La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), encargada de coordinar la estrategia, estima que solo este año el objetivo será conectar a 1.4 millones de personas mediante una combinación de espectro en la banda de 600 MHz, soluciones satelitales, subsidios focalizados y expansión de servicios públicos esenciales.
Sin embargo, el plan arranca con una interrogante relevante para especialistas y participantes del sector: cuánto costará.
El documento oficial no incorpora estimaciones públicas sobre la inversión requerida para ejecutar el programa ni detalla cuánto capital será necesario para alcanzar las metas planteadas para este año.
Expansión buscó a CFE para conocer su postura sobre el tema pero hasta el momento de la publicación no recibió comentarios.
Para Ramiro Tovar, profesor del ITAM y especialista en competencia económica y telecomunicaciones, la ausencia de parámetros presupuestales genera incertidumbre sobre la sostenibilidad financiera del modelo.
“Una empresa paraestatal no enfrenta la misma disciplina que una privada: opera bajo una restricción presupuestaria blanda. Es decir, si pierde dinero, puede esperar que el Estado le transfiera recursos, mientras que una empresa privada que pierde, no es sostenible”, aseguró.
Las preocupaciones sobre financiamiento surgen además en un contexto de menor disponibilidad de recursos. El proyecto de conectividad encabezado por la matriz CFE registró para este año una reducción presupuestaria de 87.6% respecto a 2025, de acuerdo con el análisis funcional-programático del proyecto de presupuesto.
Los recortes coinciden con un periodo complejo para la operación del programa, marcado por ajustes internos de plantilla, una desaceleración en el despliegue de infraestructura y reportes de adeudos con proveedores .
La estrategia gubernamental también depende de una relación cada vez más estrecha entre CFE Telecomunicaciones y Altán Redes.
Actualmente, ambas compañías operan con una estructura que especialistas describen como una red espejo, es decir, utilizan infraestructura compartida y mantienen coberturas similares, por lo que cualquier freno en el despliegue de una impacta directamente a la otra.
La colaboración tomó mayor fuerza tras la salida de Altán de concurso mercantil en 2022, cuando ambas compañías consolidaron acuerdos de compartición de infraestructura.
Fuentes con conocimiento del sector señalaron que aproximadamente 70% de los ingresos de Altán terminan vinculados a la relación comercial con CFE, una dependencia que incrementa la exposición financiera de ambas operaciones.
Las cifras operativas muestran la dimensión de la apuesta estatal. Hasta octubre, CFE Telecomunicaciones reportó 6,107 torres a nivel nacional, de las cuales 5,138 están activas, 670 construidas y 299 permanecen en proceso de construcción.
Para Tovar, concentrar la expansión de conectividad en empresas públicas traslada buena parte del riesgo económico a las finanzas gubernamentales.
“Altán ya tuvo problemas de sostenibilidad antes de pasar a manos públicas. Si el plan descansa mayoritariamente en estas paraestatales, esos déficits recurrentes se vuelven una obligación de gasto público que crece de forma inercial, presionando finanzas que ya enfrentan ingresos limitados e inercias en los múltiples objetos de gasto”, advirtió.
