Un calendario acelerado para recuperar seis años de parálisis
Carlos Flores, experto en temas de energía, considera que uno de los puntos positivos es que los procesos para la selección y asignación de los permisos sean en un corto tiempo, en el contexto de que el país vivió una parálisis en el desarrollo de proyectos de manera masiva por casi seis años, pero que parece por fin revertirse con la actual administración.
“El gobierno parece ser consciente, por fin, de la importancia de los privados. Parecen ser conscientes de que no habrá suficiente suministro eléctrico sin la participación privada. Y en ese sentido, lo que veo muy positivo es la prisa”, aseguró.
Esa “prisa”, añadió, no es solo administrativa. Representa también la urgencia de cumplir metas de capacidad instalada que, de no ejecutarse rápido, serían imposibles de alcanzar antes del fin del sexenio. “Si bien se tardaron ocho meses en publicar los reglamentos y parecía que el resto de la normativa y reglas de participación se tomarían también un tiempo, pues ya vemos que no, solo fueron dos semanas”, detalló.
El margen disponible para inversión privada ronda los 6,000 megawatts (MW) de nueva capacidad, que deberán desarrollarse en seis regiones del país, principalmente mediante proyectos fotovoltaicos y eólicos. Estas centrales se ubicarán en zonas previamente definidas por la Sener, con base en criterios técnicos de disponibilidad de red y demanda proyectada.
En términos de planeación, el proceso incluye cinco etapas, desde la manifestación de interés hasta la aprobación de permisos, que deberán concretarse entre octubre y diciembre. A partir del 12 de diciembre iniciará la ejecución y seguimiento de los proyectos seleccionados.
Para los inversionistas, esta convocatoria representa la primera apertura formal en años. “Ya se tiene una estructura más clara para que los privados presenten proyectos, reconociendo la necesidad de inversión privada para alcanzar los objetivos del propio Plan de Desarrollo”, señaló Edmond Frederic Grieger, socio de la firma Von Wobeser y Sierra y responsable de las prácticas de Energía y Recursos Naturales, y Ambiental.
Sin embargo, la prisa gubernamental también genera incertidumbre. Si bien las bases de participación y los plazos están definidos, los criterios técnicos y metodológicos que determinarán qué proyectos se aprobarán todavía no han sido publicados.
Reglas claras
Grieger explicó que aún faltan disposiciones complementarias que precisen cómo la Comisión Nacional de Energía (CNE) evaluará la alineación de los proyectos con la planeación vinculante. La falta de claridad es especialmente sensible en los temas de interconexión y priorización de regiones con limitaciones de red.
“Lo interesante en esta etapa no será tanto el diseño del modelo —que ya está trazado—, sino observar cómo se aplican los criterios referidos para otorgar los permisos de generación y si ello permite un proceso ordenado, competitivo y predecible para los inversionistas”, puntualizó el abogado.
Flores coincidió en que la rapidez de los anuncios podría jugar en contra si las reglas no se explican pronto. “Es bueno que tengan prisa, pero en realidad los lineamientos que nos ayuden a entender este proceso deberían haberse publicado primero, antes de lanzar la convocatoria, para que todo mundo tuviera claras las reglas”, señaló.
La duda central, agregó, es cómo la Secretaría de Energía decidirá entre proyectos que tengan condiciones técnicas equivalentes. “A ciencia cierta no sabemos cómo es que, en iguales circunstancias de proyectos, la Secretaría va a determinar asignar a uno u a otro”, apuntó.
Para los desarrolladores, la incertidumbre regulatoria puede implicar riesgos financieros. Los inversionistas deberán asumir desde etapas tempranas los costos de estudios de interconexión y obras de refuerzo, sin saber con precisión si sus proyectos serán finalmente seleccionados.
“Estamos pasando del mercado abierto de la reforma de 2013 a un esquema de planeación centralizada, donde el Estado, a través de la Sener, retoma la rectoría del sistema eléctrico. No obstante, la certidumbre sigue siendo parcial”, dijo Grieger.
El nuevo esquema, añadió, traslada riesgos relevantes al inversionista, al exigirle participar en un procedimiento expedito y asumir, desde etapas tempranas, costos de desarrollo, interconexión y obras de refuerzo que resultan difíciles de prever dentro de plazos tan reducidos.
Aun con esos matices, los especialistas coinciden en que la convocatoria representa una señal institucional después de años de incertidumbre. La creación de un espacio formal para que los privados participen en la expansión eléctrica del país es, en sí misma, un cambio de tono en la política energética. Pero el reto, advierten, será que esa participación ocurra bajo reglas claras, predecibles y financieramente sostenibles.
