Crimen organizado golpea a la minería: violencia eleva costos y frena operaciones

Pero no es la primera vez que la compañía minera enfrenta incidentes de violencia. En abril del año pasado, reportó un paro temporal de labores en el mismo municipio por razones de seguridad en el proyecto Pánuco, señalando que el personal estaba preparado para retomar las operaciones tan pronto las condiciones lo permitieran.

En Sinaloa, específicamente en la mina “Cosalá”, de Americas Silver and Gold, también ha enfrentado problemas de seguridad que, junto con otros factores, han impactado la producción de minerales.

Al intentar cuantificar los costos que enfrenta el sector minero por la inseguridad, la Cámara Minera de México (Camimex) reconoce que son elevados, aunque aún no se cuenta con cifras precisas que reflejen el impacto económico exacto para las empresas..

“Es un problema que sin duda a la minería nos afecta al igual que a muchos otros sectores en el país. Consideramos que, dentro de nuestras líneas de costos, es una de las que observamos. La minería es muy basta y amplia en el país como para realizar un consenso y decir: “Todos pásenme su línea de costos de seguridad”, normalmente no funciona así, entonces es complicado”, admitió Pedro Rivero, presidente de la Camimex, en noviembre pasado durante la Convención Internacional Minera 2025.

El Informe Anual 2025 de la Camimex solamente destaca que la industria minera, al estar en zonas alejadas de la urbanidad, es un blanco para la inseguridad y enfrenta diversos delitos como robo de instalaciones, asalto en el transporte de material, entre otros. En conjunto esos delitos afectan al sector hasta en un 5% de los costos totales y hasta en un 7% en mermas.

Tan solo en la contratación de seguridad privada, se estima que las inversiones realizadas por el sector alcanzaron los 108.7 millones de dólares en 2025, mientras que un año previo totalizaron 105.7 millones de dólares.

La inseguridad no solo implica costos adicionales para la minería, sino que también puede interrumpir la operación de los proyectos. En algunos casos, las empresas se ven obligadas a suspender actividades por el entorno de riesgo, mientras que otras mantienen la producción, pero bajo una amenaza constante.

“Es una realidad que sufre todo el país y nosotros nos sentamos con las autoridades y colaboramos para poder construir sobre el proyecto que ellos tienen de seguridad, tratando de reducir este riesgo la máximo para la producción”, añadió Rivero ante medios de comunicación.

Alzan la voz

Tras confirmarse la muerte de cinco de los 10 mineros desaparecidos, Vizsla Silver Corp aseguró que la seguridad se mantiene como una prioridad en sus operaciones, con inversiones significativas en gestión de riesgos. Además, reafirmó que opera bajo una política de cero tolerancia frente al soborno, la corrupción, la extorsión y cualquier conducta ilegal o poco ética.

Actualmente, la compañía mantiene una colaboración con las autoridades en la investigación del caso, por lo que solo se limitará a comunicar únicamente información confirmada por las instancias oficiales. Mientras que las operaciones físicas en el proyecto Pánuco siguen suspendidas, y los avances que se registran se realizan de manera remota, sin poner en riesgo la inversión, manteniendo así el compromiso con el desarrollo del proyecto.

“Si bien ciertas medidas de seguridad requieren un grado de confidencialidad, la compañía informa que trabaja con asesores de seguridad experimentados y reconocidos internacionalmente, y evalúa de manera continua las condiciones en sus áreas de operación. Las decisiones se basan en un monitoreo constante y en información de inteligencia disponible en cada momento, actuando con el mayor grado de cautela posible conforme a la información existente”, expuso la minera en un comunicado.

Durante el fin de semana, en diversos estados del país con actividades mineras se realizaron misas conmemorativas y marchas en contra de la violencia que azota al sector y reclamaron mayores medidas de seguridad a las autoridades.

Durante la marcha realizada en Zacatecas, Rubén Del Pozo, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), denunció que la seguridad para el sector es insuficiente, aunque se han superado los riesgos que conlleva la operación de una mina, persisten las amenazas derivadas del crimen organizado.

“Reconocemos los esfuerzos de seguridad, pero son insuficientes. Es necesario dirigir la mirada hacia las regiones mineras, es la primera vez que un suceso de esta naturaleza nos alcanza, es inédito, jamás habíamos tenido esto (...) y tenemos que redoblar el esfuerzo”, aseveró.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo el martes que se reunió con representantes del sector y el Gabinete de Seguridad para conocer más detalles sobre los problemas que enfrentan.

“Hubo una reunión con la Cámara de la Industria Minera, donde participaron la mayor cantidad de industrias mineras en el país, con el Gabinete de Seguridad para poder tener una relación mayor en caso de que vivan alguna situación de extorsión o de este tipo. No lo manifestaron en la reunión, es decir, no plantearon que hubiera un tema de extorsión en las minas. Así fue la reunión. Eso no quiere decir que no vaya a ocurrir o que haya ocurrido en algún caso; y en todo caso, se tiene que investigar”, comentó al ser cuestionada por los medios.

La Camimex fijó una postura de “estricta observancia” sobre el actuar de las instituciones de justicia del país a fin de esclarecer los hechos y que no se convierta en una estadística más. Asimismo, dijo que resulta inaceptable que la integridad de los trabajadores sea vulnerada bajo ningún criterio, por lo que esperan que las personas que aún siguen privadas de la libertad sean encontradas con vida.

Hasta el momento, no se han presentado mayores avances de la investigación, ni información adicional sobre los mineros que continúan desaparecidos.

El caso de Vizsla Silver y los incidentes previos en otras minas ponen de relieve la vulnerabilidad de la industria minera ante la violencia en México. Mientras las empresas redoblan esfuerzos en seguridad y colaboran con autoridades, el sector enfrenta costos crecientes y riesgos constantes que afectan tanto la operación como la inversión.