Uno de los principales puntos de fricción es el papel de Pemex en el control de precios. Según el documento oficial del acuerdo, la petrolera estatal deberá establecer un precio mayorista nacional en sus terminales de almacenamiento y distribución para facilitar el cumplimiento del precio tope. Esto significa que Pemex tendrá que ajustar su estrategia comercial para que sus franquiciatarios y clientes puedan vender la gasolina a 24 pesos sin comprometer su rentabilidad.
Alejandro Montufar, CEO de PETROIntelligence, advierte que el principal problema de la medida es que no todos los jugadores del mercado tendrán las mismas condiciones. “Habrá una competencia extraña, porque vas a ver estaciones de Pemex con precios más bajos debido al subsidio en el mayoreo, pero también estaciones con precios más altos porque las petroleras privadas no recibirán el mismo apoyo”, señaló en entrevista con Expansión.
Una presión a los márgenes y mercado negro
La estructura de costos de la gasolina es otro factor que complica la viabilidad del acuerdo. De acuerdo con estimaciones del sector, cerca del 50% del precio final del combustible proviene de la cotización internacional del petróleo, mientras que un 40% está relacionado con impuestos, como el IEPS y el IVA. El margen de maniobra para los gasolineros se reduce a un 10%, lo que limita su capacidad de absorber fluctuaciones en los costos sin afectar su rentabilidad.
El acuerdo establece que el diferencial entre el precio mayorista y el minorista no debe exceder los dos pesos sin considerar el IVA. Sin embargo, Montufar sostiene que muchas estaciones requieren márgenes superiores para operar sin pérdidas. “Más de la mitad de las estaciones necesitan un margen mayor a dos pesos para ser rentables. Si los empresarios no pueden trasladar el costo al consumidor, tendrán que reducir su utilidad, despedir personal o bajar la calidad del servicio”, advirtió.
El impacto en la inversión es otro punto de preocupación. Desde la apertura del mercado energético en 2017, compañías privadas han invertido en infraestructura para la importación, distribución y comercialización de combustibles. Sin embargo, el tope de precios genera incertidumbre sobre la viabilidad de nuevas inversiones en el sector.
"Acuerdo voluntario"
Además, el acuerdo llega en un momento de transformación regulatoria. La desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en proceso dentro del Congreso, podría debilitar la supervisión del mercado y reducir la capacidad del sector privado para impugnar decisiones que afecten la competencia.
Luis Miguel Labardini, socio de Marcos y Asociados, considera que la falta de un mecanismo de supervisión robusto podría provocar problemas como el contrabando de combustible. “Topar un precio en cualquier mercado no es la mejor opción para solucionar un problema de volatilidad de corto plazo en los precios. Creo que podría haber otras soluciones, siempre y cuando hubiera una supervisión adecuada por parte de los organismos del gobierno que estaban dedicados a supervisar el funcionamiento del mercado”, añade en entrevista con Expansión.
La vigencia del acuerdo es de seis meses, con evaluaciones periódicas para determinar su efectividad. No obstante, persiste la inquietud de que la medida se convierta en una política permanente o que se amplíe su aplicación a otros sectores energéticos.
Si bien, la iniciativa es aún un acuerdo voluntario, las alertas se encienden ante la posibilidad de que esto se vuelva algo obligatorio, lo que terminaría causando mayores repercusiones en el sector, más aún considerando que solo alrededor de un 10% de las estaciones fueron las que firmaron el acuerdo.
“Si este acuerdo voluntario se transforma en disposiciones de carácter general en precios máximos, lo único que va a pasar es que se va a ayudar al contrabando, porque con un precio máximo en 24 pesos, más de la mitad de las estaciones no van a poder operar o van a cerrar y va a haber desabasto, o lo que van a hacer es voltear a ver soluciones rápidas para bajar los costos”, concluye Montufar.
