Huerta explicó que las organizaciones con las que trabaja brindan el servicio móvil a colectivos y organizaciones civiles que, en muchos casos, participan en la defensa del territorio y han enfrentado procesos de persecución, por lo cual la centralización de la información personal podría convertirse en una herramienta de persecución más que de protección.
Estas preocupaciones se inscriben en un contexto nacional marcado por prácticas de vigilancia y violencia contra defensores de derechos humanos. México ha sido señalado por el uso de sistemas de espionaje como el software israelí Pegasus para vigilar a activistas, periodistas y defensores, mientras que la violencia contra quienes protegen el medio ambiente y el territorio continúa en aumento.
Tan solo en 2024, los asesinatos de defensores ambientales crecieron 25%, al registrarse 25 homicidios, cinco más que en 2023, colocándose como la segunda cifra más alta de la última década. Además, esta situación ubicó al país como la tercera nación más peligrosa para la defensa del medio ambiente a nivel mundial, de acuerdo con el más reciente informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
En este escenario, Huerta señaló que el padrón de telefonía genera una gran preocupación entre los usuarios de Wiki Katat, un Operador Móvil Virtual (OMV) que opera principalmente en la Sierra Norte de Puebla y el sur de Veracruz como una iniciativa de la cooperativa indígena Tosepan.
La población que atienden está conformada principalmente por comunidades nahuas y totonacas, que mantienen un frente de defensa de su territorio y de su modo de vida frente a proyectos energéticos, como el plan hidroeléctrico Puebla 1, así como frente a actividades extractivas. Esta condición las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad ante un registro telefónico masivo.
“(Tosepan) es una de las comunidades directamente amenazadas, y una de las formas de protección que gustaban por la seguridad era el sistema de prepago, porque no se requería registro y esto permitía una suerte de protección. Sumado a que la gente reconoce el número telefónico de las personas”, aseguró Huerta.
Vigilancia en tiempo real
Pero esta vía de protección cambiará. Los operadores como Telcel, AT&T, Telefónica y los OMV están obligados a permitir que las dependencias de procuración de justicia accedan en tiempo real a la información que almacenarán en el padrón de telefonía, según estipula el artículo 182 de la nueva Ley de Telecomunicaciones.
La data corresponde a la localización geográfica en tiempo real de los celulares, la comunicación de voz, mensajería escrita, datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones, así como la fecha y duración de una llamada. Si las empresas se rehúsan a la colaboración, serán acreedoras a sanciones.
Sin embargo, no se detallan los controles judiciales que tendrán las dependencias para acceder a la información del padrón, lo cual toma mayor relevancia en un momento en el que los contrapesos que resguardaban los datos, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), han desaparecido.
Víctor Ruiz, CEO de la empresa de ciberseguridad Silikn, advirtió que el almacenamiento de datos personales en una base centralizada representa un riesgo grave para la seguridad de personas activistas, ya que podría facilitar prácticas de espionaje y exponer a comunidades que ya se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
Explicó que, a través del registro masivo de líneas móviles, sería posible monitorear a estos grupos mediante el acceso a información como la ubicación en tiempo real, dado que, de manera inevitable, quienes participan en luchas sociales deberán registrar sus números telefónicos.
“Esta regulación parece más una acción contra la gente responsable que no delinque y que será más susceptible de ser espiada o monitoreada por sus actividades sociales”, lamentó Ruiz.
Ante este panorama, para comunidades como las nahuas y totonacas que forman parte de la cooperativa Tosepan, el registro obligatorio de líneas representa una vulnerabilidad adicional para mantener su lucha frente a actores estatales y privados.
