Pocas compañías lograron hacer negocios en los últimos seis años: Grupo Carso, la estadounidense New Fortress Energy, la canadiense TC Energía, el grupo francés Engie y otras pocas que se suman a la lista lo han hecho prácticamente en el último año. El resto, coinciden empresarios entrevistados, prefirieron atravesar el sexenio en el anonimato, con un perfil bajo y reduciendo también la apuesta de sus inversiones, dejándolas estáticas, llevándolas hacia otros destinos o, incluso, cambiando su giro de negocio.
“México de pronto dejó de ser opción. Nadie quería ser el próximo Iberdrola”, dice el directivo de una compañía que participó en las subastas eléctricas y que durante el sexenio se ha quedado con un par de proyectos en fase de planeación y con la inversión detenida. La fuente hace referencia al caso de la empresa española que se convirtió en el símbolo de las diferencias entre la administración presidencial y el capital privado.
Para muestra de lo tensa que se tornó la relación bastan los datos. La inversión extranjera directa en el sector eléctrico, uno de los indicadores clave del desempeño económico y publicado por la Secretaría de Economía, se desplomó en los últimos años. La cifra más alta se logró en 2018, como parte de la inercia de transacciones por las subastas eléctricas de años anteriores, cuando alcanzó los 4,125 millones de dólares. Para 2023, el último dato anual disponible, la narrativa fue totalmente distinta y la cifra que se reportó fue negativa, con una desinversión de 93 millones de dólares, según los datos oficiales. El energético fue el único sector que registró un saldo en números rojos.
Altagracia Gómez, presidenta de Grupo Empresarial PEO, uno de los conglomerados más importantes del país, fue la encargada del lado de Sheinbaum de hablar con los representantes del sector. Meses después, ya ha sido nombrada como coordinadora del Consejo Asesor Empresarial de Sheinbaum. El diálogo fue fluido y se prestó a la escucha, dicen quienes se reunieron con ella y el resto de representantes de la próxima presidenta. Jorge Islas, el académico que lideró los esfuerzos para el sector energético, pero que todavía no figura en el gabinete de Sheinbaum, lo hizo también desde una posición de apertura y conciliación, relatan las fuentes, entre las que se encuentran empresarios y representantes de organizaciones gremiales.
“La parte del diálogo ha sido importante, creo que a muchos nos dejó la sensación de que habría una apertura o cambio de rumbo. El nombramiento de Altagracia Gómez ha sido un gran acierto, pero el problema recae en los mensajes cruzados. Hasta antes de la elección teníamos una idea distinta de lo que nos planteamos ahora”, dice el CEO de una compañía que durante el sexenio decidió enfocarse en soluciones relacionadas con el abastecimiento de agua, en lugar del mercado de generación eléctrica, el que más crecía hasta 2018.
“La apertura [hacia empresas privadas] se va a definir hasta que ellos entren en funciones, hacia finales de este año”, dice Merlin Cochran, director de la Asociación Mexicana de Hidrocarburos (Amexhi). “Lo que sí sabemos es que hacia finales de la administración [de Claudia Sheinbaum] se van a estar cosechando los principales resultados de la reforma energética”. Cochran se refiere a proyectos como el campo Trión y el Zama, las dos grandes promesas del sector privado para mantener la producción nacional. El sector petrolero, uno de los que más ha sido puesto a prueba en el sexenio, no ha logrado mantener la producción de crudo por encima de los 100,000 barriles diarios, uno de los grandes argumentos del obradorismo para mantener cerrado este mercado.
Algunas de las fuentes han decidido hablar bajo anonimato porque durante el sexenio muchas se convirtieron en sujetos de constantes señalamientos. Desde esto último ha nacido la sombra de la desconfianza, que aumenta a medida de que el famoso ‘plan C’, impulsado por López Obrador para continuar con su visión política y económica y que Sheinbaum ha abrazado como parte de sus planes a futuro, está cada vez más presente en la agenda presidencial que se pondrá en práctica en octubre.
Para el sector energético, esto último incluiría la aprobación de una reforma que quitaría a la CFE y a Pemex la figura de empresa productiva del Estado para convertirlas en compañías públicas, restándoles la responsabilidad de reportar rentabilidad.
Una de las razones detrás de esto, dicen los especialistas, es asegurar el papel de generación eléctrica de la CFE y la participación del 54% planteada por López Obrador. Los cambios al Poder Judicial también preocupan al sector, que ven en estas modificaciones una menor posibilidad de tener certeza jurídica, su más grande preocupación y demanda en el sexenio.
Pero dentro de todo lo complejo, algunos empresarios aseguran que encuentran una fuente de motivación, el hecho de que la nueva presidenta sea experta en eficiencia energética y el perfil de la producción eléctrica que podría impulsar. "Sabemos que había decisiones que estaban muy vinculadas a la ideología, pero no vemos mal que se siga impulsando la soberanía energética", dice Luis Stone, el director de la empresa ErgoSolar. "Definitiva será un mejor sexenio". Stone dice esto con base a las declaraciones que se han dado respecto a Pemex y como la compañía tendría como base dos caminos: la reducción de deuda y el impulso a energías limpias.
Cambios en el juego
La primera carta se echó al tablero. Sheinbaum ya nombró a la persona que dirigirá la CFE, Emilia Esther Calleja Alor. Un perfil técnico, administrativo y sin un papel en el juego político. La primera parte da a los analistas la señal de un cambio en el rumbo de cómo se ha llevado la estatal y les hace pensar que en el próximo sexenio las decisiones se tomarán desde una postura técnica y no política, como se ha hecho en la administración de López Obrador.
