ya que en 2025 habrá cumplido nueve años como comisionado, el período máximo para dicho cargo. Sin embargo, si no se realizan los nombramientos de las tres comisionadas faltantes en los próximos dos años, el Pleno podría quedarse con solo tres funcionarios, lo que complicaría la toma de decisiones en áreas de competencia económica, uno de los aspectos más cruciales para el regulador.
Hasta el momento, los recursos legales empleados por el Instituto no han tenido éxito para cambiar su situación, incluso el presidente López Obrador mencionó este año la posibilidad de dejar como tarea para la próxima administración la eliminación del IFT. Sin embargo, el presidente interino del regulador de las telecomunicaciones ha defendido la controversia constitucional como el medio adecuado para lograr los nombramientos pendientes de las comisionadas, y ha destacado que este recurso legal fue clave para que otras instituciones, como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), completaran su Pleno con los funcionarios necesarios.
Además de la visión del presidente interino del IFT, Arturo Robles defendió que la operación de un ente autónomo y técnico ha arrojado mejores resultados en términos de conectividad y radiodifusión en comparación con la época en que formaba parte de un solo poder, es decir, la extinta Cofetel, que estaba bajo la jurisdicción de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
"Anteriormente, se presentaba un conflicto de intereses, y las decisiones se tomaban en función de las políticas y decisiones de la administración en turno. Sin embargo, más allá de la opinión que pueda tener el poder Ejecutivo, la Constitución establece que el IFT debe estar compuesto por siete comisionados, y seguiremos defendiendo esta postura", dice.
En la actualidad, el Instituto está a la espera de la resolución de la controversia constitucional, lo que proporcionaría mayor certidumbre sobre la operación de un ente autónomo que ha estado en el punto de mira de la administración actual con la intención de debilitarlo.
