El gobierno federal ha utilizado como principal argumento los daños ambientales que asegura produce la actividad y un gasto excesivo de agua que, dice, utiliza la industria. “Es claro que la actividad minera a cielo abierto transgrede derechos humanos al afectar el derecho a un medio ambiente sano y a la protección de la salud”, dice el texto. “Las afectaciones más significativas se materializan en las comunidades y pueblos cercanos a las zonas de proyectos al colocarlos en una situación de vulnerabilidad y desigualdad en diversos contextos”.
El ejecutivo ha dejado de lado la minería de tiro o de hoyo –que se hace en el subsuelo–, la otra modalidad bajo la cual se extraen metales y minerales. La iniciativa no menciona en ningún momento otro tipo de minería y no explica por qué ha decidido sólo enfocarse en la minería a cielo abierto. Los especialistas aseguran que no existe un tipo de minería más o menos dañina que otra y que el texto no muestra evidencia ni argumentos suficientes para sólo pronunciarse al respecto de una.
Pero las minas más antiguas y más grandes del país utilizan la modalidad a cielo abierto. La Secretaría de Economía tiene el registro de 264 minas a cielo abierto, la mayoría se encuentran en Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí y Chihuahua. Las grandes minas como Peñasquito, de Newmont Goldcorp, y Buenavista del Cobre, de Grupo México, funcionan bajo este mecanismo.
La decisión de si utilizar o no minería a cielo abierto u otra modalidad se define una vez hecho los estudios de suelo, dice un analista. “Desde el punto de vista minero, no es caprichoso que una mina se trabaje a tajo abierto o como una perforación se vaya ampliando. Eso depende de la distribución del mineral en la tierra”, explica Héctor Herrera, especialista en derecho ambiental y litigio y socio del despacho Herrera y Sato. “El lenguaje que se utiliza pareciera que prohíbe una [forma de minería] y permite la otra, pero la realidad es que no. La realidad es que prohíbe de facto todo porque te hace inviable la actividad. Ningún inversionista solicitaría una concesión minera porque no sabría qué tipo de mina tendría que hacer al final”.
El especialista explica que las compañías mineras no piden una concesión ya sabiendo qué tipo de infraestructura tendrán que utilizar, sino que ésta se decide una vez que se han hecho estudios de exploración del terreno.
Los analistas prevén que el planteamiento de esta iniciativa de reforma confrontará de nueva cuenta a grandes grupos económicos con el presidente, como Grupo México o Industrias Peñoles. Pero también dicen que el texto es muy general y ambiguo como para que desde ahora se entiendan todas las consecuencias o acciones que se desprenderán si se aprueba la reforma.
Desde el inicio del sexenio, el gobierno federal no ha otorgado nuevas concesiones mineras. Pero hasta ahora, esto sólo ha sido de facto y sin ninguna ley que sustente la decisión. La iniciativa busca elevar esta negativa hasta nivel constitucional, aunque el partido del presidente no tiene la mayoría calificada en ninguna de las cámaras del legislativo.
