Las revisiones anuales del T-MEC elevan la incertidumbre para la inversión energética

La especialista explicó que el nuevo modelo energético derivado de la reforma de 2024 mantiene como eje constitucional el fortalecimiento de Pemex y CFE, pero también contempla espacios para la participación privada mediante distintos esquemas de inversión y colaboración.

En ese sentido, aclaró que el diseño del modelo, por sí mismo, no representa una incompatibilidad con el tratado comercial.

“El T-MEC no le prohíbe a México fortalecer a sus empresas públicas, sino lo que busca es evitar que ese fortalecimiento se traduzca en un trato discriminatorio para los inversionistas extranjeros”, señaló.

Así, el principal punto de análisis en las futuras revisiones, anticipa la especialista, será la forma en que las políticas públicas y las decisiones regulatorias garanticen condiciones de competencia para los inversionistas privados, particularmente los provenientes de Estados Unidos y Canadá.

La nueva apertura enfrenta un problema de confianza

La nueva administración ha buscado marcar distancia respecto a la estrategia seguida durante el sexenio anterior. En diversos encuentros encabezados por la presidenta y funcionarios del gabinete energético, el gobierno ha promovido una nueva etapa para el sector, presentando mecanismos de participación conjunta entre el Estado y empresas privadas para desarrollar proyectos petroleros y eléctricos.

Sin embargo, especialistas consideran que esos esfuerzos podrían no ser suficientes para recuperar la confianza del mercado si persiste la incertidumbre sobre las reglas que regirán al sector durante los próximos años.

Para Juan Francisco Torres Landa, socio de Hogan Lovells, existe una contradicción entre el discurso oficial y la percepción de los inversionistas.

“Si en esos eventos operara la fórmula de Pinocho, todos saldrían con una nariz enorme porque unos y otro se engañan. Unos dicen que están dando las condiciones para invertir, y los otros que van a invertir mucho dinero. Pero al salir escuchas que el gobierno ha dado condiciones terribles desde hace ocho años para generar inversiones, y los inversionistas dicen que no van a invertir ni un peso con las condiciones actuales donde no hay certeza, no hay seguridad, no hay justicia y el poder judicial está derrotado; esas grandes inversiones de las que se habla son inverosímiles”, aseguró en entrevista.

A su juicio, la reapertura del sector petrolero y eléctrico difícilmente detonará nuevas inversiones de gran escala mientras persistan dudas sobre la estabilidad jurídica y regulatoria del país.

Una historia de desencuentros

El sector energético llega a esta nueva etapa con uno de los historiales de mayor conflicto dentro del T-MEC.

Durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno impulsó una política para fortalecer a Pemex y CFE, al considerar que la reforma energética de 2013 había sido diseñada para debilitar a las empresas estatales y favorecer la privatización del sector.

Esa estrategia derivó en modificaciones legales, cambios regulatorios y un intento de reforma constitucional que, aunque no prosperó, detonó una ola de amparos y litigios promovidos por empresas privadas para proteger inversiones ya realizadas o proyectos en desarrollo.

Las diferencias escalaron hasta julio de 2022, cuando el gobierno de Estados Unidos solicitó consultas energéticas bajo el mecanismo de solución de controversias del T-MEC, al considerar que diversas políticas públicas y decisiones regulatorias favorecían a Pemex y CFE en detrimento de empresas estadounidenses.

Para Torres Landa, las consecuencias de aquellas decisiones aún pesan sobre la percepción de los inversionistas.

“El hecho de que se haya destruido la reforma energética de 2014, cuando se estaban logrando precios de energía más baratos del mundo, fue criminal. El hecho de que una reforma que estaba dando resultado se destruyera dio como resultado parar las inversiones, parar el crecimiento y se formó un control artificial por parte de CFE”, afirmó.

Aunque actualmente la discusión comercial entre México, Estados Unidos y Canadá abarca diversos sectores, los especialistas consideran que la energía mantiene un peso particular debido a ese historial de controversias.

A esa presión regulatoria se suma un desafío operativo. El crecimiento de la demanda eléctrica —que avanza alrededor de 3% anual y ha registrado máximos históricos durante los últimos veranos— obliga a acelerar el desarrollo de nueva infraestructura de generación y transmisión, proyectos que requieren inversiones intensivas y horizontes de recuperación de varias décadas.

Inversiones de 30 años bajo revisiones anuales

Más allá del contenido de la reforma energética, González considera que el mayor desafío proviene de la incertidumbre que introduce el nuevo esquema de revisión del tratado.

Explicó que el problema para los inversionistas no es únicamente el contenido de la legislación mexicana, sino la posibilidad de que las condiciones comerciales y regulatorias queden sujetas a evaluaciones periódicas entre los tres países.

Los proyectos de generación eléctrica, infraestructura de transmisión, almacenamiento de combustibles, exploración y producción petrolera suelen planearse con horizontes de recuperación de inversión de hasta 30 años, por lo que la estabilidad regulatoria constituye uno de los principales factores para tomar decisiones de inversión.

“Construir, desarrollar y operar proyectos de largo plazo, en un contexto en donde las reglas son susceptibles de cambiar anualmente por estas revisiones, creo que integran un factor de incertidumbre mayor al inversionista en lo que respecta al mecanismo de inversión; cuando una empresa toma decisión de invertir lo que busca es estabilidad regulatoria en todo el periodo”, aseveró.

En ese contexto, la revisión anual del T-MEC podría convertirse en un elemento adicional de riesgo para proyectos cuyo éxito depende de contar con reglas estables durante varias décadas.