Presión sobre márgenes y tarifas
Al no contar con red propia, los OMV dependen de operadores mayoristas como Altán Redes para implementar las plataformas de registro y validación. La inversión necesaria y el uso de estas herramientas se trasladarán a los operadores virtuales, que deberán absorber el impacto o transferirlo a los usuarios finales.
De acuerdo con los lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, la plataforma de validación de usuarios requerida para el registro podría alcanzar un costo de hasta 4,031 millones de pesos. Aunque el regulador ha señalado que el único gasto adicional será la validación de identidad, en la práctica el proceso resulta más complejo para los OMV por su dependencia tecnológica de terceros.
La regulación llega en un momento adverso para este segmento del mercado. Durante este año, los OMV enfrentaron incrementos mayoristas por parte de Altán Redes de entre 10% y 30%, y prevén que en 2026 vuelva a registrarse un ajuste similar.
El efecto ya comenzó a reflejarse en las ofertas comerciales. Bait ajustó seis paquetes de prepago, una decisión que implicó reducir la bolsa de datos para mantener precios. El plan de 30 pesos, por ejemplo, pasó de ofrecer 3.9 GB a solo 1 GB.
Los OMV deberán ahora desembolsar una inversión adicional que podría traducirse en un aumento de entre 5% y 10% en sus tarifas, dependiendo de la estructura financiera de cada operador, estimó Odlanyer Centeno, fundador y CEO del OMV Interlinked de e-SIM.
En conjunto, estos operadores concentran una cartera de 27.8 millones de usuarios, según datos de la consultora Global Data, lo que amplifica el impacto potencial del registro obligatorio en el segmento de bajo consumo.
Un consenso entre OMV compartido a Expansión estima que la vinculación por usuario tendría un costo cercano a cinco pesos, mientras que la desvinculación rondaría los dos pesos. Estos gastos impactarán directamente el ARPU promedio del segmento, actualmente ubicado en 58 pesos.
La incertidumbre se agrava ante la falta de definiciones claras. Hasta ahora, Altán Redes no ha proporcionado a los OMV detalles sobre los costos ni sobre el desarrollo de la plataforma de validación, lo que complica la planeación financiera y operativa.
“Sus márgenes definitivamente van a caer derivado del costo unitario por vinculación de línea, el cual tendrá que ser asumido los OMV”, advirtió Carolina Cabello, consultora Senior en competencia económica en Regulatory Experts.
Impacto en proyectos comunitarios
El escenario es aún más complejo para los proyectos de conectividad con vocación social, como los que opera Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias A.C. Desde hace más de dos años, la organización enfrenta presiones en sus márgenes por la pérdida de usuarios, la competencia del OMV del Estado en zonas con cobertura y las alzas en los precios de referencia de Altán Redes.
Erick Huerta, coordinador general de Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C., que acompaña a TIC A.C., explicó que este tipo de medidas reduce de forma directa la capacidad de participación y el alcance de iniciativas que operan prácticamente a costo para alcanzar el punto de equilibrio.
“Enfrentamos una presión grande porque tenemos que acatar la ley en menos de un mes, ajustar el gasto para las inversiones. Una posibilidad que analizamos entre varios operadores es generar una plataforma única para no presionar tanto los márgenes de ganancia, aunque también el reto es crear sistemas capaces de resguardar los datos de las personas porque es la parte más sensible y preocupante”, sostuvo Huerta en entrevista.
La nueva regulación establece que, si los operadores omiten el registro de líneas, podrán ser acreedores a multas de entre 0.01% y 0.75% de sus ingresos, mientras que los usuarios que no cumplan serán desconectados del servicio.
