Registro telefónico arriesga la desconexión de 16 millones de líneas y la pérdida de 1,900 mdp mensuales

Solo en el primer trimestre del año, el mercado móvil registró la baja de un millón 23,000 usuarios de recarga. De ese total, Telcel concentró la pérdida de 482,000 clientes, mientras que AT&T registró la desconexión de 541,000 usuarios, de acuerdo con sus reportes operativos.

Banamex aseguró que aunque la CRT modificó el calendario de implementación del registro telefónico, no alteró los incentivos que sustentan la medida, debido a que el problema no radica en la forma en que se ejecuta el padrón, sino en su diseño, al advertir que, incluso si se lograra registrar la totalidad de las líneas de prepago, los grupos criminales seguirían teniendo mecanismos para evadir el sistema.

“El instrumento golpea al usuario legítimo que no necesitaba disuadir y no alcanza al criminal que dice perseguir. La salida requiere cambiar la pregunta: no quién usa la línea, sino a quién pertenece el aparato”, advirtió la entidad bancaria.

Al 25 de junio, apenas 63 millones de personas habían completado el proceso, equivalentes al 39.1% del universo estimado de líneas. De ese total, 40.2 millones corresponden a usuarios de prepago y 22.8 millones a pospago, lo que deja todavía 98 millones de líneas pendientes de vinculación, de acuerdo con datos de la Comisión.

La proyección del banco se alinea con la perspectiva de los analistas de la industria móvil. Adolfo Cuevas, experto en el sector y excomisionado presidente del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), consideró que el nuevo esquema de CRT genera un trato desigual entre usuarios y aumenta el riesgo de que millones de líneas no alcancen a completar el proceso antes de su fecha límite, especialmente aquellas cuyo número termina en cero y que deberán registrarse antes del próximo 15 de agosto.

El especialista consideró que el plazo resulta insuficiente ante la persistente falta de información y la incertidumbre que rodea al procedimiento.

“Este nuevo criterio no es realista. Queda claro que falta información, incentivos, mecanismos para generar confianza en los usuarios, antes que simplemente amenazarlos con perder un derecho constitucional a la expresión, comunicación y acceso a información”, advirtió el exfuncionario del IFT.

Hasta ahora, la CRT no ha explicado públicamente los criterios jurídicos, técnicos y operativos que sustentaron la decisión de otorgar una prórroga mediante un calendario escalonado. La autoridad tampoco respondió a una solicitud de información de Expansión en la que se le pidió detallar los argumentos que motivaron el nuevo esquema y el análisis que la llevó a concluir que esa era la vía más adecuada para implementar la medida.

Sin embargo, la decisión de la autoridad de establecer un calendario escalonado responde a los desafíos técnicos y operativos que implicaría ejecutar un apagón masivo de líneas telefónicas de un día para otro. Las redes y los equipos de trabajo de los operadores están programadas para habilitar el acceso a los usuarios y la política del regulador implica que hagan lo contrario.

De acuerdo con fuentes de la industria, las redes y los sistemas de los operadores están diseñados para garantizar la continuidad del servicio, por lo que suspender de forma simultánea millones de líneas requeriría reconfigurar diversos procesos y plataformas para retirar el acceso de los usuarios.

Ante esa complejidad, la CRT también amplió de 24 a 72 horas el plazo con el que contarán las empresas para suspender las líneas correspondientes a los usuarios que no hayan realizado la vinculación dentro de las fechas asignadas para cada terminación telefónica.

Con el nuevo calendario, la CRT gana tiempo para ejecutar una de las mayores desconexiones de líneas móviles en el país sin comprometer la estabilidad operativa de las redes. Pero la prórroga no modifica el objetivo de la política ni despeja las dudas sobre su efectividad para combatir el delito, mientras persisten las advertencias de especialistas y analistas sobre sus costos económicos, el impacto en los usuarios de menores ingresos y el riesgo de dejar sin servicio a millones de personas.