Así, la petrolera podría concentrarse en sus 25 campos más productivos –como Ixachi, Quesqui, Xanab y el activo de Ku-Maloob-Zaap– que representan 85% del valor de su portafolio y 76% de su producción.
“El resto de campos, la realidad son migajas y no son ideales para ser operadas por una empresa como Pemex, que no es particularmente eficiente y cuando tienes 350 campos se complican todavía más la circunstancias de la petrolera”, completa Medina.
Los 164,000 millones de dólares que la consultora calcula que la petrolera podría obtener resultarían de la venta de los campos y un aumento en los ingresos provenientes de los impuestos que pagarían los privados por el petróleo extraído.
El estudio de Welligence defiende dos elementos: Pemex podría quedarse con campos selectos por su importancia estratégica y solo invertir en los campos con alto nivel de producción; y los privados podrían traer más experiencia técnica y recursos financieros para los campos de baja producción.
Jorge Islas, el académico que está al frente de la estrategia energética de Claudia Sheinbaum, ha dicho que, de ganar, la candidata no considera ningún plan de venta de algunos de los activos de la petrolera. En cambio, el equipo de Xóchitl Gálvez, la segunda en las encuestas, ha mostrado una intención por ser más abierta con los inversores privados e incluirlos en el plan de la petrolera.
La brasileña Petrobras ha utilizado ya esta estrategia. Se deshizo hace unos años de algunas de sus verticales como el de transporte de gas licuado de petróleo y la reducción de 255 a 98 campos por los que obtuvo 23,000 millones de dólares. La estatal argentina YPF también quiere lanzar un plan similar con la venta de 50 campos maduros –similares a los que se ha enfocado Pemex–.
Pemex tiene una deuda que supera los 101,000 millones de dólares. Y ha tocado un máximo de 113,000 millones de dólares en algún momento del sexenio. Pero la estrategia que ha usado el gobierno para reducir los pasivos se ha basado en inyectar capital a la petrolera y hacerse cargo de sus amortizaciones. Y la administración obradorista descartó, desde el inicio, deshacerse de algunos de sus activos para concentrarse en los que más le son rentables.