Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), destacó los impactos negativos de la medida, entre ellos una sobrereoferta en el mercado de vehículos usados.
“Esta acción vendrá a incrementar el impacto al mercado interno, ya que no ha habido ninguna acción para acabar con la corrupción de funcionarios de todos los niveles que continúan permitiendo el ingreso ilegal de vehículos usados extranjeros al país, circular por ciudades y carreteras federales para su venta en vía pública y tianguis”, comentó.
En la conferencia presidencial de este viernes, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que la medida resultó de una petición realizada en Baja California, por alrededor de 2,500 propietarios de este tipo de unidades irregulares. “Inician con letra y no con número, porque provienen de Europa o de Asia, entonces buscamos el cómo sí proceder a la regularización de miles de vehículos”,dijo.
Desde inicios de marzo del año pasado –cuando comenzó la medida en el país– y hasta el momento, se han regularizado 1,874,338 vehículos. La cifra supera la expectativa de la venta total de autos nuevos para este año, que ronda en poco más de 1.3 millones de unidades, según las perspectivas de la AMDA.
El organismo se ha pronunciado en contra de esta medida desde que inició el año porque considera que estos autos ingresaron al país de manera “ilegal” y fomentan el crimen organizado al facilitar la adquisición y transacción de automóviles irregulares en el país.